Corea del Norte

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

La libertad de expresión, ya gravemente restringida, se vio aún más limitada debido a una nueva ley que imponía severos castigos por usar o difundir el idioma “de estilo surcoreano”. Continuaron denunciándose casos de trabajo forzoso, incluso infantil. Las políticas gubernamentales contribuyeron a la constante inseguridad alimentaria, y la provisión de atención médica era insuficiente. Persistieron las detenciones arbitrarias y en terribles condiciones de personas que criticaban al gobierno, y se temía por el destino de las personas norcoreanas devueltas desde China.

Información general

Las fronteras de Corea del Norte, que habían permanecido cerradas desde enero de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, se reabrieron parcialmente con la reanudación de los servicios de trenes de pasajeros, autobuses y vuelos hacia y desde China en agosto. Sin embargo, según informes, las autoridades reforzaron aún más la frontera y autorizaron a las fuerzas de seguridad fronterizas a usar fuerza letal contra cualquiera que intentara cruzarla.

Se observó circulación de mercancías entre Corea del Norte y Rusia, incluidos material militar y municiones que se enviaron a Rusia antes de la cumbre de septiembre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso. También se tuvo noticia de posibles envíos rusos de suministros militares a Corea del Norte. Se aprobó una enmienda constitucional que consagraba la política de Corea del Norte sobre la fuerza nuclear para garantizar su “derecho a la existencia” y para “disuadir de la guerra”.

Libertad de expresión

El gobierno siguió aplicando leyes draconianas que impedían cualquier forma de libertad de expresión, y supervisaba y controlaba los canales de comunicación y la transmisión de información tanto dentro como fuera del país.¹

Se imponían duras penas a las personas acusadas de participar en “la ideología y la cultura reaccionarias”. La persona que fuera sorprendida viendo, leyendo o escuchando contenidos considerados “reaccionarios”, como películas, libros y canciones, se enfrentaba a varios años de prisión, mientras que la condena para quien participara en la distribución de dichos contenidos podía ser de cadena perpetua o de muerte.

El 18 de enero, el gobierno aprobó una nueva ley para “eliminar” el idioma “de estilo surcoreano” (al que se refería como “idioma de los títeres”). Esta ley, denominada Ley para la Protección del Idioma Cultural de Pyongyang, imponía severos castigos por usar o difundir el idioma “de estilo surcoreano”. Según su artículo 58, toda persona que hablara, escribiera, enviara mensajes o intercambiara correos electrónicos en “el idioma de los títeres” o que generara materiales impresos, grabaciones de vídeo, compilaciones, imágenes, fotografías o pergaminos utilizando el estilo de escritura del “idioma de los títeres” podría ser condenada a un mínimo de seis años de reforma por el trabajo. Si se consideraba que el delito era grave, se incrementaba la condena a cadena perpetua de reforma por el trabajo o a pena de muerte.

Los progenitores también podían ser castigados legalmente con la humillación pública si se descubría que sus hijos e hijas accedían a contenidos de Corea del Sur o imitaban el habla “de estilo surcoreano”. La ley disponía que las autoridades pertinentes recurrieran a detenciones, juicios y ejecuciones públicas para “quebrantar el espíritu” de las personas “contaminadas” por el idioma y la cultura de Corea del Sur.

Hubo noticias de la detención en marzo de dos adolescentes acusados de ver películas surcoreanas y se temía que pudieran ser ejecutados.

Trabajo forzoso

Continuaron llegando informes del uso generalizado del trabajo forzoso. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las instituciones estatales continuaron recurriendo a la movilización forzada de hombres y mujeres para mantener las actividades en la construcción, la minería, la agricultura y otros sectores clave de la economía. Las personas sometidas a trabajos forzosos recibían una compensación mínima.

Asimismo, hubo informes constantes del uso de trabajo forzoso infantil, incluso en actividades de construcción y minas. Según la ONU, en escuelas y organizaciones juveniles, como la Liga de la Juventud, a las que era obligatorio pertenecer, se llevaron a cabo movilizaciones forzadas de niños y niñas por motivos laborales.

También fueron enviados trabajadores y trabajadoras a países extranjeros como China y Rusia para generar ingresos para el Estado. Varias personas entrevistadas por la ONU que habían trabajado en el extranjero describieron condiciones que equivalían a trabajo forzoso, incluidas estrictas restricciones a la libertad de circulación y salarios bajos, que además el Estado de Corea del Norte se quedaba casi en su totalidad. También denunciaron haber sido sometidas a una exhaustiva vigilancia y obligadas a realizar trabajos físicamente duros—y, a veces, peligrosos—, así como falta de medidas de salud y seguridad y largas jornadas sin descansos ni días libres.

Derecho a la alimentación

Instituciones de investigación radicadas en Corea del Sur informaron de un aumento de la producción agrícola en Corea del Norte en 2023. Sin embargo, la inseguridad alimentaria seguía siendo un problema persistente. En marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denunció que la ingesta de alimentos de una parte importante de la población era insuficiente, y la diversidad de su dieta, deficiente. La inseguridad alimentaria tenía su origen en las políticas económicas gubernamentales y las malas cosechas frecuentes, y era posible que también tuviera que ver con las sanciones internacionales. La situación se agravó aún más porque para el gobierno el gasto militar tenía más prioridad que garantizar que la población tuviera cubiertas la alimentación y otras necesidades básicas, y por su reticencia a cooperar con la comunidad internacional.²

Los estrictos controles fronterizos dificultaron el contrabando de alimentos, lo que provocó una menor disponibilidad de alimentos y otros suministros esenciales en los mercados no oficiales, donde compraba una parte importante de la población norcoreana.

Derecho a la salud

El derecho a la salud se vio gravemente comprometido. La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 siguió siendo muy deficiente y el tratamiento médico y los medicamentos esenciales eran a menudo inexistentes.

Las vacunas infantiles seguían siendo escasas, aunque tras la reanudación temporal de las actividades de transporte ferroviario de mercancías entre China y Corea del Norte a finales de 2022 fue posible suministrarlas. UNICEF informó de que más de 350.000 niños y niñas y 150.000 mujeres embarazadas habían sido vacunados en marzo en una “campaña de inmunización de recuperación”. Previamente había habido informes de que en 2022 no se había podido suministrar la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, necesaria para la inmunización completa contra estas enfermedades, debido a la falta de existencias en todo el país.

Detención y reclusión arbitrarias

Aunque la Constitución, el Código Penal y otras leyes prohibían explícitamente la detención y reclusión arbitrarias, en la práctica se violaron de forma rutinaria el derecho a la libertad y la seguridad personales y el derecho a un juicio justo. Había un temor generalizado a caer en desgracia ante las autoridades y a las denuncias de compatriotas, y el gobierno a menudo utilizó la detención y reclusión arbitrarias como medida de represión contra la oposición o lo que consideraba disidencia.³

Se creía que seguían operativos varios campos penitenciarios para presos y presas políticos (kwanliso), aunque las autoridades continuaban negando su existencia. Entre las personas detenidas en estos lugares se encontraban miles que habían expresado opiniones disidentes o criticado al gobierno. En estos campos, los presos y presas eran sometidos a trabajos forzados y condiciones inhumanas.

Se temía seriamente por la suerte de cientos de personas, principalmente mujeres, que, según informes, las autoridades chinas habían devuelto a Corea del Norte en octubre. Las autoridades norcoreanas consideraban que cualquiera que escapara del país era un “delincuente” o un “traidor” por cruzar “ilegalmente” la frontera. En el pasado, las personas retornadas habían sido detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura y otros malos tratos (véase el apartado sobre China).

1. North Korea: Deteriorating human rights situation calls for international attention, 7 de febrero
2. North Korea: UN Security Council meeting must refocus attention on neglected human rights situation, 17 de marzo
3. North Korea: 60+ Voices. Reflecting on Everyday Lives in North Korea, 11 de octubre