Manifestación convocada por el sindicato Amyts este miércoles en Madrid, en apoyo de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. EFE/ Borja Sánchez Trillo
Invertir es vivir.
Doce años después del inicio de las medidas de austeridad y tras la crisis sanitaria sin precedentes que supuso la pandemia, el sistema de salud público ha seguido sin ser una prioridad.
La falta de una inversión adecuada se traduce en el agotamiento de profesionales sanitarios desbordados, listas de espera, retraso en diagnósticos e incapacidad para atender necesidades crecientes de salud mental, entre otras consecuencias. Los problemas de acceso y calidad de la atención sanitaria ponen en peligro el derecho a la salud de las personas en España.
Entre 2009 y 2021 (último año para el que hay datos públicos) el gasto privado en salud ha crecido un 27%, impulsado por las deficiencias de inversión en un sistema público que solo ha crecido un 5% en ese mismo periodo incluyendo el gasto extraordinario que supuso la pandemia.
La evolución del gasto sanitario público es especialmente preocupante en el caso de la atención primaria, clave para garantizar el derecho a la salud ya que atiende la mayor parte de las necesidades de salud a lo largo de la vida de las personas. Ni siquiera la inversión extra por la pandemia ha permitido a la atención primaria recuperar los recursos anteriores a los recortes. Es urgente un compromiso de las autoridades estatales y autonómicas para incrementar el gasto y reducir las listas de espera: 7 de cada 10 peticiones de citas en atención primaria tardan más de dos días en ser atendidas.
En este momento crítico para la adaptación de los sistemas de salud a posibles pandemias futuras y a los efectos de la crisis climática, como recomiendan la OMS y a OCDE, el incremento de la inversión es clave.
Sin embargo, el gasto por habitante es España no llega a los 2800 euros mientras que países como Francia, Alemania, Reino Unida o Países Bajos superan ampliamente los 4000 y los ratios de personal médico y enfermería en atención primaria son prácticamente iguales a los de 2009.
La realidad por Comunidades Autónomas es muy diversa, pero dentro de la preocupación general encontramos indicadores especialmente preocupantes con impacto directo en la población: en seis comunidades solo un tercio de las citas de atención primaria se atienden antes de 48 horas, mientras que el resto de solicitudes debe esperar más allá de este estándar (Canarias, Andalucía, Illes Balears, C. de Madrid, R. de Murcia y C. Valenciana). Las demoras en la atención superan en algunos casos los 10 días.
En términos de evolución en los últimos años, el sistema sanitario público enfrentó la pandemia sin haberse recuperado de los recortes con una inversión un 6% menor en 2019; e incluso con los fondos extraordinarios por la pandemia el gasto sanitario total en 2021 solo había crecido un 5% respecto al inicio de las medidas de austeridad (2009). Destaca negativamente la realidad de Extremadura, Aragón, Castilla La-Mancha y La Rioja, comunidades donde la totalidad o prácticamente todos los indicadores de evolución de gasto (total, por habitante y específico de atención primaria) presentan variaciones negativas.
España, como firmante de numerosos tratados internacionales de derechos humanos está obligada a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Pero la realidad es que, aunque desde 2014 se ha recuperado inversión perdida con los recortes, este incremento no ha acompañado las necesidades del sistema de salud.
España incumple así sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la salud. Para garantizar este derecho humano, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas deben:
Adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal y como recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario.
Evaluar el Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2022-2023 y adoptar un nuevo plan de acción en 2024.
Incrementar la inversión con el fin de reforzar plantillas, mejorar las infraestructuras y recursos materiales, con especial foco en la atención primaria.
Reducir las listas de espera de manera que las demandas no urgentes se resuelvan en un máximo de dos días.
Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de esta estrategia de refuerzo.
¡Súmate y actúa!
Tu salud está en juego.
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