Una manifestante tailandesa a favor de la democracia hace un gesto a la policía antidisturbios en Bangkok, cerca de donde los migrantes de Myanmar se manifestaban después de que el ejército de Myanmar detuviera a la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, y al presidente del país en un golpe de estado. (Foto de Lillian Suwanrumpha/AFP a través de Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en Asia y Oceanía y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2023.
En varios países hubo tímidos avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI; en Tailandia se aprobó una nueva ley que tipificaba como delitos la tortura y la desaparición forzada, y en Malasia fue abolida la pena de muerte prescriptiva. Sin embargo, en general el panorama de los derechos humanos de la región de Asia y Oceanía siguió siendo poco alentador.
En Myanmar, la intensificación del conflicto armado provocó aún más muertes de civiles y desplazamientos. En Afganistán, los talibanes intensificaron su represión, especialmente contra las mujeres y las niñas. En gran parte de la región se hizo patente una creciente intolerancia hacia la disidencia a medida que se endurecían las restricciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en múltiples países y territorios. Se arrestó y detuvo arbitrariamente a quienes criticaban las políticas y las acciones de los gobiernos, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la política y periodistas, y a menudo se respondió con fuerza ilegítima —a veces letal— a las protestas contra la injusticia.
Persistieron arraigados patrones de discriminación contra las minorías religiosas y étnicas, contra las llamadas castas inferiores y contra las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y los pueblos indígenas. Las personas que pertenecían a estos y otros grupos marginados se vieron especialmente perjudicadas en países con crisis económicas. También fueron las primeras en sufrir las consecuencias, a menudo letales, de los fenómenos meteorológicos ocasionados por el cambio climático, pero los gobiernos de la región siguieron sin emprender acciones efectivas para reducir las emisiones de carbono, y tampoco tomaron medidas eficaces de protección y adaptación.
Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión siguió amenazado, y muchos gobiernos intensificaron su represión de medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, partidos de la oposición, voces críticas con el gobierno y otros objetivos.
Varios países mantuvieron o endurecieron restricciones ya de por sí extremas. En Afganistán se sometió a hostigamiento y detención arbitraria a periodistas y otro personal de medios de comunicación —entre otras personas—, y se siguió cerrando medios u obligándolos a suspender sus actividades. En Myanmar se celebraron juicios sin las debidas garantías en los que se condenó a periodistas y a otras personas a largas penas de prisión. En Corea del Norte, el gobierno siguió ejerciendo pleno control del espacio de la sociedad civil e imponiendo duras penas a toda persona que lo criticara o adoptara una ideología “reaccionaria”.
En otros países, los gobiernos intentaron silenciar las voces críticas de diversas formas. En Bangladesh, China, India, Pakistán, Papúa Nueva Guinea y Singapur entraron en vigor nuevas leyes o normativas que restringían el derecho a la libertad de expresión. En Fiyi, el nuevo gobierno revocó una ley que limitaba la libertad de los medios de comunicación, pero mantuvo otras que también eran restrictivas.
En Camboya se revocó la licencia de uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedaban. En India, el gobierno instrumentalizó los organismos nacionales de asuntos económicos e investigación para llevar a cabo registros en las oficinas de varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos y suspender sus licencias. Bután, donde el funcionariado tenía prohibido hacer llegar información de interés público a los medios de comunicación, descendió en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
Cada vez se recurrió más a la censura y a las tecnologías de vigilancia para reprimir la disidencia. En China se adoptaron nuevas directrices que impusieron aún más restricciones a las personas usuarias de las redes sociales, mientras que las empresas de redes sociales exigieron a algunas de estas personas que revelaran su identidad, lo que suscitaba preocupación con respecto al derecho a la privacidad. En Hong Kong se recurrió a la draconiana Ley de Seguridad Nacional y a disposiciones jurídicas sobre sedición de la época colonial para censurar las redes sociales, libros, canciones y otros contenidos tanto dentro como fuera de Internet. En Vietnam, Amnistía Internacional reveló que agentes del Estado, o personas que actuaban en su nombre, estaban probablemente detrás de una campaña dirigida contra decenas de cuentas de redes sociales en la que se había empleado el programa espía Predator. Por su parte, en Tailandia el gobierno se abstuvo de abordar los motivos de preocupación relacionados con su empleo de este programa espía contra defensores y defensoras de los derechos humanos, figuras políticas y activistas de la sociedad civil.
También fue habitual el acoso judicial contra quien difundía información o expresaba opiniones críticas o consideradas delicadas por los gobiernos. En Vietnam se procesó y encarceló a periodistas y activistas por “difundir información contra el Estado”. En Maldivas se detuvo a periodistas por informar sobre protestas y otros actos. En Malasia, el gobierno no sólo incumplió su promesa de derogar la legislación que restringía el derecho a la libertad de expresión, sino que siguió utilizándola para investigar a cineastas y editores de libros, entre otras personas. En Tailandia, las autoridades siguieron aplicando leyes que restringían la comunicación por Internet para procesar a personas críticas, mientras que en Filipinas quienes criticaban al gobierno continuaron enfrentándose a cargos falsos. En Indonesia, la reivindicación pacífica de la independencia de Papúa siguió siendo un delito punible con la cárcel. En Laos, como venía ocurriendo desde hacía tiempo, los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo constantes actos de intimidación, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas. Asimismo, en Pakistán se sometió a detención arbitraria y desaparición forzada a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno y con el estamento militar.
Se observaron indicios de afianzamiento de la represión transnacional de la disidencia. Las autoridades chinas y hongkonesas persiguieron a activistas, incluidos ciudadanos o ciudadanas que habían huido al extranjero, dictando órdenes de detención, ofreciendo recompensas económicas y presionando a otros países para que los repatriaran. Dos defensores de los derechos humanos que habían sido devueltos desde Laos fueron posteriormente detenidos en China. Las autoridades de Vietnam participaron en el secuestro de un destacado youtuber en Tailandia, país donde mataron a tiros a un defensor de los derechos humanos laosiano.
Los gobiernos deben derogar todas las leyes y normativas que tipifiquen o restrinjan de algún modo la expresión legítima, poner fin a todas las investigaciones y todos los procesamientos injustificados relacionados con el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, y respetar la libertad de los medios de comunicación.
Libertad de reunión pacífica y asociación
Salvo en Fiyi, donde se observaron signos de mayor tolerancia, los gobiernos de toda la región intentaron limitar aún más el derecho de reunión pacífica.
En Tailandia, al concluir el año se habían presentado cargos penales contra casi 2.000 personas en relación con su participación en las protestas en favor de reformas políticas y sociales que habían comenzado en 2020. En China, probablemente no se conocerá nunca el número de personas que fueron detenidas por participar en actos en recuerdo de las víctimas del incendio de un bloque de apartamentos, ocurrido en Urumqi en 2022, y en las protestas relacionadas contra las restricciones de la COVID-19, pero, según informes, se seguía hostigando a quienes habían asistido a estos actos, y una estudiante uigur fue condenada a tres años de prisión por haber publicado un vídeo de las protestas en las redes sociales. En Malasia y Mongolia, las autoridades siguieron aplicando leyes represivas para restringir el derecho de protesta pacífica, mientras que en Corea del Sur la línea cada vez más dura contra las protestas “ilegales” preparó el terreno para que una empresa estatal demandara a un grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, reclamándole una exorbitante cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios. En Myanmar, decenas de personas fueron detenidas por llevar flores con motivo del cumpleaños de la exconsejera de Estado encarcelada, Aung San Suu Kyi.
Siguió siendo habitual el uso ilegítimo de la fuerza, con resultado de heridas y, en ocasiones, de muerte. En Afganistán, según informes, los talibanes utilizaron armas de fuego, cañones de agua y pistolas paralizantes para disolver manifestaciones, incluidas protestas en apoyo de los derechos de las mujeres. Tanto en Pakistán como en Sri Lanka, las autoridades intentaron prohibir las protestas y recurrieron con frecuencia al uso de fuerza excesiva o ilegítima contra manifestantes, lo que se saldó con muertes y numerosas personas heridas en ambos países. En Bangladesh, la policía detuvo a miles de personas y utilizó balas de goma, munición real y gas lacrimógeno para frenar las protestas dirigidas por la oposición, ocasionando al menos una muerte. Las fuerzas de seguridad también hicieron uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes en Indonesia, Maldivas y Nepal.
De igual forma, se intensificaron las restricciones impuestas sobre el derecho a la libertad de asociación en varios países. En Camboya, el único partido de la oposición fue inhabilitado para participar en las elecciones, y se condenó a 27 años de prisión a un destacado político de la oposición. En Filipinas se acusó a organizaciones de derechos humanos y humanitarias de tener vínculos con grupos comunistas prohibidos o se las “etiquetó como rojas”, con lo que su membresía quedaba expuesta a cargos falsos, homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos. En Corea del Sur, los sindicatos se enfrentaron a un entorno cada vez más hostil, y se sometió a investigaciones penales a decenas de activistas de los derechos laborales.
Los gobiernos deben respetar y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Es preciso respetar y proteger la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.
Detención y reclusión arbitrarias
Se detuvo y recluyó arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas en materia de política y medioambiente, entre otras personas, por cuestionar las políticas y acciones de los gobiernos o por su identidad étnica, religiosa o de otro tipo.
En China continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos de uigures y personas pertenecientes a otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. En Myanmar, más de 20.000 personas continuaban detenidas por haberse opuesto al golpe militar de 2021 y seguían celebrándose juicios manifiestamente injustos.
En Pakistán, las autoridades utilizaron la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público y la Ley Antiterrorista, de redacción imprecisa, para detener arbitrariamente a más de 4.000 personas que participaron en protestas tras la detención del ex primer ministro Imran Khan, en mayo. Otras 103 personas civiles, entre ellas dirigentes del ámbito político y activistas, fueron juzgadas en tribunales militares. Aunque los tribunales de India concedieron la libertad bajo fianza a varios periodistas sometidos a detención arbitraria en Jammu y Cachemira o anularon sus órdenes de detención, tanto en esa región como en otros lugares del país se siguió recluyendo sin juicio —a veces, durante años— a defensores y defensoras de los derechos humanos.
En Mongolia, la falta de garantías procesales adecuadas permitió que se efectuaran numerosas de detenciones sin orden judicial.
Los gobiernos deben poner fin a todos los arrestos y detenciones arbitrarios de quienes los critican y de cualquier otra persona, y poner en libertad de inmediato a toda persona detenida únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica o asociación, o de otros derechos humanos.
Impunidad y derecho a la justicia
La impunidad seguía siendo generalizada y a las víctimas se les negaban sistemáticamente sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación.
Aunque la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar las investigaciones en Filipinas ofrecía cierta esperanza a las familias de las innumerables víctimas de homicidios ilegítimos cometidos durante la “guerra contra las drogas” en curso, la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos en el país seguía siendo prácticamente imposible. En Tailandia prevaleció la impunidad por los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Los gobiernos de Sri Lanka y Nepal siguieron sin realizar avances significativos para ofrecer justicia, verdad y reparación a las decenas de miles de víctimas de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos durante sus respectivos conflictos armados internos.
Los gobiernos deben abordar la impunidad emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos, y llevando a los presuntos responsables ante la justicia en juicios justos. Es preciso que haya una cooperación plena con las investigaciones internacionales y los procesos judiciales y que se proporcione reparación por los abusos históricos contra los derechos humanos.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Persistieron las violaciones del derecho internacional humanitario en Myanmar, donde los ataques aéreos y terrestres —tanto indiscriminados como selectivos— del ejército y de las milicias afines se extendieron por todo el país y causaron la muerte de más de 1.000 civiles. También se recibieron informes sobre ataques de grupos armados de oposición contra personas civiles vinculadas a las autoridades militares de Myanmar. En el contexto de la resistencia armada en curso contra los talibanes en la provincia afgana de Panjshir, hubo nuevas pruebas de castigos colectivos contra la población civil y de ejecuciones extrajudiciales de combatientes del Frente de Resistencia Nacional capturados, mientras que los ataques de grupos armados, principalmente del Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, se cobraron miles de víctimas.
Todas las partes en los conflictos armados deben acatar el derecho internacional humanitario, lo que implica, entre otras medidas, poner fin a los ataques indiscriminados o directos contra civiles o infraestructuras civiles.
Derechos económicos, sociales y culturales
Varios países siguieron sumidos en graves crisis económicas. La desorbitada inflación de Laos y Pakistán y el consiguiente alza del coste de la vida afectaron a las personas más expuestas a la marginación. En Sri Lanka, donde más de una cuarta parte de la población corría el riesgo de descender por debajo del umbral de pobreza, el acceso a alimentos, atención sanitaria y otros productos y servicios básicos se convirtió en un reto diario, especialmente para quienes trabajaban a jornal y para la comunidad tamil malaiyaha. La crisis humanitaria de Afganistán se agravó, lo cual hizo temer un nuevo aumento del ya elevado número de personas dependientes de la ayuda humanitaria, si bien el plan de respuesta humanitaria seguía estando manifiestamente infrafinanciado.
En Papúa Nueva Guinea, la escasez crónica de recursos del sistema de salud impidió a gran parte de la población acceder a una atención sanitaria adecuada. En Corea del Norte persistía la inseguridad alimentaria y a menudo no se disponía de atención sanitaria, incluidos medicamentos esenciales y vacunas.
Los desalojos forzosos y la demolición de viviendas dejaron a miles de personas sin hogar y en la indigencia o expuestas a ella. En Camboya continuó el proceso de desalojo forzoso de 10.000 familias de Angkor, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cerca de 300.000 personas se quedaron sin hogar en India tras la demolición de asentamientos informales en Delhi antes de la Cumbre del G-20, y continuaron las demoliciones de viviendas, comercios y lugares de culto mayoritariamente musulmanes como castigo por la violencia comunal. En Indonesia, las autoridades respondieron con uso excesivo de la fuerza a las comunidades que protestaban contra desalojos previstos y proyectos de construcción de infraestructuras, mientras que en Laos la construcción de una presa amenazaba con desplazar a miles de personas residentes en las localidades circundantes, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para indemnizarlas.
En toda China, los derechos culturales y lingüísticos y el derecho a la educación de las minorías étnicas se vieron menoscabados por las políticas del gobierno, como, por ejemplo, las que promovían la asimilación de los niños y las niñas tibetanos y uigures.
Los gobiernos deben garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y cerciorarse de que sus políticas no agravan las violaciones de los derechos a la alimentación, la salud y los medios de vida.
Rendición de cuentas de las empresas
Con demasiada frecuencia, seguía siendo difícil hacer rendir cuentas a las empresas por abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, las investigaciones de Amnistía Internacional sobre Myanmar contribuyeron a que se produjeran avances positivos: varias empresas vinculadas al suministro de combustible de aviación utilizado por el ejército de Myanmar en ataques aéreos contra civiles dejaron de participar en esa actividad. Además, la UE, Reino Unido, Estados Unidos y otros países aprobaron sanciones selectivas contra algunas de esas empresas.
Los gobiernos deben promulgar leyes que exijan a las empresas la diligencia debida en materia de derechos humanos para garantizar que sus operaciones y las de sus socios no dan lugar a abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a ellos, y que se repara cualquier daño derivado de sus operaciones.
Libertad de religión o de creencias
La libertad de religión o de creencias siguió amenazada, especialmente en Asia Meridional. En India se registraron centenares de incidentes de violencia e intimidación contra la población musulmana. La violencia contra las minorías religiosas también fue generalizada en Pakistán, donde se profanaron tumbas ahmadíes y se esgrimieron acusaciones de blasfemia contra minorías y para justificar, por ejemplo, el ataque contra más de 20 iglesias en un solo día. En Afganistán, las minorías religiosas —como la chií y la chií hazara, la sij, la hindú, la cristiana, la ahmadí y la ismaelí— sufrieron discriminación extrema bajo el régimen talibán, que también se aseguró de que la enseñanza religiosa oficial se basara exclusivamente en la rama suní del islam.
Los gobiernos deben adoptar medidas eficaces —incluidas reformas jurídicas y políticas cuando sea necesario— para proteger, promover y garantizar plenamente la libertad de religión o de creencias sin discriminación.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En Japón se reforzó la protección jurídica contra la violencia sexual, al ampliarse la definición de violación en la legislación penal para incluir en ella las relaciones sexuales no consentidas. En Fiyi se eliminaron los obstáculos jurídicos al ejercicio del voto por parte de las mujeres casadas.
Sin embargo, para muchas mujeres y niñas de la región la realidad seguía siendo de discriminación y violencia sistémicas.
Continuó habiendo informes de numerosos casos de acoso y violencia, incluidas violaciones y otros actos de violencia sexual, sobre todo en Asia Meridional, y la rendición de cuentas era escasa. En India preocupaba especialmente el elevado número de casos de violencia sexual contra mujeres dalits, adivasis y kukis por parte de miembros de las castas dominantes.
La discriminación se materializó de numerosas formas. En Afganistán, las restricciones cada vez más extremas de los derechos de las mujeres y las niñas y la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellas llegaron a ser constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. En Nepal se siguió negando a las mujeres la igualdad con respecto a los derechos de ciudadanía. En Bután, Fiyi, Japón y otros países, la presencia de mujeres seguía siendo muy escasa entre los cargos públicos y la población activa.
Los gobiernos deben acelerar sus esfuerzos por defender y promover los derechos de las mujeres y las niñas, poner fin a la discriminación de género e interseccional contra ellas y prevenir y enjuiciar la violencia de género.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Los derechos LGBTI experimentaron tanto avances como retrocesos. En Taiwán, las autoridades reconocieron el derecho de la mayoría de las parejas transnacionales del mismo sexo a contraer matrimonio, y el 21 de diciembre el Parlamento tailandés inició el proceso para la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En Corea del Sur, Hong Kong y Nepal, una serie de sentencias judiciales otorgaron mayor reconocimiento a los derechos de las parejas de personas del mismo sexo o de personas transgénero. Sin embargo, en Corea del Sur el Tribunal Constitucional mantuvo la tipificación como delito de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo dentro del ejército. Además, los gobiernos solían reaccionar apelando las sentencias que confirmaban estos derechos y demorando su aplicación.
La precaria situación de las personas y los grupos LGBTI quedó también ilustrada en China, donde una destacada organización LGBTI se vio obligada a cerrar ante la constante campaña del gobierno contra los derechos LGBTI. En Pakistán, grupos políticos e islamistas dirigieron una campaña de desinformación que puso en peligro la protección jurídica existente para las personas transgénero (khawajasara) y provocó un aumento del número de actos de violencia y hostigamiento contra las personas transgénero y de género diverso. En India, el Tribunal Supremo se negó a reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Malasia se prohibieron libros y otros materiales que se consideraba que promovían estilos de vida LGBTI, y en Mongolia se prohibió una marcha a favor de los derechos LGBTI.
Los gobiernos deben derogar las leyes y políticas que discriminan a las personas LGBTI, lo que implica, entre otras medidas, despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Asimismo, deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, promover y proteger los derechos de las personas LGBTI y permitirles vivir con seguridad y dignidad.
Derechos de los pueblos indígenas y discriminación basada en la etnia y en la casta
La discriminación de los pueblos indígenas y basada en la etnia y la casta seguía siendo generalizada. En países como Camboya, Indonesia y Malasia se hacía caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas mientras la explotación comercial de sus tierras amenazaba sus vidas y sus medios de sustento. Las consultas con las comunidades afectadas —cuando se llevaban a cabo— eran a menudo superficiales, y las personas activistas en favor de los derechos de los pueblos indígenas se exponían a sufrir abusos contra los derechos humanos. En Filipinas se sometió a desaparición forzada a dos activistas ambientales indígenas y se calificó de terroristas a dirigentes de movimientos en favor de los derechos indígenas.
En Australia se perdió una oportunidad histórica de hacer avanzar los derechos de las Primeras Naciones al rechazarse en referéndum nacional la propuesta de establecer la Voz Aborigen, órgano que les habría permitido exponer directamente ante el Parlamento las cuestiones que les afectaban. En Nueva Zelanda, la población maorí continuó sufriendo discriminación y marginación, especialmente en el sistema penitenciario, donde seguía estando considerablemente sobrerrepresentada. En India continuó sin remitir la discriminación por motivos de casta.
Los gobiernos deben garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de discriminación basada en la etnia y en la casta; poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos de la población dalit, los pueblos indígenas y otros grupos en situación de riesgo, y dar prioridad a políticas y programas diseñados para eliminar la discriminación estructural en el sistema penitenciario, entre otros ámbitos.
Tortura y otros malos tratos
La tipificación como delito de la tortura y las desapariciones forzadas en Tailandia puso de relieve el poder de las campañas concertadas de víctimas y defensores y defensoras de los derechos humanos, pero aún quedaba mucho por hacer, tanto en ese país como en otros, para prevenir la tortura y otras formas de malos tratos.
En toda la región se denunciaron múltiples casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, y las muertes bajo custodia fueron extremadamente frecuentes. A lo largo del año, en Bangladesh murieron al menos 94 personas reclusas, y en Malasia al menos 13. Las autoridades nepalíes no hicieron rendir cuentas a nadie por las numerosas denuncias fidedignas de tortura y otros malos tratos. En Afganistán, según informes, la tortura de personas detenidas era generalizada y se aplicaban en público castigos corporales, lo cual era constitutivo de tortura u otros malos tratos. El ejército indonesio fue responsable de la detención arbitraria, tortura y muerte bajo custodia de civiles indígenas papúes, incluidos menores de edad.
Los gobiernos deben prohibir y tipificar como delito la tortura y otros malos tratos, así como tomar medidas efectivas para proteger y prevenir los abusos contra grupos marginados y en situación de riesgo. Cuando éstos se produzcan, los Estados deberán investigar las denuncias, hacer rendir cuentas a los responsables y proporcionar a las víctimas reparación oportuna.
Derecho a un medioambiente saludable
Las inundaciones devastadoras, las temperaturas extremas y los tifones letales pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante los fenómenos provocados por el cambio climático. Sin embargo, las acciones para reducir las emisiones de carbono y las medidas de preparación y adaptación siguieron siendo, en general, insuficientes. Como siempre, las personas más pobres y marginadas sufrieron las consecuencias más graves de estas deficiencias.
El elevado número de víctimas mortales registradas entre la población rohinyá a causa de un ciclón que azotó Myanmar en mayo fue achacable en gran medida a las nefastas condiciones en las que ésta había vivido desde que se había visto obligada a desplazarse, en 2012. En India se registraron casi 200 muertes en las inundaciones que se produjeron en la región del Himalaya y en las olas de calor que azotaron los estados de Uttar Pradesh y Bihar. Pakistán siguió sufriendo olas de calor abrasadoras provocadas por el cambio climático que afectaron gravemente a la salud de la población, especialmente de las personas que vivían en la pobreza o trabajaban en el sector informal.
Las iniciativas de mitigación, empezando por los objetivos de emisiones establecidos por muchos Estados, entre ellos los mayores emisores, siguieron siendo insuficientes para mantener el aumento de las temperaturas medias globales por debajo de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. A menudo, las políticas y medidas adoptadas no eran coherentes con los objetivos que los Estados se habían comprometido a alcanzar. Por ejemplo, Taiwán aprobó una ley que obligaba al gobierno a reducir las emisiones, pero no fijó un calendario para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, y las prospecciones petrolíferas continuaron.
Hubo pocos indicios de reducción de la dependencia con respecto al carbón en los sistemas energéticos de la región. Por el contrario, los gobiernos de Australia, China, Corea del Sur e Indonesia siguieron autorizando nuevas centrales de carbón y proyectos de extracción de este mineral, enfrentándose muchas veces a una fuerte oposición interna. Japón fue el único país industrializado del mundo que no se comprometió a eliminar de manera progresiva el uso del carbón en la producción de electricidad.
Una y otra vez, los Estados obviaron el impacto de las industrias extractivas sobre el medioambiente, los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas. Por ejemplo, en Mongolia aún no se habían tomado medidas suficientes para abordar el impacto de las actividades mineras de la región de Gobi sobre la salud y los medios de vida de las comunidades dedicadas al pastoreo. En Papúa Nueva Guinea, el gobierno autorizó la reanudación de la explotación de una mina de oro, previamente relacionada con abusos graves contra los derechos humanos y daños ambientales, pese a que la empresa implicada no se había ocupado adecuadamente de ellos.
Los países industrializados y otros países de la región que también son grandes emisores deben tomar la iniciativa en la mitigación del cambio climático, con medidas como detener la expansión de la producción de combustibles fósiles y dejar de subvencionarlos, así como garantizar que sus políticas climáticas son coherentes con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C. Los gobiernos deben aumentar la inversión en preparación y adaptación ante situaciones de catástrofe y dar prioridad a la protección de los grupos marginados y de otros grupos desproporcionadamente afectados por la crisis climática.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes y trata de personas
Los tribunales de Australia y Corea del Sur declararon inconstitucional la detención indefinida de personas refugiadas y solicitantes de asilo. No obstante, esta población y la migrante seguían sin gozar de protección suficiente en la región, y sus derechos humanos eran ampliamente ignorados.
Se recluía de manera arbitraria e indefinida a numerosas personas refugiadas y migrantes —algunas de ellas, en míseros centros de detención para inmigrantes—, o se les negaba el acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, así como la libertad de circulación.
Las autoridades de Malasia se abstuvieron de investigar la muerte en 2022 de 150 hombres, mujeres y menores de edad en centros de detención para inmigrantes, cuando las condiciones de esos centros seguían siendo motivo de preocupación. En Bangladesh, el incendio en un campo de personas refugiadas y un ciclón volvieron a dejar sin hogar a miles de refugiados y refugiadas rohinyás. En Tailandia se estableció un nuevo mecanismo de análisis de casos de personas refugiadas y solicitantes de asilo, pero continuó su detención indefinida y las malas condiciones de reclusión provocaron la muerte de dos hombres uigures. En Japón, una nueva ley de inmigración permitió que continuara la práctica de detener de manera indefinida a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, mientras que la reforma de la ley de inmigración de Taiwán siguió sin incluir salvaguardias contra la devolución (refoulement).
Preocupaba profundamente la suerte que habían corrido centenares de personas norcoreanas repatriadas a la fuerza por el gobierno chino pese a las advertencias de que probablemente se enfrentarían a duros castigos. Tras haber anunciado el gobierno de Pakistán en octubre que las personas refugiadas de nacionalidad afgana que se encontraran en situación irregular debían salir del país en el plazo de un mes, más de 490.000 personas fueron devueltas a Afganistán, de donde muchas de ellas habían huido por temor a ser perseguidas por los talibanes. Malasia violó también el principio de no devolución al devolver a personas refugiadas a Myanmar, donde se enfrentaban a violaciones graves de derechos humanos.
En Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia, las autoridades no tomaron las medidas suficientes para poner fin a la trata de personas. En estos países se reclutaba a personas extranjeras por medios engañosos y se las obligaba a trabajar, a menudo bajo amenazas de violencia, en estafas cibernéticas y juegos de apuestas ilegales.
Los gobiernos deben dejar de detener a solicitantes de asilo por su condición de inmigrantes y permitirles pedir protección internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a ningún lugar donde pueda sufrir persecución u otras violaciones de derechos humanos. Es preciso reforzar las salvaguardias contra la trata de personas y proporcionar a quienes sobreviven a ella apoyo jurídico y de otra índole, lo que incluye facilitar su repatriación cuando sea seguro hacerlo.
Pena de muerte
Como medida positiva, el gobierno de Malasia abolió la pena de muerte para siete delitos y derogó la obligación de imponerla para todos los delitos en los que era de aplicación la pena de muerte preceptiva. Sin embargo, la pena de muerte siguió utilizándose ampliamente en toda la región, a menudo en contravención del derecho y las normas internacionales. Se tuvo noticia de ejecuciones tanto en China como en Vietnam, pero las cifras sobre el empleo de la pena de muerte seguían clasificadas como secreto de Estado. En Afganistán, según informes, se impusieron condenas a muerte, en ocasiones por métodos que los organismos de la ONU consideraban constitutivos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como la lapidación. En Singapur, entre las personas ejecutadas por delitos de drogas había una mujer, y se hostigó a activistas y profesionales del derecho que se oponían a la pena de muerte.
Los gobiernos que aún conservan la pena de muerte deben tomar medidas urgentes para abolirla.
Derechos de la infancia
La criminalización de menores de edad en varios países continuó siendo motivo de preocupación. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda se podía seguir deteniendo a niños y niñas de tan sólo 10 años, y se concluyó que los centros de detención de menores de ambos países ponían en peligro a esta población. En Tailandia se había acusado penalmente a casi 300 menores de edad por su participación en protestas, en gran medida pacíficas, a lo largo de los últimos años. Entre ellas se encontraba un joven condenado a un año de cárcel con 2 años de suspensión condicional por haber participado en 2020, cuando tenía 16 años, en un simulacro de desfile de moda en el que se ridiculizaba al monarca. En Corea del Norte, según informes, continuó el empleo generalizado del trabajo forzoso, que se imponía incluso a niños y niñas.
Los gobiernos no deben detener ni recluir nunca a menores de edad por el ejercicio de sus derechos, incluidos los de libertad de reunión pacífica y expresión. Los gobiernos deben elevar la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años o más, y garantizar que los niños y niñas en conflicto con la ley sean tratados de acuerdo con los principios de la justicia de menores, lo que implica, entre otras cosas, limitar estrictamente el empleo de la detención.
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