Comercio de armas en España

Pese a los importantes avances para controlar este negocio, como la Ley de Comercio de Armas española de 2007 y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado por las Naciones Unidas en 2014, su telón de fondo sigue siendo la escasa transparencia, cuando no la corrupción en la industria armamentista, lo que favorece el tráfico ilegal de armas y su implicación en numerosas violaciones de derechos humanos como crímenes de guerra.

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), entre 2014 y2023, España fue el octavo exportador mundial de armas, tras los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania e Italia, alcanzando el 2,7% del global de las exportaciones.

La tendencia de las exportaciones realizadas y, sobre todo de las autorizaciones de nuevas operaciones, es al alza. Entre 2016 y 2022, la media anual de exportaciones realizadas fue por valor de cerca de 3.900 millones de euros y la de las nuevas operaciones autorizadas de casi 15.000 millones anuales. En 2022, el valor de las exportaciones realizadas de material de defensa fue de casi 4.100 millones de euros, cerca de un 25% más que el año anterior. En el primer semestre de 2023, ascendieron a casi 1.800 millones.

Las nuevas operaciones autorizadas superaron los 10.500 millones en 2022 y más de 13.100 millones en el primer semestre de 2023, cifras muy importantes, aunque inferiores a los más de 14.000 en 2021 y los más de 26.000 millones de 2020, que anuncian un aumento significativo de las exportaciones en los próximos años, aunque una parte de esas operaciones puedan no materializarse por diversas razones.

Este aumento en las exportaciones y autorizaciones, resultado de una política de apoyo a la exportación que no ha variado en la última década, no se ha visto acompañado de un aumento de las medidas de control significativas para garantizar que ni un arma española se usa para cometer o facilitar la comisión de atrocidades.

La última medida de control data de 2020, con la introducción de un protocolo no público de verificación ex post de las armas exportadas para comprobar que el material no es objeto de desvío y un nuevo certificado de último destino. Continúa pendiente el establecimiento de una unidad específica de evaluación del riesgo de las transferencias de armas, como ya existe en países de nuestro entorno como Reino Unido o Países Bajos.

Respuestas del Gobierno español a la crisis de Gaza

A pesar de que Amnistía Internacional ha reclamado desde 2009 a los sucesivos gobiernos españoles la suspensión total del envío de armas a Israel, no ha sido hasta el 7 de octubre de 2023 que se ha adoptado una suspensión temporal de nuevas licencias. Es una medida positiva, pero insuficiente porque, por un lado según los datos de Comercio Exterior publicados por eldiario.es, España siguió enviando en noviembre y en diciembre productos de licencias aprobadas con anterioridad al 7 de octubre y, por otro, es necesario que esta medida sea permanente, con independencia de que se acabe la situación actual. Asimismo es fundamental que España inste a países como Alemania y Estados Unidos a poner fin al envío de armas y promueva la adopción de un embargo en el seno de la UE.

Solo en el primer semestre de 2023, España autorizó 22 licencias de material de defensa a Israel por valor de 44 millones, mientras que las exportaciones realizadas ascendieron a más de 713.000 €. Anteriormente, entre 2015 y 2022, las autorizaciones de venta de armas a Israel superaron los 63 millones, y las exportaciones, los 12,3 millones. Entre las exportaciones más recientes (2022 y primer semestre de 2023) figuran blindados, bombas o misiles, aeronaves, munición, sistemas de dirección de tiro, y equipos de formación de imagen. Amnistía Internacional ha señalado desde hace más de una década las violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, cometidos por Israel, y abogando por una suspensión permanente de las transferencia de armas. Los sucesivos gobiernos españoles durante esos años han mantenido que se trataba de material no letal. Sin embargo, tanto las armas ligeras, como las bombas o misiles, los carros y los blindados, los sistemas de dirección de tiro y los equipos de formación de imágenes exportados son susceptibles de uso en los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario que Israel lleva cometiendo en los últimos meses en Gaza y Cisjordania. Aprovechamos la ocasión para pedirte que firmes nuestra petición para pedir el alto el fuego en Gaza e Israel.

Armas pequeñas y ligeras

Más incluso que las armas convencionales pesadas (carros de combate y vehículos blindados, aviones de combate y helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y artillería de gran calibre), el gran motivo de preocupación son las armas pequeñas y ligeras (APAL, que incluyen revólveres, pistolas, fusiles, ametralladoras o granadas) que, por su bajo coste y facilidad de uso, transporte y ocultación aparecen en mortíferos escenarios de guerras, actividades terroristas, delincuencia organizada y luchas entre bandas.

El arsenal global de APAL, muy difícil de estimar por su amplia disponibilidad, oscila entre 600 y 875 millones de unidades, una por cada 10 habitantes y el 75% en manos de civiles. Cada año se fabrican ocho millones más, así como 16.000 millones de unidades de munición, con la que se podría matar dos veces a la población mundial.

Lo más grave es, según una investigación de Amnistía Internacional, que esas armas son las más utilizadas para cometer la mayoría de las violaciones graves de derechos humanosy deja tras sí un reguero de sangre, sufrimiento y pobreza (la violencia con armas de fuego causa más de medio millón de muertes anuales, el 75% en escenarios no bélicos) que lastra el desarrollo de las comunidades afectadas.