Sobre la base de la normativa global relativa a las sanciones en materia de derechos humanos, los responsables de abusos contra estos derechos y quienes sean objeto de sanciones del gobierno no tendrán permitido convertirse en propietarios ni directores de club, y la lista de delitos que dan lugar a inhabilitación se ha ampliado y ahora incluye violencia, fraude, corrupción, evasión fiscal y crímenes de odio.
Estas normas, que entrarán en vigor con efecto inmediato, se consideran más estrictas que las propuestas de crear reguladores independientes formuladas para sustituir las pruebas utilizadas por la Premier League, la Asociación Inglesa de Fútbol y la Liga Inglesa de Futbol (EFL).Ninguna persona objeto de investigación por “circunstancias inhabilitantes” podrá ocupar la dirección de un club. En el marco de un proceso anual de diligencia debida se examinará a los propietarios y directores de clubes para garantizar el cumplimiento normativo.
Se acordó que, cuando una suspensión cause una inhabilitación, el grupo de autoridades reguladoras se ampliará e incluirá a la Comisión de Sociedades Benéficas, la Autoridad de Conducta Financiera, la autoridad en materia de regulación prudencial y la agencia tributaria británica (HMRC).
La prueba ha sido objeto de un fuerte escrutinio, que aumentó a raíz de lacompra del Newcastle por el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí (PIF), a pesar del deficiente historial de este país en materia de derechos humanos. También causó consternación entre los clubes que un informe presentado ante un tribunal estadounidense en una causa en la que están implicados PGA Tour y LIV Golf describe el PIF como “un organismo soberano del Reino de Arabia Saudí” y al presidente del Newcastle, Yasir al-Rumayyan, como a “un representante del gobierno saudí”.
Cuando la 'Premier' aprobó la compra del Newcastle, afirmó que lo hacía tras recibir “garantías jurídicamente vinculantes” de que el Estado saudí no tendría el control del club. Se entiende que la normativa actualizada no afectaría al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que es el presidente del PIF, ni a ningún otro miembro de ese fondo de inversión.
Peter Frankental, director de Asuntos Económicos de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado: “Es un paso en la dirección correcta que ahora se tengan en cuenta los derechos humanos y los crímenes de odio, pero no supondrá un gran cambio a no ser que se prohíba definitivamente a personas poderosas relacionadas con la comisión de violaciones de derechos humanos en el extranjero hacerse con el control de clubes de la Premier League y utilizarlos para lavar la imagen de su país a través del deporte. ¿Bloquearía este cambio en la normativa, por ejemplo, una futura oferta de compra por parte de fondos soberanos saudíes o qataríes? No está nada claro.
“La prueba de fuego para saber si esta nueva normativa cumple su función implica conocer si conllevará grandes esfuerzos el evaluar la implicación de posibles compradores en abusos contra los derechos humanos. El fútbol inglés de la máxima categoría sigue estando expuesto a convertirse en un elemento útil para el lavado de cara a través del deporte, en manos de figuras autoritarias de todo el mundo, a no ser que la Premier League haga lo correcto.”
