El 7 de diciembre de 1982 marcó un hito en la historia de la pena de muerte en los Estados Unidos. Fue el día en que Charles Brooks se convirtió en el primer preso norteamericano en ser ejecutado por inyección letal, un método que pretendía ser más humano que sus predecesores, pero que desencadenó debates éticos y legales profundos durante décadas.
Oklahoma, el primer estado en aprobar la inyección letal
Pena de muerte. © Amnistía Internacional
En la década de los setenta, la silla eléctrica prevaleció como método de ejecución, pero fue objeto de críticas. Como respuesta a las acusaciones de que se trataba de un "espectáculo espantoso", se intentó "humanizar" el procedimiento, comenzando a exigirse que la muerte aplicada fuera rápida y segura, y que preservara la dignidad del Estado. Este cambio de enfoque normativo se implementó a partir de 1977.
El 11 de mayo de ese año, Oklahoma se convirtió en el primer estado en aprobar un proyecto de ley que determinaba que las ejecuciones debían llevarse a cabo mediante inyección letal. Este proyecto fue una iniciativa del senador Bill Dawson, quien pidió al entonces jefe del Departamento de Anestesiología de la Escuela de Medicina de Oklahoma, doctor Stanley Deutsch, que recomendara un método de ejecución mediante inyección de sustancias químicas. Las sugerencias del Dr. Deutsch sentaron las bases para las leyes y procedimientos que seguirían. El proceso se basó en la administración secuencial de tres sustancias (tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio) que inducen pérdida de conocimiento, parálisis respiratoria y paro cardíaco, respectivamente. El procedimiento completo, desde la pérdida de la conciencia hasta la muerte, generalmente dura alrededor de 7 minutos.
El 12 de mayo de 1977, Texas adoptó una legislación similar y programó las ejecuciones de Howard Lincoln y Kenneth Granviel para septiembre de ese año, pero una solicitud de anulación de la sentencia y una declaración de inconstitucionalidad, que argumentaba que la inyección letal era un método cruel e inusitado, pospuso la ejecución.Kenneth Granviel sobrevivió otros 19 años antes de ser ejecutado mediante inyección letal el 27 de febrero de 1996, mientras que la sentencia de Lincoln fue conmutada.
Camilla de ejecución en la prisión de Huntsville, Texas. © AP Graphics Bank
Debate ético sobre el uso de la inyección letal
A pesar de que no se llevaron a cabo ejecuciones mediante inyección letal hasta principios de la década de los ochenta, el debate sobre este método y el papel de los profesionales de la salud en el proceso continuó. En 1980, el litigio ético sobre la participación médica alcanzó su punto de inflexión con la decisión del Consejo de Asuntos Éticos y Jurídicos de la Asociación Médica de Estados Unidos que estableció que ningún médico debía participar en una ejecución legalmente autorizada.
Hasta el día de hoy, la inyección letal ha estado rodeada de controversias. La profesión médica ha declarado que, de aplicarse una cantidad insuficiente de tiopental sódico, el efecto anestésico puede pasar antes de que se paralice el corazón del condenado exponiéndole a un dolor insoportable cuando la tercera sustancia penetra en las venas y se produce el paro cardiaco. Debido a la parálisis muscular causada por el bromuro de pancuronio, al condenado le resulta imposible informar de la situación a quienes lo rodean.
Casos como el de Joseph Clark todavía es recordado. Fue ejecutado en Ohio en diciembre de 2006. A los técnicos encargados de la ejecución les llevó 22 minutos encontrar una vena en la que insertar el catéter. Poco después del comienzo de la inyección, la vena se colapsó y el brazo del preso comenzó a hincharse. Joseph Clark levantó la cabeza de la camilla y dijo: "No funciona, no funciona". A continuación, corrieron las cortinas que rodeaban la camilla y los técnicos trabajaron durante 30 minutos para encontrar otra vena apta para la inyección. Joseph Clark tardó 90 minutos en morir.
Otros casos fueron los de Romell Broom en 2009, cuya ejecución fue pospuesta por el gobernador del Estado tras recibir 18 pinchazos en diversas partes del cuerpo y sobrevivir al intento de ejecución. O los de Joseph Woods y Dennis McGuire en Arizona y Ohio respectivamente en el año 2014.
Desde entonces y hasta la fecha se han ejecutado a más de 900 hombres y mujeres con este sistema, algunos con la participación activa de médicos. De hecho, la inyección letal prácticamente ha sustituido al resto de los métodos como la electrocución, el ahorcamiento, la cámara de gas o el fusilamiento; y otros países como Taiwán, China, Filipinas, Tailandia o Vietnam lo adoptaron.
Kit de inyección letal. Pancuronio, cloruro de potasio y pentotal. © Amnistía Internacional
La condena a muerte de Thomas "Sonny" Hayes
El siguiente ajusticiamiento programado fue el de Thomas "Sonny" Hayes, de raza negra, en Oklahoma, que se fijó para el 9 de septiembre de 1981. Inicialmente se logró un aplazamiento ordenado por la corte, pero la fecha volvió a fijarse para el 14 de septiembre. El secretario general de la Asociación Médica Mundial, Dr. André Wynen, se opuso a la participación médica en las ejecuciones mediante inyección letal y su declaración se incorporó a una resolución de la Asociación en contra de la participación de los médicos en las ejecuciones.
Amnistía Internacional también intervino en este caso y lanzó un llamamiento firmado por dos premios Nobel de la Paz y un ex presidente de la Asociación Médica Mundial. La ejecución de Hayes se volvió a posponer y finalmente su sentencia a muerte fue conmutada.
Charles Brooks, primer condenado a muerte por inyección letal
Hasta diciembre de 1982 no se volvió a fijar una sentencia a muerte por inyección letal. El condenado fue Charles Brooks, un hombre de raza negra, preso en la cárcel de Huntsville (Texas), que fue ejecutado mediante este método con personal médico presente para garantizar que el procedimiento se desarrollaba sin problemas.
Charles Brooks, primer condenado a muerte por inyección letal. © Sigma
¿Quién fue Charles Brooks?
Charles Brooks provenía de una familia acomodada en Fort Worth, Texas. Empezó cumpliendo condena por posesión ilegal de armas de fuego. El 14 de diciembre de 1976, Brooks y su cómplice Woody Loudres perpetraron un crimen brutal al abordar a un mecánico de autos usados, David Gregory. Tras reducirlo y amordazarlo, lo llevaron a un hotel donde lo mataron de un disparo en la cabeza, abandonando su cuerpo en la habitación.
La captura de Brooks y Loudres tuvo lugar una semana después y, aunque inicialmente se negaron a revelar quién había disparado, Loudres llegó a un acuerdo con la fiscalía para testimoniar que Brooks fue el autor material a cambio de una condena de 40 años en lugar de la pena de muerte.
Brooks fue llevado al corredor de la muerte en la cárcel de Huntsville, donde su abogado luchó durante casi seis años para evitar la ejecución, sin éxito. A pesar de los intentos legales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la petición de aplazamiento por 6 votos contra 3, y la Junta de Indultos y Libertad Condicional recomendó, por 2-1, que la ejecución se llevara a cabo.
Brooks se convirtió en el primer condenado a muerte ejecutado en Estados Unidos con inyección letal.
Amnistía Internacional y la pena de muerte
Desde Amnistía Internacional nos oponemos de manera firme a la pena de muerte en todo el mundo, independientemente del método utilizado. Nuestra postura se basa en principios fundamentales de derechos humanos y justicia. Este castigo viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es irreversible y puede llevar a ejecuciones de personas inocentes. Es también una forma cruel e inhumana de castigo, y no hay evidencia concluyente de que tenga un efecto disuasorio significativo sobre la criminalidad. Desde Amnistía Internacional abogamos activamente por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo con independencia del delito cometido y de la culpabilidad de la persona acusada y trabajamos para sensibilizar sobre sus impactos negativos en los derechos humanos.
