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Perú debe investigar a funcionarios de alto nivel por los ataques letales generalizados de las fuerzas de seguridad

La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal. Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada.

La comunidad internacional debe reaccionar ante las ejecuciones de manifestantes en Irán

Tres manifestantes torturados han sido ejecutados tras un juicio sin garantías y lejos de ser un procedimiento judicial serio. Fueron condenados a muerte menos de dos meses después de su detención, y ejecutados tras sólo unas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmara sus injustas sentencias condenatorias y penas de muerte sin tener en cuenta la falta de pruebas y las graves denuncias de tortura.

Los gobiernos deben denunciar estas ejecuciones. Además, deben ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes contra los que existan pruebas admisibles suficientes de responsabilidad penal en torturas y otros delitos de derecho internacional.

El complejo del campo de personas refugiadas de Kakuma, Kenia, sigue sin ser seguro para las personas LGBTI

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales solicitantes de asilo o refugiadas que viven en él sufren habitualmente crímenes de odio, violencia, incluida violación, y otros abusos graves contra los derechos humanos.

Estos crímenes de odio son una manifestación criminal de la discriminación que sufren las personas LGBTI refugiadas y solicitantes de asilo. Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en 32 de los 54 países de África, y pueden ser castigadas incluso con la muerte o con largas penas de prisión. En Kenia, ese tipo de relaciones sigue siendo punible con hasta 14 años de prisión en virtud de leyes de la era colonial.

Amnistía Internacional pide la excarcelación inmediata e incondicional de Mohammed al Halabi

Este preso de conciencia palestino cumple una condena a 12 años de prisión en Israel. Mohammed, trabajador de ayuda humanitaria de Gaza, pasó seis años detenido en espera de juicio antes de ser declarado culpable de desviar fondos a Hamás en un proceso que adoleció de graves deficiencias.

Su vista de apelación debió de celebrarse el 17 de mayo, pero su abogado defensor se vio obligado a solicitar un aplazamiento porque las autoridades israelíes se negaron a compartir información esencial antes de la vista, como un resumen de las pruebas y argumentos. Algo que destierra cualquier posibilidad de un juicio justo.