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Amnistía Internacional recuerda al Fiscal General del Estado que las acciones pacíficas de desobediencia civil son formas legítimas de protesta y no constituyen actos terroristas >

El Fiscal General del Estado, en su memoria anual, ha incluido actividades de dos organizaciones ecologistas bajo el epígrafe “Terrorismo Nacional”. Amnistía Internacional reclama a esta institución que considere el carácter pacífico de las actividades de estas organizaciones, y reconozca que sus acciones están amparadas por el derecho a la libertad de reunión pacífica.

La desobediencia civil pacífica forma parte de la libertad de expresión y debe ser protegida por todas las instituciones del Estado, incluido el Ministerio Fiscal. Presentar cargos de terrorismo contra participantes en acciones de protestas pacíficas es una limitación indebida de la libertad de expresión y reunión y puede tener un efecto disuasorio.

La minería industrial de cobalto y cobre para baterías recargables en República Democrática del Congo provoca graves abusos contra los derechos humanos >

Entre ellos, el desalojo forzoso de comunidades enteras de sus viviendas y zonas de cultivo, agresiones sexuales, incendios y palizas.

Amnistía Internacional reconoce la decisiva función que desempeñan las baterías recargables en la transición energética para abandonar el uso de combustibles fósiles. Pero la justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía mundial no debe dar lugar a otras violaciones de derechos humanos.

Personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente son criminalizadas al ejercer su derecho a la protesta en México >

Un informe de Amnistía Internacional documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.

Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman otras violaciones graves a sus derechos humanos como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones, lejos de un plan de prevención por parte del Estado.

Cien personas ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de año >

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que las autoridades han condenado a personas a muerte por actos que van desde la publicación de tuits hasta delitos de drogas, todo ello tras juicios flagrantemente injustos que no cumplían las normas internacionales de derechos humanos.

Además, la oleada de homicidios emprendida por las autoridades suscita temor por las vidas de los jóvenes condenados a muerte, que eran menores de 18 años en el momento de los delitos.