Comunidad de Barranca Tecuani, Guerrero, México, 22 de marzo de 2002. Una mujer tlapaneca de 27 años se encontraba en la cocina de su casa con sus hijos cuando entraron tres soldados y le preguntaron por unos alimentos, robados, dijeron, qué había en el patio. Ella, que hablaba poco español, no contestó a las preguntas. Sus hijos se fueron a casa de un familiar. Entonces, los soldados la violaron. Dos años después, la violación sigue impune. El caso ha quedado bajo la jurisdicción militar, y en los procedimientos de investigación se han detectado serias irregularidades.
Con motivo de la presentación de un nuevo informe sobre violaciones de mujeres indígenas, perpetradas por militares en el estado de Guerrero, Amnistía Internacional ha manifestado: "En los últimos 10 años hemos tenido noticia de al menos nueve casos de mujeres indígenas que han denunciado judicialmente violaciones perpetradas por miembros del ejército mexicano. A pesar de los decididos esfuerzos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos por lograr que se ofrezca resarcimiento por tan graves delitos, el muro infranqueable de la jurisdicción militar ha puesto estos casos fuera del alcance de la justicia".
Amnistía Internacional cree que estos casos de violación constituyen tortura según el derecho internacional. Ante delitos de tal gravedad se deben realizar automáticamente las investigaciones más rigurosas.
Centrado en casos de mujeres indígenas que fueron víctimas de violación entre 1997 y 2002, el informe de la organización pone de relieve la lucha constante de las víctimas contra las intimidaciones, la discriminación, la incompetencia y los impedimentos que encuentran en su búsqueda de justicia.
"Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a manos de militares y que se atreven a enfrentarse a los innegables obstáculos culturales, económicos y sociales que es preciso superar para pedir justicia tienen que lidiar con una mala atención medida, con exámenes periciales que no reúnen los requisitos mínimos y con un sistema judicial militar incapaz de ofrecer garantías mínimas de procesamiento de los responsables", ha manifestado Amnistía Internacional.
La impunidad que rodea estos casos afecta directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias.
En el informe de Amnistía Internacional se examinan los graves fallos de las prácticas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, que ponen claramente de manifiesto la falta de imparcialidad.
"La ausencia de supervisión efectiva con que combatir estas prácticas contribuye al mantenimiento de un sistema en el que es habitual negar sus derechos fundamentales a las víctimas de violaciones de derechos humanos a fin, aparentemente, de proteger la reputación de los militares", ha señalado Amnistía Internacional.
El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medias para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Los mecanismos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos han pedido reiteradamente a las autoridades mexicanas que pongan fin a la jurisdicción militar en tales casos, tanto si los militares están en el servicio activo como si no.
El Estado mexicano es responsable, en virtud del derecho internacional de derechos humanos, de las violaciones cometidas por sus agentes, así como de las cometidas por particulares si no ejerce la diligencia debida para prevenir y castigar tales delitos y ofrecer resarcimiento por ellos.
"El Estado tiene el deber de ocuparse del problema de la violencia contra las mujeres -ha añadido Amnistía Internacional-. Sólo si se abordan las causas fundamentales de tal violencia y se toman medidas específicas y efectivas para poner fin a la impunidad y combatir la discriminación se podrá reducir la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres en México."
Asimismo, la organización ha manifestado: "El Estado mexicano está atravesando un periodo de modernización. La administración actual se ha comprometido a incorporar la rendición de cuentas, la transparencia y el fin de la impunidad. Ahora ha llegado el momento de modernizar las fuerzas armadas y su relación con la sociedad, en particular de promulgar legislación que garantice que, si se cometen violaciones de derechos humanos, se iniciarán investigaciones y enjuiciamientos con las debidas garantías de independencia e imparcialidad en el sistema de justicia civil."
Información complementaria
El informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar está basado en parte en información recogida por delegados de Amnistía Internacional durante visitas realizadas a México en junio de 2003 y junio de 2004. Los delegados se entrevistaron con supervivientes y testigos de violaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales locales y abogados, así como con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Aunque sin éxito, también solicitaron entrevistas con jefes militares del Estado de Guerrero y con el procurador general de Justicia Militar para hablar de algunas de las cuestiones relacionas con los casos de violaciones de derechos humanos de que se tenía noticia.
