“Exigir que las organizaciones de la sociedad civil alineen su trabajo a criterios establecidos discrecionalmente por el presidente para acceder a recursos de la cooperación internacional es una forma clara, e inaceptable, de coartar su independencia y prevenir que continúen sus labores,” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional.
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