Venezuela: Autoridades deben parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza

20 de septiembre de 2018

usa la fuerza intencionalmente letal contra la población más vulnerable y excluida socialmentecuando debería de estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanosEsto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas. más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017. el 95% de las víctimas de homicidios –tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad– fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país

En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia, más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuelala tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.

17 planes de seguridad en los últimos 17 añosviolaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos. 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014España cuarto país del mundo con más solicitudes implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolanoreducir los altos niveles de impunidadMás información

Venezuela: Los gobiernos de la región deben brindar protección a quienes huyen del país (noticia, 3 de septiembre de 2018).
Venezuela: Autoridades deben poner fin a las detenciones arbitrarias y a la política de represión (investigación, 17 de mayo de 2018).

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