Ante la noticia de que los miembros del Parlamento de la Unión Europea (UE) son reacios a prohibir la exportación de tecnologías de IA dañinas y que vulneran derechos humanos en la Ley de Inteligencia Artificial, Mher Hakobyan, asesor de incidencia sobre la regulación de la inteligencia artificial para Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Aunque legisladores y legisladoras se enzarzan en tensos debates sobre la prohibición o limitación estricta del uso de determinadas tecnologías de IA en la UE por su inaceptable riesgo para los derechos humanos, parece que están de acuerdo en permitir la exportación de esas tecnologías de la UE al resto del mundo.
Esto demuestra un flagrante doble criterio por parte de los miembros del Parlamento de la UE, quienes por un lado presentan a la UE como líder mundial en la promoción de una ‘inteligencia artificial segura, digna de confianza y ética’ y por el otro se niegan a impedir que empresas de la UE vendan sistemas de IA que vulneran derechos al resto del mundo.
Ya es hora de que legisladores y legisladoras de la UE demuestren su compromiso real con los derechos humanos prohibiendo los sistemas de reconocimiento facial y de emociones, la actuación policial predictiva, los sistemas de puntuación social y otras tecnologías incompatibles con los derechos humanos en la UE.
Es sabido que empresas radicadas en países de la UE suministran tecnologías que vulneran derechos a gobiernos que las utilizan para oprimir y actuar contra comunidades marginadas.
Sistemas de vigilancia digital fabricados por empresas radicadas en Francia, Suecia y Países Bajos se han utilizado en programas de China para vigilar masivamente a la comunidad uigur y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes en el país. Asimismo, la policía israelí ha utilizado cámaras de fabricación neerlandesa en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental para imponer el sistema israelí de apartheid a la población palestina.”
Información complementaria
Amnistía Internacional, como parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil encabezada por la Red Europea de Derechos Digitales (EDRi), lleva tiempo pidiendo que la UE adopte una normativa sobre la inteligencia artificial que proteja y promueva los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas en movimiento.
