“Casi tres años después de los homicidios masivos que indujeron a la UE a pedir a sus Estados miembros que dejaran de transferir armas a Egipto, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado”Magdalena Mughrabi, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de AI
Los países de la UE que suministran armas a Egipto mediante exportaciones o corretaje desde 2013 son los siguientes: Alemania, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.
Las fuerzas de seguridad han amenazado con usar y han usado la fuerza armada para infundir temor en quienes cuestionan pacíficamente la legitimidad del Gobierno o critican abiertamente sus políticas. Mientras tanto, las represivas Ley de Manifestaciones (de noviembre de 2013) y Ley Antiterrorista (de agosto de 2015) sancionan efectivamente el uso excesivo de la fuerza.
Las fuerzas de seguridad egipcias suelen ir armadas con pistolas y rifles. Usan a menudo porras, escopetas, cañones de agua y gas lacrimógeno, con el apoyo de diversos tipos de vehículos blindados, para dispersar protestas y otras reuniones públicas de carácter político. La Ley de Manifestaciones de 2013 permite a las fuerzas de seguridad responder “proporcionalmente” al uso de armas de fuego por los manifestantes a fin de proteger vidas, dinero y propiedades, aunque su interpretación se hace en violación flagrante de las normas internacionales, que sólo permiten que las fuerzas de seguridad usen medios letales en respuesta a un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
Desde la entrada en vigor de la ley, las fuerzas de seguridad han usado la fuerza excesiva para disolver implacablemente protestas, a menudo con resultados letales. En enero de 2015, al menos 27 personas murieron en incidentes violentos relacionados con protestas, muchas a manos de las fuerzas de seguridad armadas. Una de ellas fue Shaimaa Al Sabbagh, activista política, poeta y joven madre, a quien un policía mató a tiros en el centro de El Cairo. A pesar de que las imágenes del momento de su muerte se hicieron virales y desencadenaron la indignación internacional, el máximo tribunal egipcio anuló la declaración de culpabilidad del miembro de las fuerzas de seguridad hallado originalmente responsable de su muerte, que ahora deberá ser juzgado de nuevo.
Las fuerzas de seguridad armadas también han practicado detenciones masivas de personas que critican al gobierno y de opositores políticos. Según un funcionario del Ministerio del Interior citado en la prensa egipcia, solamente en los diez primeros meses de 2015 fueron detenidas casi 12.000 personas por presuntos delitos de “terrorismo”. En enero de 2016, las fuerzas de seguridad armadas registraron más de 5.000 viviendas del centro de El Cairo en una operación de seguridad con motivo del quinto aniversario del alzamiento de 2011, y detuvieron a numerosos activistas.
El año pasado, las fuerzas de seguridad armadas secuestraron a cientos de personas en una oleada de desapariciones forzadas. Las víctimas permanecen recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sin acceso a sus familias o abogados, y son torturadas por las fuerzas de seguridad del Estado para hacerlas “confesar” delitos de terrorismo.
No ha habido ninguna rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante y después del alzamiento de 2011. Hasta ahora, las autoridades egipcias no han investigado de forma efectiva, independiente e imparcial los cientos de casos de desaparición forzada, tortura y homicidios ilegítimos documentados por los grupos de derechos humanos.
“Suministrar armas que probablemente alimentarán esta represión interna en Egipto es contrario al Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que son partes todos los Estados de la UE y viola la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas”, declaró Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“La UE debe imponer inmediatamente un embargo a todas las transferencias de los tipos de armas y equipos que se están usando en Egipto para cometer violaciones graves de derechos humanos”Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional
- En 2014, Bulgaria emitió un total de 59 licencias para la exportación a Egipto de equipos militares por valor de 51.643.626 de euros, con más de 11 millones de euros para armas pequeñas/ligeras y munición. Las exportaciones a Egipto incluyeron 10.500 rifles de asalto, 300 ametralladoras ligeras y 21 subametralladoras.
- La República Checa es un proveedor estable de armas pequeñas de Egipto. En 2014 el Gobierno checo emitió 26 licencias para exportar artículos militares a Egipto por valor de 19,9 millones de euros, en su mayoría armas pequeñas y munición. Las autoridades checas informaron a la ONU de que entre 2013 y 2015 exportaron a Egipto 80.953 pistolas y revólveres. Además, el Ministerio del Interior egipcio había hecho un pedido de 10 millones de cartuchos de 9 milímetros a empresas de armas checas en febrero de 2014.
- Francia emitió licencias de exportación por valor de más de 100 millones de euros en 2014 en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes, misiles y otros artefactos explosivos” y “vehículos terrestres y componentes”. Las exportaciones han incluido más de 100 camiones Sherpa, que se anuncian para uso por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Italia emitió 21 licencias de equipos militares por un valor total de 33,9 millones de euros en 2014, casi la mitad para armas pequeñas. En 2015, Italia envió armas pequeñas y piezas y accesorios afines por valor de más de 4 millones de euros y ya ha registrado la exportación a Egipto de pistolas o revólveres por valor de 73.391 euros en 2016.
- Imponer y aplicar plenamente un embargo vinculante a las transferencias de equipos de seguridad y policiales a Egipto de los tipos de armas empleadas para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos. No hacerlo podría favorecer la infracción de la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, así como la violación de las disposiciones sobre derechos humanos del Tratado sobre el Comercio de Armas.
- Imponer una política de “presunción de denegación” a las transferencias de armas destinadas al uso de las fuerzas armadas y la fuerza aérea de Egipto. Los informes sobre algunos ataques aéreos que han causado muertes y heridas graves no se han investigado de forma efectiva, independiente e imparcial. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante el alzamiento de 2011 y durante el año posterior de gobierno militar tampoco se han investigado efectivamente. No deberá autorizarse ninguna posible exportación a Egipto de estos artículos a menos que una valoración exhaustiva de riesgos para los derechos humanos demuestre que las fuerzas armadas egipcias destinatarias usarán el equipo de forma legítima, incluido el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y salvo que el Estado exportador acuerde con el Gobierno egipcio una garantía vinculante a tal efecto.
- Mantener este embargo y la política de “presunción de denegación” hasta que las autoridades egipcias implanten salvaguardias efectivas para prevenir nuevas violaciones graves por parte de las fuerzas de seguridad y realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas, independientes e imparciales sobre las violaciones cometidas desde el alzamiento de 2011 con el fin de procesar en juicios justos a los responsables de delitos.