Las autoridades bielorrusas deben detener la ejecución de un hombre que ha sido condenado a muerte esta semana por asesinato, ha manifestado Amnistía Internacional. El condenado, un hombre sin hogar de Ucrania, cuyo nombre no se ha indicado, es un recluso a quien se impuso la condena el 30 de abril tras declararlo culpable del homicidio de otro preso en Mahiliou, en el este de Bielorrusia. La condena de muerte entra en vigor el 3 de mayo y podría ejecutarse en los próximos meses.Amnistía Internacional ve con preocupación desde hace mucho tiempo el derecho a un juicio justo en Bielorrusia, único país de Europa y Asia central que lleva aún a cabo ejecuciones. Los condenados a muerte no son informados con antelación del día de su ejecución."La condición de único verdugo de Europa de Bielorrusia es vergonzosa –ha señalado David Díaz-Jogeix, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. Las autoridades deben conmutar de inmediato esta condena de muerte y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital.”El martes fueron condenados dos presos en relación con el asesinato de un tercero por un grupo de reclusos. Ambos cumplen condena por delitos anteriores y, según el fiscal, para uno de ellos la pena acumulada es de muerte.El condenado a muerte es un hombre sin hogar, llegado a Bielorrusia de la región ucraniana de Zhytomyr. No hay mucha información más sobre el caso.Esta es la primera condena de muerte impuesta en Bielorrusia desde el notorio caso de Uladzslau Kavalyou y Dzmitry Kanavalau, quienes fueron condenados en noviembre de 2011 y ejecutados en marzo de 2012."Las autoridades bielorrusas deben proporcionar más información objetiva sobre este caso, en vez de ejecutar esta pena cruel, inhumana y degradante con el acostumbrado secretismo”, ha añadido David Díaz-Jogeix.El secretismo existente en torno a la pena de muerte en Bielorrusia es motivo de preocupación para Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo. Las personas detenidas están expuestas a ser sometidas a tortura para hacerlas “confesar”, y los condenados a muerte no tienen acceso a procedimientos adecuados de apelación. Las ejecuciones se llevan cabo por medio de un disparo en la nuca. Los condenados no son informados de su ejecución hasta unas horas o incluso unos minutos antes. No se devuelven los cadáveres de los ejecutados a sus familias para que los entierren, ni tampoco se informa a éstas del lugar donde se los ha enterrado.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción.
