Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Rey Felipe VI para que en las reuniones bilaterales que va a mantener con las autoridades cubanas, con motivo de la visita de Estado que tiene previsto realizar entre el 12 y el 14 de noviembre próximos, les transmita las siguientes peticiones:
1. Poner en libertad inmediata e incondicional a los seis presos de conciencia de los que tiene conocimiento la organización, encarcelados exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y revocar sus condenas.
Se trata de:
◦ José Guía Piloto, presidente del Partido Republicano de Cuba que cumple una condena de cinco años por “desórdenes públicos” y “desacato”.
◦ Silverio Portal Contreras, ex activista de las Damas de Blanco que cumple cuatro años de condena por “desacato” y “desórdenes públicos”.
◦ Mitzael Díaz Paseiro, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (FNRC-OZT) que, desde 2017, cumple una condena de cuatro años por “peligrosidad”.
◦ Eliecer Bandera Barrera, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que, desde 2015, cumple condena por “peligrosidad” hasta el año 2021.
◦ Edilberto Ronal Azuaga, activista de UNPACU, encarcelado, según los informes, por no pagar una multa.
◦ Y Roberto de Jesús Quiñones Haces, abogado y periodista independiente del sitio web informativo Cubanet, detenido el 11 de septiembre de 2019 tras haber sido declarado culpable en agosto de 2019 de resistencia y desobediencia por el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo.
2. Informar de inmediato a José Daniel Ferrer García de los cargos en su contra o, de lo contrario, lo ponga en libertad.
Ferrer García es el líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Permanece recluido desde el 1 de octubre de 2019 cuando unos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo detuvieron en su casa de Santiago de Cuba. A día de hoy, las autoridades no le han informado oficialmente de los motivos de su detención ni lo habían presentado ante un tribunal. Por tanto, su detención puede ser arbitraria. Mientras tanto deber garantizarse que tiene acceso inmediato a su familia, a un abogado de su elección y a un examen médico adecuado.
3. Cesar el hostigamiento contra los artistas críticos Luis Manuel Otero y Amaury Pacheco “El OmniPoeta” y retirar de la legislación el Decreto 349 que prohíbe toda actividad artística en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura.
Esta norma contraviene no sólo el derecho a la libertad de expresión de quienes desarrollan actividades artísticas en Cuba, sino también el derecho de toda persona a buscar y recibir información e ideas de toda índole.
4. Abolir la pena de muerte para todos los delitos.
Las autoridades cubanas llevan jugando al gato y al ratón con la pena de muerte desde hace años. Públicamente afirman que “Cuba, por filosofía, es contraria a la aplicación de la pena de muerte. Somos favorables a eliminarla, cuando existan las condiciones propicias”. Sin embargo, sigue rechazando las recomendaciones relacionadas con su abolición, y la retiene en su legislación para el homicidio, la amenaza de muerte, violación agravada, terrorismo, secuestro, piratería, narcotráfico, espionaje y traición. El método usual es la ejecución por fusilamiento. Las últimas ejecuciones fueron en 2003, aunque que se sepa no hay condenados a muerte en este momento.
Pese a que ya no hay un Castro en la presidencia del país, no hay grandes cambios en lo que se refiere a los derechos humanos.
Una muestra de ello fue el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (EPU) donde las autoridades cubanas rechazaron una vez más una serie de recomendaciones de los estados miembros para ratificar tratados clave de derechos humanos, para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y alinear sus disposiciones legales al derecho y las normas internacionales; y también declararon abiertamente que a Amnistía Internacional y a otros observadores independientes de los derechos humanos no se les permitiría el acceso a Cuba.
Cuba es el único país de América al que la organización no tiene acceso.
