Arrebatar otra vida no es la manera de garantizar justicia por el asesinato de Salman Taseer, y Pakistán debe declarar de inmediato la suspensión de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Mumtaz Qadri, guardaespaldas del ex gobernador de Punyab, Salman Taseer, ha sido ahorcado hoy en la prisión de Adiala, en Islamabad, tras ser declarado culpable de asesinato. Mumtaz Qadri admitió que había matado a Salman Taseer en enero de 2011 en relación con la oposición del gobernador a la legislación sobre blasfemia en Pakistán.
“Salman Taseer era un valiente defensor de la tolerancia religiosa en Pakistán y su asesino debe ser enjuiciado, pero causar más muertes es una manera deplorable de honrar la vida y el mensaje de Salman Taseer. La pena de muerte es siempre una violación de los derechos humanos, con independencia de las circunstancias o la naturaleza del crimen”, ha afirmado Champa Patel, directora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“Las autoridades han ejecutado a más de 300 personas en poco más de 14 meses. Pakistán debe declarar de inmediato una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición final de la pena de muerte.”Champa Patel
“Aunque es positivo que el gobierno se comprometa a abordar el extremismo religioso y esté tomando medidas proactivas para garantizar que los autores de la violencia comparecen ante la justicia, causar más muertes no hará sino alargar el ciclo de violencia."
Información complementaria
Hoy se han desatado protestas en todo Pakistán por el ahorcamiento de Mumtaz Qadri. Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen que las fuerzas de seguridad evitan recurrir a la fuerza y que sólo lo hacen si los medios no violentos resultan ineficaces para contener los actos violentos o las amenazas de violencia de los manifestantes; si se recurre a la fuerza, se hará en la medida necesaria y proporcionada para contener esa violencia, y centrándose exclusivamente en las personas concretas que representan una amenaza. Deben respetar el derecho a manifestarse de manera pacífica.
Las leyes sobre blasfemia de Pakistán fomentan la intolerancia, y una simple acusación basta en ocasiones para poner a personas en peligro de violencia a manos de nutridos grupos parapoliciales. Todas las personas que viven en el país corren peligro, ya sean musulmanas, cristianas o pertenecientes a otra minoría religiosa. Amnistía Internacional insta a las autoridades paquistaníes a reformar las leyes con carácter urgente para ponerlas en consonancia con las leyes y normas internacionales.
