situar los derechos humanos en el eje central de su política
falta información detallada y desglosada por parte del Gobierno central todavía hay doce casos por atentados de ETA en los que los familiares y afectados desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes
GALun informe del gobierno vasco el 37% de estos casos de los GAL habría quedado sin esclarecer.
víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen
falta una verdadera rendición de cuentas y una adecuada reparación a las víctimas de la tortura. 21 sentencias que condenan a 50 personas 4.009 personas identificadas que denuncian haber sufrido torturas o malos tratos hasta 2014.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desde 2010 ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad
agenda con siete medidas
- Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA, y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL.
- Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura, y otros malos tratos y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha anti-terrorista.
- Que las autoridades, tanto a nivel central como autonómico, incluyendo las judiciales, realicen y colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes de graves abusos y violaciones a derechos humanos durante las últimas décadas y se haga lo posible para procesar a quienes han eludido la acción de la justicia.
- Continuar avanzando en las iniciativas que ya han dado comienzo en el País Vasco en la sistematización de toda la información disponible sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidas durante los años 1960 y 2011. Y pedir al Gobierno central que también recoja y publique datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
- Instar al Gobierno central a revisar la legislación anti-terrorista española (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
- Revisar la Ley de Partidos para eliminar las ambigüedades que pudieran dar lugar a emprender procesos de ilegalización de partidos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica.
- Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
