- Que el Gobierno estatal haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lance un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos.
- Que de manera exhaustiva y unitaria, se recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares.
- Que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación y derecho a garantías de no repetición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, entre otras, sería necesario adecuar la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal a la de la Convención contra la Tortura, o reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el régimen de incomunicación.
- Que se reforme el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de manera imparcial e independiente. Para ello, AI recomienda, tanto a las autoridades vascas como a las autoridades centrales, la creación de un mecanismo independiente de investigación.
