“El gobierno de Colombia no ha garantizado la protección de la población civil, que sigue siendo la parte más afectada por los peores excesos del prolongado conflicto armado interno. Este conflicto ha destruido la vida de millones de personas y afecta diariamente a la vida de un número incalculable de ellas. "
- casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80 por ciento de civiles, entre 1958 y 2012.
- al menos 25.000 víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2012;
- alrededor de 27.000 víctimas de secuestro entre 1970 y 2010;
- más de cinco millones de víctimas de desplazamiento forzoso entre 1985 y 2012.
- las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de personas desplazadas a la fuerza;
- los defensores y las defensoras de los derechos humanos, incluidos sindicalistas y líderes comunitarios;
- las mujeres en peligro de sufrir violencia relacionada con el conflicto.
- Investigaciones completas a cargo de tribunales civiles sobre todos los abusos y violaciones graves de derechos humanos y el procesamiento de todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales delitos.
- Desarticulación real de los grupos paramilitares y sus estructuras de apoyo y ruptura de sus conexiones con sectores de las fuerzas de seguridad.
- Reparación integral a todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
Amnistía Internacional viene denunciando desde hace varios años el apoyo del gobierno a varias medidas legislativas que amenazan con elevar unos niveles de impunidad que ya son altos.
