- Intermedien en la venta y transferencia de equipos de seguridad a países no pertenecientes a la UE, siempre que los acuerdos se hagan fuera de la Unión y los dispositivos no toquen suelo europeo;
- Promuevan abiertamente equipos previamente prohibidos —como las camas jaula (estructuras similares a jaulas montadas en un somier), los materiales para provocar descargas eléctricas destinados a ser llevados sobre el cuerpo o los instrumentos de inmovilización que sujetan a personas a objetos fijos— en ferias y exposiciones de armas de la UE, así como en Internet;
- Comercialicen equipos de seguridad a la policía —como pistolas paralizantes de electrochoque, porras de electrochoque y escudos de electrochoque— totalmente inadecuados para la aplicación de la ley;
- Proporcionen a las fuerzas policiales y militares asistencia técnica inadecuada, como adiestramiento en técnicas que en algunos casos podrían facilitar la tortura y otros malos tratos;
- Introduzcan nuevas tecnologías y dispositivos en el mercado incluso cuando estos podrían usarse en la pena de muerte, la tortura u otros malos tratos.
Las empresas de la UE siguen comerciando con "herramientas de tortura"
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