Garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que los ataques con drones han provocado homicidios ilegítimos y se lleve a los responsables ante la justicia, en juicios públicos y justos, sin recurrir a la pena de muerte. También debe dar a las víctimas de ataques ilegítimos con drones, incluidos los familiares de las víctimas de homicidios ilegítimos, acceso efectivo a la justicia, la indemnización y otros tipos de reparación.
Promover una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en EEUU a nivel federal, como paso previo a su abolición, en línea con la decidida posición abolicionista de España.
Impulsar el cierre de Guantánamo y la liberación inmediata de todos los detenidos a quienes las autoridades estadounidenses no tengan intención de juzgar, la plena rendición de cuentas y la reparación a las víctimas.
Con motivo de la Asamblea General de la ONU sobre la crisis global de refugio el próximo 19 de septiembre y de la cumbre organizada por EEUU sobre el mismo asunto al día siguiente, ambos gobiernos deben promover que la comunidad internacional dé respuesta a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en el mundo.
Además, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que, antes de autorizar nuevas transferencias de armas y otros materiales españoles a Estados Unidos, evalúe si existe un riesgo sustancial de que esas exportaciones se utilicen para cometer homicidios o para que perdure esta situación (en un contexto de un elevado índice de estos delitos) y que adopte medidas para mitigar el riesgo de que armas españolas exportadas a Estados Unidos se usen en crímenes de derecho internacional en los conflictos armados en los que está implicado este país o se reexporten o utilicen para la comisión de delitos.
