ratificación, realizada el 11 de julio por Colombia, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Aunque Colombia ya ha convertido la desaparición forzada en delito penal en virtud de la legislación nacional, aún no lo ha hecho con los crímenes de lesa humanidad.
El uso de la desaparición forzada ha sido durante décadas, y lo sigue siendo, una característica constante en el prolongado conflicto armado de Colombia.
