Ante las noticias que indican que el gobierno de Biden ha autorizado una venta de armas a Israel por un valor de 735 millones de dólares, Philippe Nassif, director de trabajo de incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“La decisión del presidente Biden de autorizar una venta de armas ofensivas a Israel de 735 millones de dólares, teniendo en cuenta las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han perpetrado las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, socava directamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Al suministrar armamento que podría utilizarse para cometer crímenes de guerra, el gobierno de EE. UU. se arriesga a provocar que se acentúen los ataques contra la población civil y que aumente el número de muertes o de personas heridas por dichas armas de fabricación estadounidense”.
“Cientos de civiles, palestinos e israelíes, han perdido ya la vida en este conflicto. El gobierno de Biden debe reconsiderar su decisión de enviar más armas ante tal situación de violación diaria de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y, si es preciso, el Congreso debe oponerse a esta venta”.
Información complementaria
El 9 de mayo, personal investigador de Amnistía Internacional presenció un ataque no provocado de las fuerzas israelíes contra un grupo de manifestantes pacíficos en Sheikh Jarrah, que protestaban a una distancia de al menos 10 metros de las fuerzas israelíes apostadas junto a una vivienda de colonos. Poco después, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque coordinado para dispersar a la multitud de manifestantes palestinos.
Las hostilidades armadas han continuado intensificándose, con ataques por parte de las fuerzas israelíes contra edificios residenciales de Gaza que han causado la muerte de civiles y el lanzamiento de cohetes por parte de grupos armados palestinos contra territorio israelí. Amnistía Internacional considera muy preocupante que este conflicto haya provocado muertes y mutilaciones entre la población civil y la destrucción de hogares. Los ataques deliberados contra la población civil e infraestructuras y bienes civiles son crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga de inmediato un embargo de armas exhaustivo a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos, a fin de evitar nuevas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a manos de cualquiera de las partes en el conflicto. Todos los Estados deben suspender de inmediato todas las transferencias de material, asistencia y munición militar a las partes implicadas, las cuales no han investigado debidamente las violaciones cometidas en conflictos anteriores ni han llevado a sus responsables ante la justicia.
