La demolición por parte de las autoridades israelíes, el 8 de mayo de 2024, de 47 viviendas en Wadi al Jalil, aldea palestina beduina no reconocida del Néguev/Naqab, sin la debida consulta ni indemnización, pone de relieve la urgencia de desmantelar el sistema de apartheid de Israel, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Las órdenes de demolición del barrio de Abu Assa, en Wadi al Jalil, fueron emitidas por las autoridades urbanísticas israelíes en 2019 para dejar paso a la ampliación del trazado de la autopista 6 hacia el sur. Las demoliciones, las mayores que se hayan llevado a cabo en un solo día desde las de Al Araqib en 2010, constituyen el desalojo forzoso de más de 300 residentes de Wadi al Jalil, una de las nueve aldeas no reconocidas en riesgo de desalojo forzoso con el pretexto del desarrollo urbano.
“Las escenas de unidades de policía hipermilitarizadas —incluidas las tristemente célebres Yoav y unidades de la Policía de Fronteras— irrumpiendo en Wadi al Jalil para arrasar las viviendas con excavadoras y confiscar las pertenencias de la población residente son otra escalofriante demostración de la crueldad y las continuas injusticias y violaciones de derechos humanos que las autoridades israelíes cometen contra la ciudadanía palestina de Israel, especialmente la que vive en el Néguev/Naqab”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En lugar de efectuar una consulta significativa a las comunidades locales en un proceso inclusivo de toma de decisiones sobre planificación urbanística, desarrollo de infraestructuras y acceso a la tierra, las autoridades israelíes, en particular la Autoridad Beduina para el Desarrollo y los Asentamientos, siguen utilizando el desarrollo urbano como herramienta para desplazar a la población beduina, privarla de sus derechos y obligarla a ocupar parcelas de tierra cada vez más pequeñas, en lo que constituye una clara ilustración del sistema de apartheid de Israel. Deben poner fin de inmediato a todos los desalojos forzosos y garantizar que las personas afectadas tienen acceso a un recurso efectivo y que se concede una vivienda adecuada a las que se han quedado sin hogar.”
Entre las unidades que participaron en la demolición está Yoav, unidad de la policía creada en 2011 con el objetivo declarado de “hacer cumplir la ley” y detener las construcciones no autorizadas en las localidades beduinas del Néguev/Naqab.
Jabr Abu Assa, residente de Wadi al Jalil cuya casa fue demolida esta mañana, dijo a Amnistía Internacional:
“No podemos detener este plan; la autopista número 6 pasaría por encima de nuestros cuerpos por mucho que nos resistiéramos, así que pedimos a las autoridades una alternativa justa y equitativa: que nos reubicaran en un lugar donde pudiéramos vivir en paz y dignidad, en el barrio de Mtalla, en Tall al Sabe. Sin embargo, la única opción que nos dieron es trasladarnos a un barrio del cercano pueblo de Um al Batin, donde la población local ya ha dicho que no tiene sitio para nosotros y que no somos bienvenidos. Esto significa poner a los unos en contra de los otros; obligarnos a nosotros y a ellos a tener que luchar por los escasos recursos que apenas les alcanzan”.
Abu Assa añadió que ni él ni ninguno de los residentes cuyas casas y otras estructuras fueron demolidas han recibido ningún tipo de indemnización.
“No sabemos adónde ir ahora”
El 31 de diciembre, el Tribunal Supremo israelí rechazó el recurso de los residentes de Wadi Al Jalil contra su traslado forzoso a Umm al Batin, permitiendo a la Autoridad Beduina para el Desarrollo y Asentamiento del Néguev —organismo gubernamental que lleva mucho tiempo sirviendo para afianzar la dominación y opresión de la comunidad beduina— decidir adónde trasladaba a los residentes.
Hussein al Rabayaa, activista comunitario del Néguev/Naqab, dijo a Amnistía Internacional: “Aquí no tienes elección: te niegan el reconocimiento y luego deciden desplazarte, deciden adónde puedes ir, y si protestas y pides una alternativa justa, te dicen que no depende de ti decidir tu propio destino”.
Otro residente del barrio cuya casa fue destruida, dijo a la organización: “No sabemos adónde ir ahora; no podemos trasladarnos a Umm al Batin porque allí no nos quieren; haremos lo que hicieron los residentes de al Araqib: instalaremos una tienda de campaña sobre las ruinas de nuestras casas demolidas, no tenemos otra opción”.
Las demoliciones de Wadi al Jalil se producen menos de un año después de que el Tribunal de Distrito israelí aprobara el desalojo forzoso del pueblo no reconocido de Ras Jrabah para dejar paso a la expansión de la cercana ciudad judía de Dimona. La población de Ras Jrabah sigue inmersa en una batalla legal contra la demolición de su pueblo.
“Las autoridades israelíes deben poner fin a la discriminación y opresión sistemáticas que sufren estas comunidades, con medidas como abandonar la práctica de los desalojos forzosos y la política de demolición de viviendas. En su lugar, deben reconocer las aldeas y derogar todas las leyes, políticas y prácticas diseñadas para desposeer a la comunidad, incluidos los procesos urbanísticos”, afirmó Heba Morayef.
Información complementaria
A lo largo de los años, las autoridades israelíes han empleado numerosos pretextos para impulsar el desplazamiento y la segregación de la comunidad beduina del Néguev/Naqab; desde la ampliación de autopistas a la construcción de zonas industriales, pasando por el establecimiento de bosques para el Fondo Nacional Judío y la designación de zonas militares.
El informe de Amnistía Internacional de 2022 sobre el sistema de apartheid israelí expone cómo las leyes discriminatorias de urbanismo y zonificación están concebidas para aumentar al máximo las tierras y los recursos para la población israelí judía a expensas de la palestina tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados.
