Madrid.- Tras las recientes informaciones de que una niña de 16 meses que permanece hospitalizada por haber dado positivo por coronavirus es una residente de Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, Amnistía Internacional vuelve a mostrar su preocupación por la situación en estos centros, que no se encuentran en condiciones adecuadas para garantizar la salud de las personas que viven en ellos. A la organización le preocupa que, por un lado, en estos centros para migrantes y refugiados de Ceuta y Melilla tengan que convivir, en condiciones que no garantizan la protección frente al contagio, personas de perfiles vulnerables (como personas con VIH, enfermos oncológicos, entre otros) con otras que han podido ser previamente contagiadas.
Por otro lado, AI denuncia el problema de hacinamiento que existe en el caso del CETI de Melilla. Éste alberga ahora mismo a 1.753 personas (el triple de lo que puede, que son 580), poniéndose así en riesgo la salud de quienes habitan en él, por no poderse cumplir diligentemente con las advertencias de precaución de las autoridades sanitarias ni con los protocolos a seguir en caso de contagio. En el caso de Ceuta, a pesar de que los recientes traslados a la península han aliviado un poco la ocupación (en el centro conviven ahora mismo 464 personas, por debajo de su capacidad para un total de 512), existen los mismos riesgos.
La organización ha exigido una vez más al Ministerio de Interior, que se aceleren los trámites de traslado de estas personas a la península, especialmente de aquellas que pueden sufrir las peores consecuencias de la pandemia, bien por vulnerabilidades físicas, bien por vulnerabilidades sociales, y que sean acogidas en condiciones adecuadas. Además, ha pedido al Ministerio de Sanidad que se coordine con Interior para cumplir con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la la salud de todas las personas.
"Las autoridades no deberían esperar a que se produzca un contagio en estos lugares, sino anticiparse y tomar medidas para proteger a todas las personas sin discriminación, especialmente a quienes se encuentran en especial vulnerabilidad, como son las posibles personas de riesgo que están en los centros”, señala Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. “Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no quedan "congelados" en un momento de pandemia, al contrario, el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis; no dejar a nadie atrás", añade Virginia Álvarez.
Amnistía Internacional, que ha denunciado desde hace años las condiciones de los CETIs, asegura que en estos momentos los centros, convertidos en lugares cerrados de los que las personas no pueden salir excepto por situación médica urgente, no cumplen las condiciones para actuar diligentemente en caso de contagio. "El hacinamiento y la masificación incrementan el riesgo de contagio ya que no se pueden mantener las distancias de seguridad propuestas por las autoridades ni las condiciones de higiene necesarias para contener la expansión del virus", señala la organización.
Amnistía Internacional lamenta especialmente la situación de las personas de riesgo, como pueden ser aquellas que padecen enfermedades oncológicas, VIH, u otras con necesidades especiales, y también la de otros colectivos. “En estos momentos, en el CETI de Melilla hay más de 200 niños y niñas, que, aunque no son población de riesgo, sí que tienen necesidades específicas, como que se garantice la continuidad de su educación en las mismas condiciones que el resto de menores en España. Además, hay otras 200 mujeres, algunas de ellas embarazas o madres solas, algunas supervivientes de violencia sexual o de género, además de otros colectivos como LGBTI”, advierte Virginia Álvarez. "También es preocupante que a las personas admitidas a trámite como solicitantes de asilo no se les está permitiendo salir, sino que, como ya veníamos denunciando desde hace tiempo en Amnistía Internacional, tienen que esperar meses para poder trasladarse a la península".
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Incluso en el contexto de la pandemia, debe respetarse el derecho a solicitar asilo y la obligación de los Estados de no devolver a las personas a lugares donde puedan correr el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos (el principio de no devolución). En lugar de suspender o negar el derecho a solicitar asilo durante la pandemia, las autoridades deben abordar los problemas de salud pública que involucran a los y las solicitantes de asilo a través de medidas alternativas, como cuarentenas, aislamiento y pruebas.
Amnistía Internacional, que ha lanzado un decálogo sobre cómo afrontar esta crisis sanitaria en materia de derechos humanos, tiene también en marcha una campaña, dirigida al Ministerio de Sanidad, para exigir que se garantice la protección de todo el personal sanitario que está combatiendo en España la pandemia.
