El Parlamento húngaro ha derogado por fin la “LexNGO” de 2017, la ley que estigmatizaba y dificultaba el trabajo de la sociedad civil en Hungría. Sin embargo, preocupa el hecho de que, al mismo tiempo, haya introducido nuevas medidas que amenazan la labor de las ONG. En respuesta a la noticia, el director de Amnistía Internacional Hungría, Dávid Vig, ha declarado:
”Hoy es un gran día porque hemos demostrado que, mediante la resiliencia y la perseverancia, podemos cambiar las cosas. Hemos luchado durante años, junto con otras ONG de Hungría, contra las campañas difamatorias y hoy, por fin, presenciamos la retirada de una ley que nunca debería haber sido aprobada".
Esta retirada se produce más de 10 meses después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se declaraba que la ley húngara sobre ONG infringía las leyes de la Unión Europea sobre la libre circulación de capital, así como el derecho fundamental de la UE sobre el respeto de la vida privada, la protección de datos y la libertad de asociación.
”Lamentablemente, no es hora de descansar: las nuevas medidas representan un nuevo desafío. Nos preocupa que las enmiendas recién introducidas puedan facultar a la Oficina de Auditoría del Estado para auditar selectivamente a ciertas ONG e imponer a éstas una carga administrativa innecesaria a fin de dificultar al máximo su labor. Nos preocupa especialmente que se impongan a ONG que critican al gobierno".
“Las ONG en Hungría ya deben cumplir el requisito de funcionar de forma transparente, por lo que tememos que este sea un nuevo intento de estigmatizar y aplastar a las organizaciones críticas.Reiteramos nuestro compromiso de luchar contra cualquier ley o medida que ponga en peligro la labor esencial de la sociedad civil, y pedimos al gobierno que garantice un entorno en el que las ONG puedan llevar a cabo su trabajo esencial con libertad e independencia”.
Información complementaria
La ley, presentada y aprobada sin consulta previa de ningún tipo, exige que la Oficina de Auditoría del Estado informe cada año de la situación económica de ONG que “influyan en la opinión pública” y podría facultar a la autoridad para auditarlas selectivamente. Además, discrimina a determinadas ONG, ya que están exentas de cumplir la ley las organizaciones de carácter religioso o deportivo y las de minorías nacionales.
