Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación
Amnistía Internacional exige una serie de responsabilidades a los gobiernos para quegaranticen la protección contra la violencia, la explotación y la coerción de manera que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades.
Amnistía Internacional refuerza de esta manera su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos
La investigación
Noruega
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Hong Kong
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Papúa Nueva Guinea
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La posición de Amnistía Internacional
La posición de Amnistía Internacional ante la situación que sufren trabajadoras y trabajadores
- Garantizar que todas las personas tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo
- Eliminar los estereotipos de género perjudiciales y todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que puedan llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales en cantidad desproporcionada
- Reformular las leyes relativas al trabajo sexual para eliminar los delitos de carácter muy general que criminalizan la mayoría de los aspectos –si no todos– del trabajo sexual y convertirlas en leyes que brinden protección frente a la coacción (incluida la trata de personas) y los actos de explotación y abuso y prevengan la participación de niños y niñas en el comercio sexual.
- Eliminar la regulación penal y cualquier otra regulación punitiva del trabajo sexual con consentimiento entre personas adultas, ya que refuerzan la marginación, el estigma y la discriminación y pueden negar a las personas que se dedican al trabajo sexual el acceso a la justicia bajo el amparo de la ley.
- Garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes y políticas que afectan directamente a su vida y su seguridad.
- Garantizar marcos efectivos que permitan a las personas abandonar el trabajo sexual cuando así lo decidan.
- Garantizar que las trabajadoras y los trabajadores sexuales gozan de igualdad de acceso a la justicia, la atención médica y otros servicios públicos, e igualdad de protección ante la ley.
- Un informe de 2010 sobre la violencia contra las mujeres en Uganda, en el que la organización denunció casos de mujeres a quienes dijeron que, como vendían sexo "lo estaban pidiendo", y que "una prostituta no puede ser violada".
- Una declaración pública de 2012 en la que se pedía a Grecia que pusiera fin a la criminalización y el estigma de unas presuntas trabajadoras sexuales que habían resultado ser seropositivas.
- Un informe de 2014 sobre el uso de la tortura en Nigeria y el modo en que la policía acosaba en particular a las personas dedicadas al trabajo sexual para extorsionarlas y violarlas.
- Una Acción Urgente de 2014 sobre los ataques y homicidios de trabajadoras sexuales en Honduras
- Una Acción Urgente de 2014 sobre el desalojo y los abusos de la policía contra personas dedicadas al trabajo sexual en Brasil
- Un informe de 2015 sobre Túnez, donde se explicaba que las personas dedicadas al trabajo sexual están expuestas a sufrir explotación sexual, chantaje y extorsión, fundamentalmente de la policía.
