Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte 2023, que se celebra el 10 de octubre,Amnistía Internacional destaca en un nuevo informe el uso de la pena de muerte por delitos de drogas, cuya aplicación se efectúa de forma discriminatoria y es ilegítima en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. A pesar de ello, en los últimos años se han llevado a cabo centenares de ejecuciones por delitos de drogas, las cuales han afectado de forma desproporcionada a quienes proceden de sectores marginados de la sociedad y a menudo se han derivado de procedimientos que violaban las normas internacionales que garantizan un juicio justo.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los gobiernos de los países que aún mantienen este cruel castigo para que declaren de inmediato una suspensión oficial de todas las ejecuciones, como primera medida para la abolición total de la pena de muerte; y a los gobiernos de todo el mundo para que abandonen las respuestas punitivas a las drogas y adopten alternativas que protejan mejor los derechos humanos y la salud pública.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.>

Aumento de las ejecuciones extralegales por delitos de drogas

En espera de su abolición total, el derecho internacional de los derechos humanos restringe la imposición de la pena de muerte a “los delitos más graves”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado con autoridad que esta restricción se refiere únicamente al homicidio intencional y excluye categóricamente los delitos de drogas.

Resulta alarmante que, en contravención de esta clara prohibición, 36 países conserven aún en su legislación la pena de muerte para castigar delitos de drogas. Amnistía Internacional ha registrado más de 700 ejecuciones por estos delitos en el periodo 2018-2022. En 2022, las 325 ejecuciones relacionadas con las drogas representaron el 37% del total mundial conocido y duplicaron con creces las 134 contabilizadas en 2021.

En los últimos años, se han registrado ejecuciones por delitos de drogas en unos pocos países. En 2022, las 255 ejecuciones relacionadas con las drogas efectuadas en Irán constituyeron el 78% del total confirmado por estos delitos en todo el mundo. Arabia Saudí reanudó las ejecuciones por delitos de drogas en 2022, tras —según la Comisión Saudí de Derechos Humanos— haber observado un paréntesis de 2 años. En 2022, se condenó a muerte por delitos de drogas a 57 personas, aproximadamente un tercio de las 196 ejecuciones totales.
Amnistía Internacional ha podido confirmar ejecuciones por estos delitos también en Singapur, donde, en el periodo de 18 meses comprendido entre finales de marzo de 2022 y septiembre de 2023, se llevaron a cabo 16 ejecuciones, todas ellas relacionadas con las drogas; en China, donde las cifras de la pena de muerte están rodeadas de secretismo, fue imposible efectuar una evaluación precisa. Amnistía Internacional cree que las autoridades vietnamitas también han llevado a cabo ejecuciones relacionadas con las drogas en los últimos años, pero no ha podido obtener confirmación suficiente.>

Las cifras confirmadas en el primer semestre de 2023 dibujan un panorama igualmente desconcertante. Entre enero y finales de mayo de 2023, las autoridades de Irán han ejecutado a 282 personas, cifra que casi duplica las ejecuciones registradas en los 5 primeros meses de 2022. De ellas, al menos 173 han sido por delitos de drogas. En la primera mitad del año, en Arabia Saudí se registraron 54 ejecuciones, incluidas penas por delitos de drogas. El 27 de julio, Kuwait ejecutó a cinco personas, entre ellas un ciudadano de Sri Lanka condenado por un delito de drogas.

Guerra contra las drogas, guerra contra los derechos humanos

La pena de muerte se ha utilizado en varios países como instrumento del enfoque de “tolerancia cero”, altamente punitivo, que ha dominado la lucha mundial para atajar el consumo y la venta de drogas. Sin embargo, en numerosos estudios ha quedado patente que la pena de muerte no tiene un especial efecto disuasorio único sobre la delincuencia. En los últimos años, muchos Estados también han reconocido que este marco punitivo no ha cumplido su promesa de proteger la salud y los derechos de las personas frente a los riesgos que suponen las drogas.

Las décadas de prohibición y criminalización han socavado los derechos de millones de personas y han dejado un legado de violencia, enfermedades y otros graves riesgos para la salud, encarcelamiento masivo, sufrimiento y abusos. Además de la pena de muerte, la “guerra contra las drogas” ha dado lugar a abusos policiales, discriminación, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud.

Amnistía Internacional se ha sumado a muchas otras organizaciones de la sociedad civil para pedir un cambio de paradigma en las respuestas de los Estados a los problemas asociados a las drogas, instándolos a tomar medidas que aborden las desigualdades sociales y promuevan la justicia social y los derechos económicos, sociales y culturales. Entre otras, la organización ha pedido a los Estados que procedan a abolir la pena de muerte; que despenalicen el consumo de drogas y la posesión, el cultivo y la compra de todas las drogas para consumo personal; que amplíen los servicios de salud y otros servicios sociales para abordar los riesgos relacionados con el consumo de drogas; y que pongan en práctica alternativas a la penalización de delitos menores y no violentos relacionados con las drogas que no causen perjuicio a otras personas.

A pesar de los abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos en nombre de la “guerra contra las drogas”, los mecanismos internacionales de control de drogas —como la Comisión de Estupefacientes (CND) y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD)— han fracasado en gran medida a la hora de garantizar que las políticas sobre drogas se apliquen de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque muchos organismos, agencias y expertos de la ONU han reafirmado en numerosas ocasiones la total oposición de Naciones Unidas a la pena de muerte, incluso por delitos de drogas, la CND aún no ha adoptado una postura oficial contra este cruel castigo. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a todos los mecanismos internacionales de control de drogas —incluidas la CND y la ONUDD— para que incorporen sistemáticamente los derechos humanos en su labor. En particular, la organización pide a la CND que establezca un punto permanente en su programa de trabajo para abordar el impacto sobre los derechos humanos de las políticas relacionadas con las drogas; y a la ONUDD que garantice que los derechos humanos forman parte de su labor de vigilancia, incluso mediante un capítulo específico sobre derechos humanos en el Informe Mundial sobre las Drogas que publica anualmente.

Juicios injustos, condenas a muerte arbitrarias

En muchos casos en los que se ha aplicado la pena de muerte por delitos de drogas, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones del derecho a un juicio justo y de otras salvaguardias establecidas para proteger a las personas frente a la privación arbitraria de la vida. Las investigaciones de Amnistía Internacional han demostrado que, en muchos casos, la policía interroga a las personas detenidas bajo sospecha de haber cometido un delito de drogas en ausencia de asistencia letrada, lo que las expone a un mayor riesgo de ser objeto de tortura u otros malos tratos. En Malasia, por ejemplo, Amnistía Internacional descubrió lagunas en la asistencia letrada gratuita en los casos de pena de muerte, que dejaban a muchas personas sin acceso a un abogado o abogada de su elección, sobre todo a personas extranjeras que no contaban con representación en el momento de su detención, o durante la prisión preventiva antes de que se presentaran cargos. En Irán, las ejecuciones por delitos relacionados con drogas eran muchas veces consecuencia de investigaciones deficientes de la policía antidroga de Irán y otros cuerpos de seguridad. Los juicios por delitos de drogas se celebran ante Tribunales Revolucionarios y son manifiestamente injustos: a quienes se enfrentan a la pena de muerte se les niega el derecho a acceder a representación letrada legal y se utilizan “confesiones” forzadas, obtenidas bajo tortura, como prueba para declararlas culpables.

El mantenimiento de presunciones legales de culpabilidad en Brunéi Darussalam, Malasia y Singapur también ha convertido los juicios en injustos, dado que contravienen el derecho a la presunción de inocencia. Estas presunciones, cuando se invocan, permiten a la fiscalía inferir automáticamente la culpabilidad, sin tener que demostrar que las drogas encontradas en objetos o locales bajo su responsabilidad pertenecieran a la persona acusada; ni que dicha persona tuviera conocimiento de las drogas cuando fue descubierta en posesión de ellas; ni que tuviera intención de traficar con drogas, cuando las cantidades en su posesión superan el mínimo constitutivo de delito Cuando se invocan estas presunciones legales, la carga de la prueba se traslada a la persona acusada para ser rebatida según la norma jurídica más elevada del “mayor grado de probabilidad”, con el efecto de rebajar el umbral probatorio necesario para dictar una sentencia condenatoria en casos de pena de muerte.
Además, algunos países —entre ellos Brunéi Darussalam, Irán y Singapur— mantienen la pena de muerte como castigo obligatorio para algunos delitos de drogas. La pena de muerte obligatoria no permite a los jueces considerar en la sentencia ninguna circunstancia atenuante respecto del delito o la persona, por lo que viola el derecho y las normas internacionales. En Singapur, los jueces disponen de cierta discrecionalidad a la hora de imponer condenas cuando el papel de la persona acusada se limita a transportar drogas (“correo”), si se determina que ésta tiene alguna discapacidad mental o intelectual que afecte sustancialmente a su responsabilidad mental por el delito, o si la fiscalía emite un certificado de colaboración sustancial para “desarticular actividades de narcotráfico”. Este último requisito traslada de hecho la decisión de la condena a la fiscalía, la cual no es parte independiente ni imparcial en el proceso judicial, por lo que añade una capa adicional de arbitrariedad e injusticia a los procedimientos.>

Capas de discriminación entrecruzadas

Las violaciones sistémicas de los derechos humanos asociadas con la pena de muerte se ven a menudo agravadas por múltiples capas de discriminación entrecruzadas, que afectan a la justicia penal que reciben quienes se enfrentan al exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Como destaca el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “[t]oda privación de la vida que obedezca a una discriminación de hecho o de derecho es, ipso facto, de carácter arbitrario”.

Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en los que quienes se enfrentan a la pena de muerte por delitos de drogas han sufrido discriminación, sobre todo debido a su situación socioeconómica. A causa de su origen socioeconómico marginado y desfavorecido, muchas personas corrían un mayor riesgo de explotación y violencia. En muchos casos, se las condenó por poseer y transportar cantidades relativamente pequeñas de drogas sin haber cometido ninguna forma de violencia ni estar implicadas en ella. Por ejemplo, la investigación de Amnistía Internacional sobre Malasia sacó a la luz a varias personas acusadas que afirmaban haber sido obligadas o animadas a traficar con drogas por parte de su pareja u otras personas conocidas, o por su falta de medios económicos. Dada su posición en lo más bajo de la escala del tráfico de drogas, muchas de las personas condenadas a muerte tenían poco o ningún control sobre las drogas y cantidades que se les pedía transportar, al igual que poca o ninguna información sobre el origen o destino de los paquetes que se les indicaba entregar. Esta situación aumentaba la exposición al riesgo de pena de muerte de quienes transportaban drogas —incluidas las mujeres, cuya representación era desproporcionada en el corredor de la muerte por delitos de drogas—, al carecer de información que proporcionar a las autoridades acerca de quienes ocupaban puestos más altos en la jerarquía de las redes delictivas de narcotráfico y así evitar la condena a muerte. Las recientes reformas legislativas en Malasia han convertido la aplicación de la pena de muerte para delitos de drogas en algo totalmente discrecional, habiéndose derogado también el requisito de colaborar con las autoridades para evitar la pena de muerte obligatoria. Sin embargo, aún está por ver el impacto de las reformas y cómo se aplicará la discrecionalidad a las condenas

Amnistía Internacional ha descubierto también que muchas de las personas acusadas de delitos de drogas tenían escasos medios o ningunos para costearse la asistencia letrada tras su detención, lo que las exponía a un mayor riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos para extraerles “confesiones” forzadas. Familias de las personas ejecutadas por delitos de drogas han referido a la organización que muchas veces han encontrado dificultades para permitirse la asistencia letrada y que luego han tenido que sufrir las terribles consecuencias económicas de perder al sostén de la familia y quedar fuertemente endeudadas por los gastos judiciales. Entre ellas, había miembros de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluchi de Irán, a la que pertenecían aproximadamente el 20% de las personas ejecutadas registradas, si bien sólo el 5% de la población iraní forma parte de ella.
Las personas extranjeras, que constituyen una proporción significativa de las condenadas a muerte y ejecutadas por delitos de drogas, también han estado en mayor situación de desventaja ante los sistemas de justicia penal de otros países. El derecho internacional de los derechos humanos ofrece a los ciudadanos y ciudadanas fuera de su país protecciones adicionales de asistencia consular y lingüística, pero estas personas pueden verse en desventaja según la voluntad de mantener estas salvaguardias que tenga el país de detención, así como en función de si el país de nacionalidad proporciona o no asistencia consular y de la eficacia de la posible asistencia consular o letrada proporcionada.>