En respuesta a la votación realizada hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de internacionalizar la cooperación sobre cuestiones tributarias y trabajar para lograr un tratado sobre materia fiscal, Riva Jalipa, asesora de Amnistía Internacional sobre fiscalidad y derechos humanos, ha declarado:
“Cada año se pierden cientos de miles de millones de dólares en las agresivas tácticas de elusión y evasión fiscal llevadas a cabo por empresas e individuos, lo que obstaculiza la capacidad de los Estados de maximizar sus recursos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, y perjudica desproporcionadamente a los sectores más pobres y vulnerables de las sociedades”.
“Esta votación es un paso crítico hacia una reforma muy necesaria del sistema fiscal internacional y abre el camino a un tratado que se necesita urgentemente para abordar las pérdidas estimadas de 500.000 millones de dólares estadounidenses cada año a causa de los abusos fiscales.
“En última instancia, un tratado debería generar más recursos para la financiación climática y de desarrollo, para recuperar y devolver los bienes robados y para mejorar las instituciones públicas. Sin él, la elusión y evasión fiscal seguirán teniendo un efecto corrosivo en las sociedades, erosionando la confianza, socavando la integridad económica, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible.”
“Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se sitúen los derechos humanos en el núcleo de cualquier proceso de reforma fiscal internacional y de un posible tratado. Esto garantizará que las actuales obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos sirven de guía y de base tanto para las negociaciones como para el resultado.”
Información complementaria
La resolución aprobada por los Estados en la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Nacionales Unidas pide un proceso de dos pasos para negociar una convención marco de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en cuestiones de tributación. La resolución fue propuesta por Nigeria y contó con un respaldo abrumador, a pesar de la oposición de algunos de los países con ingresos más altos, como Estados Unidos y Reino Unido.
En primer lugar, un comité acordará los términos de referencia para negociar una convención, lo que estará finalizado para el otoño de 2024.
En la segunda fase, se negociará un tratado. La resolución acordó tener en cuenta las necesidades, prioridades y capacidades de todos los países, en especial los países en desarrollo y los países en situaciones especiales. Aunque en 2021 se logró un acuerdo fiscal bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ni el proceso ni los resultados han sido lo suficientemente inclusivos y justos, especialmente en lo que se refiere a los países que no son miembros de la OCDE.>
