- Otorga poderes muy amplios que dan lugar a una vigilancia masiva indiscriminada. El borrador de la ley permite la interceptación “no individualizada” de todas las comunicaciones electrónicas (tanto metadatos como contenidos de mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas y otras comunicaciones, como las resultantes de la informática en la Nube) enviadas o recibidas desde el extranjero, así como la explotación de estas comunicaciones en un conjunto de circunstancias prácticamente ilimitado.
- Contiene periodos desproporcionadamente largos de retención de la información reunida. La nueva ley ampliaría aún más el periodo de retención, ya de por sí injustificadamente largo, de la información reunida, y no parece abordar el periodo de retención de las comunicaciones en sí.
- Elimina la autorización judicial previa. Al igual que la ley adoptada en julio, este nuevo proyecto de ley no prevé la autorización judicial de la vigilancia. Además, socava aún más las garantías contenidas en la ley, ya que elimina por completo el papel de control de la autorización de las medidas de vigilancia que, aunque muy débil, desempeñaba previamente la Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Investigación (CNCTR).
- No define las técnicas de vigilancia permitidas, que podrían incluir el uso de métodos muy invasivos para hacerse con el control total del equipo informático o el teléfono de una persona.
- Guarda silencio respecto a una serie de cuestiones fundamentales, como los posibles acuerdos de intercambio de información con países extranjeros.No deja claro si amplía o no su interceptación de las comunicaciones realizadas fuera de las fronteras territoriales francesas. No aclara en absoluto si las actividades de las agencias de inteligencia en el extranjero, incluida la interceptación de comunicaciones fuera del país, se basarían en este nuevo proyecto de ley o permanecerían esencialmente no reguladas.
- Es inherentemente discriminatorio. La ley brindaría distintos niveles de protección dependiendo de la ubicación de la persona afectada por las medidas de vigilancia. Este nuevo proyecto de ley ofrece un nivel inferior de protección de los derechos humanos por el mero hecho de que una comunicación cruce fronteras, pero además establece un conjunto aún menor de protecciones dependiendo de la ubicación de la persona en cuestión.
“Si se aprueba esta legislación, todas las personas que vivan en el extranjero y estén investigando posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado francés o una empresa francesa podrían encontrarse con que sus comunicaciones están siendo sometidas a una interceptación intrusiva”, ha manifestado Sherif Elsayed-Ali.
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