Han sido destruidas al menos 800 viviendas y se calcula que se ha desalojado de sus hogares a 1.165 familias desde que el ejército egipcio comenzó a despejar la zona tras un mortal ataque llevado a cabo el 24 de octubre de 2014
El plan de ampliar la zona de seguridad no debe ser causa de nuevos desalojos forzosos –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. No pueden pisotearse sin más los derechos humanos de la población del norte del Sinaí en nombre de la seguridad.
“Jamás me comunicaron los planes de desalojoMe enteré por la televisión
La rápida transformación del Sinaí en un “agujero negro”
Se ha impuesto también en todo el norte del Sinaí un bloqueo informativo para que los medios de comunicación no hablen de las demoliciones y los desalojos forzosos ni de ninguna otra operación militar.
Periodistas afectados han explicado a Amnistía Internacional que han tenido problemas para informar de las violaciones de derechos humanos cometidas en Rafá debido al toque de queda, que restringe gravemente su libertad de circulación.
“Incluso si llegas allí, los habitantes se niegan a hablar, porque temen que el ejército los persiga o los amenace”, ha explicado un reportero a Amnistía Internacional.
El Consejo de Estado está examinando, para su aprobación por el gobierno, un nuevo proyecto de ley que prohíbe publicar noticias sobre el ejército, así como divulgar documentos o estadísticas de índole militar sin consentimiento previo por escrito, con que queda totalmente al margen del escrutinio público.
Todo aquél que infrinja la ley se enfrentará hasta a cinco años de cárcel. Y se impondrán penas aún más severas, de hasta 15 años, si el “delito” se comente en tiempo de guerra o de estado de excepción.
“Esta ley representará un duro golpe a la libertad de prensa en Egipto –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui–. Los medios de comunicación son una de las pocas formas que tienen los habitantes de la zona para denunciar libremente las injusticias o los abusos de las autoridades. El Sinaí se está transformando rápidamente en un agujero negro donde cometer violaciones de derechos sin temor a que se sepa.
El gobierno egipcio tiene un lamentable historial de juicios de civiles ante tribunales militares, en muchos casos de periodistas que informaban sobre el Sinaí. En septiembre de 2013 fue detenido Ahmed Abu Deraa, corresponsal del periódico egipcio Al Masry Al Youm, y en enero de 2013, Mohamed Sabry, periodista independiente que estaba haciendo un reportaje para la agencia de noticias Reuters. Ambos fueron juzgados ante tribunales militares, que les impusieron sendas condenas condicionales de seis meses de prisión.
En virtud de una nueva ley aprobada el mes pasado, los bienes públicos clave se consideran instituciones militares, y todo delito contra ellos se enjuiciará ante tribunales militares. La ley prepara el terreno a la celebración de juicios militares masivos de civiles, entre ellos manifestantes pacíficos, estudiantes universitarios y, posiblemente, periodistas.
Información complementaria
En los últimos meses han aumentado en el norte del Sinaí los ataques de grupos armados contra las fuerzas de seguridad, que han sufrido 238 bajas mortales en la zona desde el 3 de julio de 2013, según declaraciones oficiales.
