Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben condenar las violaciones a derechos humanos y crímenes del derecho internacional por parte de agentes de la fuerza pública colombiana, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta.
“La comunidad internacional no puede ser un mero espectador ante la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia. A los Estados miembros de la OEA el principio de responsabilidad compartida de garantizar derechos humanos les exige actuar,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En la carta enviada a los Estados miembros de la OEA, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por su silencio hasta el presente sobre la situación de Colombia.
Desde el inicio de las manifestaciones el 28 de abril, Amnistía Internacional ha mantenido un constante monitoreo de la situación de derechos humanos en Colombia. A la fecha, organizaciones de la sociedad civil colombiana estiman que 43 personas han perdido la vida a manos de la fuerza pública, además de 1.445 casos de detenciones arbitrarias, 47 personas con lesiones oculares, y 22 casos de violencia sexual, entre otros.
Son constantes las denuncias de violaciones de derechos humanos y la violencia perpetrada por civiles armados, con frecuencia coludidos con la policía en contra de personas que protestan. En Cali, ciudad que se ha convertido en uno de los epicentros de las manifestaciones, desde el viernes 28 de mayo habrían muerto 14 personas y 98 habrían resultado heridas en el contexto de la represión y la violencia.
“Ante las múltiples violaciones de derechos humanos denunciadas desde Cali, y otras localidades, este fin de semana, la respuesta militarizada del presidente Iván Duque envía un mensaje equivocado y complaciente de que las violaciones de derechos humanos son toleradas,” concluyo Erika Guevara Rosas.
Teniendo en cuenta que la OEA representa el foro multilateral por excelencia de las Américas, Amnistía Internacional hace un llamado para que desde este foro se adelanten todas las gestiones, al más alto nivel, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuente con la anuencia de las autoridades colombianas para llevar una vista in situ, y posterior a su visita, rinda informe a los órganos políticos de la OEA.
