Con cifras cada vez más elevadas de personas infectadas y muertes por COVID-19, es extremadamente grave la omisión de datos acumulados sobre esta pandemia en la información difundida por el Ministerio de Salud, ha señalado Amnistía Internacional Brasil. Desde el comienzo de la crisis, hemos alertado sobre la ausencia de medidas adecuadas por parte del gobierno federal para afrontar esta crisis. Esconder datos y hechos no es la respuesta que esperamos para superar esta situación.
En mayo, Amnistía Internacional Brasil, junto con más de 35 organizaciones de derechos y movimientos sociales, lanzó la campaña Nuestras Vidas Importan. El objetivo de la campaña es que las autoridades brasileñas den respuestas adecuadas e inclusivas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 sin dejar atrás a la población más vulnerable.
En las recomendaciones de la campaña, señalamos el deber del Ministerio de Salud y de las secretarías estatales y municipales de salud de garantizar la adecuada recopilación de datos sobre los casos de síndrome gripal y síndrome respiratorio agudo grave. Asimismo, las autoridades sanitarias deben garantizar que las declaraciones de defunción se registran de manera cualificada e incluyen información sobre raza/color de piel, etnia, género e identidad de género, dirección y/o comunidad a la que pertenecían las personas fallecidas a causa de la COVID 19.
La campaña señala también el deber de dichas autoridades de anotar el lugar en el que se ha atendido a cada persona infectada, especificando el centro médico público o privado correspondiente y la ocupación de las personas atendidas, con el propósito de documentar y dar visibilidad a las posibles desigualdades en el acceso a la atención de la salud, lo que facilita el diseño de estrategias para garantizar la igualdad de acceso.
En cuanto al análisis y la divulgación de datos, la campaña subraya que las autoridades sanitarias deben garantizar que contengan los datos desglosados, para permitir el control por parte de los diversos órganos de supervisión y de la sociedad civil y los movimientos sociales.
La recopilación, el análisis y la divulgación de dichos datos, así como la transparencia en la gestión de la información, son fundamentales para las propuestas y la planificación de políticas de emergencia, como la construcción de hospitales de campaña, la reubicación de profesionales y equipos en las regiones más vulnerables, las medidas de confinamiento, el distanciamiento social y la formulación de medidas graduales de retorno a la convivencia social.
Las autoridades brasileñas tienen la obligación de ser transparentes en la divulgación de los datos de la pandemia que son de interés público. La medida dictada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entiende que la reanudación de dicha divulgación está amparada por el artículo 37 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: “La Administración pública, directa, indirecta o institucional de cualquiera de las Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia”
Las poblaciones vulnerables para las que exigimos una respuesta a la COVID-19 son: las personas residentes en favelas, las mujeres, las personas indígenas, las personas LGBTQI —especialmente las personas trans—, las personas quilombolas, migrantes y refugiadas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas mayores, las niñas y niños y adolescentes pertenecientes a estos grupos, la población negra y las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia y del sector informal.
