La disputa por el puesto de Presidente de la República en Brasil terminó en la noche del domingo 30 de octubre. Según la información oficial publicada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el candidato Luiz Inácio da Silva fue elegido con el 50,90% de los votos, frente al 49,10% del candidato a la reelección, Jair Messias Bolsonaro. Los votos en blanco y nulos representaron el 4,59% del total.
Amnistía Internacional advierte que los derechos humanos deben ser una prioridad en el período de transición de gobierno.
La votación del domingo 30 de octubre fue el reflejo de unas elecciones marcadas por las amenazas a los derechos civiles de las personas brasileñas. Hubo serias quejas de que la Policía Federal Vial no cumplió con decisiones del TSE y realizó al menos 560 operativos de inspección contra vehículos que realizaban transporte público de votantes el domingo.
Además de impedimentos al libre tránsito de la ciudadanía, las elecciones estuvieron marcadas por la difusión de noticias falsas, declaraciones del presidente Jair Bolsonaro y la actuación de otros poderes públicos que generaron inseguridad sobre la integridad de las instituciones del Estado y el respeto al curso legal de las elecciones. Los episodios de violencia política fueron recurrentes.
Las personas denunciaron acoso electoral en sus lugares de trabajo, los miembros de comunidades religiosas denunciaron situaciones de coacción por manifestarse en defensa de los derechos humanos, personas candidatas y ciudadanas comunes sufrieron agresiones físicas o fueron asesinadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. También se cuentan personas periodistas que fueron agredidas e intimidadas y hubo comunidades indígenas fueron privadas de su derecho a la participación política.
Este escenario apunta a retos que van más allá del periodo electoral y que suponen riesgos para los derechos humanos de la ciudadanía en Brasil. Amnistía Internacional vigiló y denunció episodios de intimidación y violencia política en todo el país durante el periodo electoral, y seguirá vigilando el proceso de transición del gobierno federal. Este proceso debe producirse con celo por la Constitución Federal, las instituciones del Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
En este periodo se publicaron dos documentos que revelan la violencia política a la que fue sometida la población brasileña. En vísperas de la primera vuelta de las elecciones de 2022, Amnistía Internacional presentó el documento “Violencia política: violaciones de los derechos humanos en el periodo electoral de 2022”. Recogimos 42 violaciones de los derechos humanos ocurridas en los 90 días que precedieron al primer día de votación.
En el periodo de campaña electoral que precedió a la segunda vuelta, Amnistía Internacional identificó dos casos de violencia política al día. Los casos se recogen en el documento "La intimidación como método: violencia y amenazas contra los votantes masculinos y femeninos en 2022".
