Ante la decisión del gobierno de Bangladesh de introducir la pena de muerte para castigar la violación, Sultan Mohammed Zakaria, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Meridional, ha declarado:
“Este paso regresivo es una tapadera que desvía la atención de la falta de medidas reales contra esta demoledora brutalidad que sufren tantas mujeres bangladeshíes. Las ejecuciones perpetúan la violencia, no la previenen. En lugar de buscar venganza, las autoridades deben centrarse en garantizar justicia a las víctimas de violencia sexual, entre otras cosas introduciendo las reformas a largo plazo que pondrían fin a esta epidemia de violencia y evitarían que se repitiera. Esto implica, entre otras cosas, garantizar protección a todas las mujeres y niñas de Bangladesh, así como las condiciones necesarias para que sientan confianza y se animen a denunciar. Los autores de los delitos deben ser procesados y obligados a rendir cuentas, y la impunidad por estos terribles crímenes debe acabar, pero a través de enjuiciamientos con las debidas garantías y sin que sea aplicable la pena de muerte.”
Información complementaria
Tras las protestas en gran escala para reclamar el fin de la impunidad por la violación de mujeres y niñas, el consejo de ministros bangladeshí aprobó el anteproyecto de enmienda a la Ley de Prevención de la Represión de Mujeres y Menores, que reforma el artículo 9.1 de la citada ley (vigente desde el año 2000) elevando de cadena perpetua a pena de muerte el castigo máximo por violación.
