Londres.- Amnistía Internacional ha instado a los miembros del Parlamento de Trinidad y Tobago a que voten en contra de un proyecto de ley de reforma constitucional que permitiría la reanudación de las ejecuciones en el país.
Según el proyecto de ley, cuyo debate está previsto el 18 de febrero, los tribunales de todo el país podrían eludir las resoluciones judiciales que mejoraron la protección de los derechos humanos y desembocaron en la paralización de las ejecuciones en 1999.
Las autoridades de la nación caribeña afirman que las ejecuciones son un modo de abordar el número creciente de asesinatos y de disuadir a otros perpetradores de cometer crímenes violentos.
“Trinidad y Tobago tiene un problema real de asesinatos y crímenes violentos, pero la experiencia demuestra que facilitar las ejecuciones no es la solución”, ha declarado Chiara Liguori, investigadora sobre Trinidad y Tobago de Amnistía Internacional.
“Acelerar las ejecuciones o ignorar los recursos en tramitación vulnera el derecho de los procesados al negarles el debido proceso que garantiza el derecho internacional.”
“El proyecto de ley permitiría la ejecución de personas incluso si éstas, haciendo uso de su derecho, han recurrido contra su condena.”
“Instamos al Parlamento a que no acepte el proyecto de ley y aborde, en cambio, las causas fundamentales del crimen violento y reforme los sistemas policial y de justicia.”
“Lo que aparentemente no es más que un cambio técnico en la Constitución es, en realidad, un asunto de vida o muerte para muchas personas.”
En Trinidad y Tobago hay más de 40 personas condenadas a la pena capital en espera de ejecución.
En 1984, el Consejo Económico y Social de la ONU afirmó que no debía llevarse a cabo ninguna ejecución si se estaba tramitando un procedimiento de apelación o un recurso en el caso.
El nuevo proyecto de ley burlaría este principio y permitiría la aceleración de las ejecuciones.
En la actualidad, en virtud de una resolución del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, máximo órgano judicial del país, cualquier ejecución que se realice cinco años después de la imposición de la pena constituye tortura, que es ilegal según la Constitución.
Los prolongados procesos de apelación en los casos de pena de muerte hacen que, en la práctica, no se pueda llevar a cabo ninguna ejecución dentro del plazo de cinco años y que la mayoría de las condenas se hayan conmutado por penas de cárcel.
Amnistía Internacional afirma que el proyecto de ley hace caso omiso de dicha resolución y hace que la Constitución sea contraria a los derechos humanos.
“Nos preocupa en extremo que el proyecto de ley permita la ejecución de personas en un plazo breve tras la imposición de la pena, sin permitir los recursos adecuados, y que otras personas puedan permanecer años en el corredor de la muerte”, afirmó Chiara Liguori.
Según informes, la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, se ha referido a la pena capital como un “arma de [nuestro] arsenal” para combatir la tasa de asesinatos.
Según su página de Facebook, la mandataria declaró: “El gobierno que tengo el honor de dirigir garantizará que esta ley se aplique y que los asesinos condenados sufran y paguen el precio último con la ejecución de la condena a muerte.”
Trinidad y Tobago es uno de los 93 países del mundo que mantiene la pena de muerte para delitos comunes.
Aunque se ha seguido imponiendo la pena capital en el país, no se ha realizado ninguna ejecución desde 1999.
