Transcurrido casi un año desde el inicio de las protestas registradas en Perú, donde muy poco o nada ha cambiado, repasamos qué ha pasado, analizamos qué países le proporcionaron armas y recordamos las recomendaciones de Amnistía Internacional.
1. ¿Qué ha pasado en Perú?
Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas.
Miles de personas salieron a protestar a las calles. Sin embargo, las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban.
A finales de mayo, Amnistía denunció que, entre los meses de diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 participantes en manifestaciones perdieron la vida, 11 fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares resultaron heridas, incluido un policía, que perdió la vida. A finales de julio, la policía peruana hizo, de nuevo, un uso excesivo de la fuerza en otras manifestaciones, y empleó gases lacrimógenos indiscriminadamente para disolver una concentracien de protesta pacífica en la que, por lo menos, tres periodistas resultaron heridos.
Manifestantes antigubernamentales protestan en Lima, Perú, 22 de julio de 2023. © REUTERS/Angela Ponce
El informe de Amnistía Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú presenta cinco hallazgos principales:
- La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria. En total, 49 personas fallecieron en el contexto de operaciones policiales y militares por hechos represivos llevados a cabo durante los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. Amnistía Internacional documentó 25 casos de personas fallecidas (incluidos seis de menores de edad) que murieron durante las protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho, Juliaca y Lima. De esos 25 casos, 20 contarían con los elementos que configuran una ejecución extrajudicial. Además, Amnistía Internacional documentó 24 casos de personas heridas por balas, perdigones metálicos o bombas lacrimógenas durante operaciones policiales y militares, muchas de las cuales experimentaron lesiones graves, lo que constituye una violación a su derecho a la integridad física que ha afectado su capacidad para continuar su vida laboral y familiar.
- El uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de funcionarios fue generalizado, es decir, se registró el uso de munición letal de forma recurrente en cuatro de las cinco regiones analizadas, lo que apunta a la necesidad de que las investigaciones se centren en la posible responsabilidad de los más altos mandos, como mínimo, de la PNP y del Ejército Peruano.
Lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada. Los superiores en la cadena de mando hasta el máximo nivel pudieron haber ordenado las operaciones, permitido, alentado o, a sabiendas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas, no haber hecho nada para impedirlas.
Además, el informe concluye que la actual legislación nacional peruana facilita la impunidad policial en Perú con relación en el uso excesivo de la fuerza, con recientes modificaciones legales y leyes publicadas que no cumplen las normas internacionales y permiten que los policías que pudieran ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos evadan la justicia.
- El uso de la fuerza letal por parte de los elementos de seguridad peruanos se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima con un marcado sesgo racista, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas.
- Aunque la mayoría de las protestas en todo Perú se llevaron a cabo de forma pacífica, las más altas autoridades del poder ejecutivo peruano estigmatizaron de forma intencionada a las personas manifestantes como violentas y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.
- El Ministerio Público de Perú, en general, no ha llevado a cabo investigaciones penales de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y una serie de medidas institucionales adoptadas por la Fiscal de la Nación entre diciembre y marzo han socavado aún más los procesos en curso.
2.- ¿De dónde vienen las armas y el material antidisturbios?
Manifestantes antigubernamentales protestan contra la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, 22 de julio de 2023. En el cartel de la derecha se lee "Mujeres al frente". © REUTERS/Angela Ponce
Según los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) referidos a los últimos cinco años, Corea del Sur, Italia, España y EE.UU. son los principales proveedores de armas a Perú y le han proporcionado sobre todo aviones, motores, sensores y barcos de guerra. La base de datos del SIPRI incluye las principales categorías de armas convencionales, pero no las armas pequeñas y ligeras, como pistolas o lanzagranadas.
Especial atención merece el caso de España que, entre 2017 y junio de 2022 -últimos datos oficiales disponibles-, autorizó más de 100 licencias de exportación de armas a Perú por un valor de 184 millones de euros, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios, lo que le convirtió en el principal exportador de armas de la UE a Perú, según datos oficiales.>
En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, el gobierno español exportó armas a Perú por valor de 145 millones €, entre material de defensa (135 millones), material antidisturbios (cerca de un millón €) y armas de caza y tiro deportivo (8,7 millones). Las exportaciones realizadas preocupantes de armas españolas identificadas por Amnistía Internacional por el riesgo sustancial de uso en la represión de manifestantes se centran en una pequeña parte por importe de poco más de 8 millones de euros: 4,7 millones € en armas ligeras, 2,4 millones en munición y cerca de un millón en material antidisturbios. Además, entre 2005 y 2016, España exportó blindados a Perú por valor de 1 millón €, unos vehículos susceptibles de ser empleados en la represión.
Ante la falta de investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas, Amnistía Internacional reclamó en mayo al Gobierno español que mantenga la decisión del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocó la muerte a 49 personas y se ofrezca una rendición de cuentas sobre lo ocurrido. La pregunta del millón es si esa decisión sigue en vigor porque, tras el adelanto electoral y como las decisiones de la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones son secretas, no ha habido control parlamentario sobre este espinoso tema, dado el carácter lucrativo del mercado peruano, un destino importante para la industria de armamento española en los últimos años.
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta en Lima, Perú 22 de julio 2023. © REUTERS/Angela Ponce
Por nuestra parte, hemos insistido al gobierno español en la necesidad que ampliar esa suspensión a la venta de cualquier munición y armas ligeras, ya que continúa habiendo un riesgo sustancial de que puedan usarse para facilitar o cometer violaciones graves de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.
Además del historial de impunidad policial de Perú, una de las razones para esta petición es que el informe de mayo de Amnistía Internacional señala, sobre el uso de fuerza letal, que los cuerpos de seguridad peruanos utilizaron diversos rifles de asalto con munición real, algo prohibido por las normas internacionales para la gestión de manifestaciones y de orden público. Incluso en las circunstancias en que grupos más pequeños de manifestantes utilizaron piedras, explosivos o armas artesanales, el uso de fuerza letal para dispersar civiles, y más cuando fue indiscriminada, fue una respuesta ilegal por parte de los elementos policiales y militares.
En el caso de la fuerza menos letal y armas prohibidas para labores de seguridad y control del orden público, los elementos de seguridad peruanos utilizaron principalmente gases lacrimógenos y perdigones. En numerosas ocasiones estas armas se utilizaron contraviniendo las normas internacionales, tales como el lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros o el uso de perdigones metálicos, considerados altamente lesivos y que, en varios casos, causaron la muerte de manifestantes. La Dirección de Operaciones Especiales de la Policía peruana confirmó el uso en Andahuaylas de granadas de mano lacrimógenas de la empresa española Falken y el Ministerio Público detalló la utilización de perdigones de goma fabricados por la empresa española Maxam, lo que debería llevar a estas empresas a investigar el uso de estas armas, en aplicación del principio de diligencia debida.
Pantallazo del informe de Amnistía Internacional
Las conclusiones del informe de mayo de Amnistía Internacional son similares a las del informe de Human Rights Wach publicado a finales de abril que, entre otras cuestiones recomienda a terceros países: “Abstenerse de apoyar a las unidades de las fuerzas de seguridad del Perú presuntamente responsables de homicidios en el contexto de las protestas, hasta tanto se lleven a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas y los responsables rindan cuentas de sus actos”. Las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inciden también en que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio, se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza y denuncia su uso desproporcionado, indiscriminado y letal. Entre sus recomendaciones, la CIDH incluye la adopción de un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones.
Entre otros suministradores de armas a Perú figura la empresa Kambio Corporation (con sede en EE.UU. y oficinas de ventas en Colombia y México), que en 2020 consiguió un contrato para el suministro de cartuchos CS a la Policía Nacional de Perú en 2020. Muchas de las armas menos letales estaban siendo fabricadas por la empresa estatal FAME SAC en asociación con la empresa española Falken S.A., actualmente parte del Grupo Etienne Lacroix (Francia). En 2021 se adjudicó un contrato a FAME en 2021 para suministrar armas menos letales a la Policía Nacional.
Otro de los suministradores de armas a Perú es Canadá, cuyas exportaciones incluyen vehículos blindados, armas de fuego y agentes químicos. Según datos oficiales, Canadá exportó 81,4 millones de dólares canadienses en bienes y tecnología militar a Perú entre 2014 y 2021. Con diferencia, el mayor gasto fue la venta de 32 vehículos blindados LAV II por valor de 67 millones de dólares, un encargo que se materializó en 2016.
Amnistía Internacional no ha confirmado de forma independiente si se han desplegado armas compradas a Canadá contra manifestantes en Perú. Sin embargo, en cinco de los ocho años reflejados en los datos, Canadá envió a Perú armas o piezas de armas, incluidas 25 ametralladoras pesadas en 2016. Además, en 2018, 2019 y 2020, las ventas de armas de Canadá a Perú incluyeron agentes químicos, biológicos y antidisturbios.
Amnistía Internacional Canadá defendió que, según el Tratado sobre el Comercio de Armas, del que Canadá es signatario, el gobierno canadiense no debe autorizar la exportación de armas si éstas pueden utilizarse para cometer o facilitar una violación grave de la legislación internacional sobre derechos humanos y no es posible mitigar tales riesgos.
En EE.UU. miembros del Congreso han pedido el cese de la asistencia militar hasta que se procese a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas y han reclamado al secretario de Estado Blinken que cumpla las leyes estadounidenses que exigen que EE UU no brinde asistencia financiera y de seguridad a las unidades que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, en las primeras semanas de las protestas, se recibieron informes sobre intentos de compra por parte de Perú de gas lacrimógeno a empresas de Brasil. Igualmente, Ecuador suministró granadas lacrimógenas a Perú en plena oleada de protestas en enero de este año.
3.- ¿Qué pide Amnistía Interncional?
Manifestación para exigir la dimisión de la presidenta de Perú, 28 de enero de 2023. © REUTERS/Pilar Olivares
Dado el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones detalladas al gobierno peruano como:
El impulso de investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, la solicitud de asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia.
La condena y el fin del uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas.
La realización de una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales.
- Al gobierno español que, ante la falta de investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas, la JIMDDU mantenga la suspensión temporal, acordada en febrero de este año, de la exportación de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de lo ocurrido, además de ampliarla a la exportación de cualquier munición y armas potencialmente letales.
- Además, hemos pedido mejoras sustanciales en la aplicación de los criterios de evaluación de riesgo de uso indebido de las autorizaciones, imponiendo medidas de mitigación de riesgo adecuadas, aplique a futuras licencias para Perú el protocolo ex post de verificación del uso de las armas exportadas adoptado en 2020 para garantizar que armas españolas no se usan para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos. y que se lleve a cabo una investigación independiente cuyos resultados se hagan públicos sobre el posible uso de armas españolas en la represión en Perú.
El caso de Perú es un ejemplo paradigmático de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore sustancialmente la evaluación de riesgo de las operaciones. Es muy revelador que, en la respuesta de mayo a una pregunta parlamentaria, el gobierno indicase que la situación en Perú era “estable”. Eso indica que ha hecho caso omiso de los avisos de Amnistía desde 2017 por la impunidad policial. Tampoco es cierto que la solicitud de compra de material antidisturbios no letal la policía peruana cumpliera todos los requisitos para su exportación, porque había indicios razonables de uso excesivo de la fuerza en los cinco años anteriores y una clara impunidad policial.
Pantallazo de la respuesta del Gobierno
Pero no todo es negativo y el trabajo de “hormiguita” de Amnistía Internacional permite ver algunos avances. Además de la suspensión temporal, es positivo que, en una respuesta del gobierno de marzo a una pregunta parlamentaria formulada por Jon Iñarritu, el gobierno haya explicado los aspectos que tiene en cuenta para la evaluación de riesgo de las operaciones, aunque destaca la ausencia de un elemento esencial que debe ser clave en la evaluación de riesgo: el historial de derechos humanos del país importador.
Como la policía y el ejército peruanos gozan de impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza y sigue en vigor una Ley de Protección Policial de 2020 que incluye la presunción en favor de la policía en relación con la razonabilidad del uso de medios letales, algo contrario al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno español debe denegar cualquier exportación de material antidisturbios, munición y armas pequeñas y ligeras que puedan usarse para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos hasta que se ponga fin a la impunidad y las fuerzas de seguridad demuestren que están capacitadas para usar la fuerza de acuerdo con las normas internacionales al respecto. De lo contrario, el peso de los derechos humanos en las decisiones del gobierno español sobre si autorizar o denegar una exportación de armas, seguirá brillando por su ausencia y será una receta fallida que nos traerá nuevos casos de armas españolas empleadas para atrocidades.
La pelota está ahora en el tejado del gobierno y del Congreso.>
