El Sahel es un cinturón que recorre África de este a oeste, desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Sequías devastadoras agudizadas por el cambio climático, expansión del terrorismo yihadista, inestabilidad política y golpes de Estado, conflictos armados intermitentes y riesgo de hambrunas. Desde hace años los problemas en la región se retroalimentan, atraviesan fronteras y suponen una amenaza a todos los derechos de la población, empezando por el de la vida. Por desgracia, 2023 no está siendo una excepción.
Se conoce como Sahel la zona limítrofe que separa el desierto del Sáhara de la sabana. En ella viven unos 400 millones de personas en diez Estados, que alcanzaron la independencia de Francia o Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo pasado.
Es una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis climática, pese a su escasa contribución al calentamiento global. Los Estados son débiles y carecen de recursos para adaptarse al cambio climático, promover los derechos sociales o pagar la deuda externa. La violencia sexual contra mujeres y niñas es endémica.
Sin embargo, es una región muy rica en materias primas. Los conflictos armados por el control de los recursos son de carácter nacional, aunque cada vez intervienen más actores externos, y están provocando centenares de miles de víctimas civiles y millones de desplazamientos forzados ante la pasividad de la comunidad internacional.
Estas son seis de las crisis de derechos de humanos que estallaron o se han perpetuado en la zona durante este año.
Senegal: crecen las protestas, aumenta la represión
En Senegal no ha habido golpe de Estado ni se ha iniciado un conflicto. Pero lo cierto es que la tensión política y social ha crecido por semanas. El 1 de junio, el opositor político Ousmane Sonko fue condenado a dos años de prisión por cargos de corrupción de jóvenes. Tras el anuncio, estallaron manifestaciones en varias localidades, incluidas Dakar, Ziguinchor y Kaolack. Según el gobierno, nueve personas perdieron la vida.
El líder del movimiento ciudadano Y’en a Marre, Aliou Sané, fue detenido en Dakar cuando intentaba visitar a Ousmane Sonko, a quien habían impedido salir de su casa antes de que se supiera su condena. Aliou fue acusado, entre otras cosas, de participación en una manifestación no declarada, reunión pública y alteración de la paz. Otros miembros de movimientos sociales, Bentaleb Sow y Moustapha Diop también han sido detenidos.
En este contexto, Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades de Senegal el fin de las restricciones a redes sociales, la alteración de la señal de televisión de un canal privado, el respeto a la libertad de expresión de quienes protestan contra el gobierno o las decisiones judiciales, así como que se realice una “investigación creíble e independiente” sobre las muertes producidas durante las manifestaciones.
Miembros de la tribu nómada fulani se sienta en un carro mientras viaja por una zona que forma parte de la Gran Muralla Verde del Sahel, en el departamento de Linguere, región de Louga, Senegal, 14 de julio de 2021. © REUTERS/Zohra Bensemra
Malí, una década de conflicto cambiante
Desde enero de 2012, hace más de 10 años, Malí vive dentro de la espiral de un conflicto armado que, si bien no afecta por igual a todo el territorio y sacude al país de forma discontinua, tampoco acaba de desaparecer. Los actores y las zonas del conflicto cambian, pero la amenaza de la violencia sigue instalada, provocando desplazamientos y dificultando el día a día a buena parte de la población.
A principios de 2022, se produjo la entrada de Wagner, la conocida empresa militar rusa, como supuesto apoyo al ejército maliense. Poco después, en agosto del mismo año, terminó la operación militar francesa, tras nueve años de presencia en el país, y se retiraron también las fuerzas de la misión de las Naciones Unidas (Minusma).
Los puestos militares que quedan libres fueron ocupados por el ejército de Malí y los mercenarios de Wagner, lo cual supone un mayor riesgo de que se retomen los enfrentamientos contra los grupos tuareg. En mayo de 2023 un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)concluyó que, en una acción conjunta de las fuerzas armadas malienses y miembros del grupo Wagner, se ejecutó ilegalmente a más de 500 personas y se documentaron 58 casos de mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual a manos de los militares malienses. Los hechos ocurrieron en la localidad de Moura (Mopti) en el centro del país, entre el 27 y el 31 de marzo de 2022.
A esto hay que añadir el factor de desestabilización que supone la presencia de los grupos armados yihadistas que controlan las vías de comunicación y realizan ataques en la región de Tombuctú.
Soldados franceses de la Operación Barkhane se preparan para disparar morteros con proyectiles de bengala en una base operativa, Malí, 17 de abril de 2022. © REUTERS/Paul Lorgerie
Burkina Faso, la excepción convertida en norma
En 2022 se sucedieron los golpes de Estado y los estados de excepción. El primero en enero derrocó al presidente Roch Marc Kaboré y el segundo en septiembre en el que el teniente coronel Damiba fue derrocado por militares al mando del capitán Ibrahim Traoré. Lo que se suponía era una crisis puntual ha pasado a convertirse en algo con apariencia permanente. Los militares siguen en el poder y además amenazan con intervenir en el vecino Níger si se produce una actuación militar extranjera.
Por otra parte, las milicias delGrupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) y el Estado Islámico en el Sahel han registrado un récord de violencia durante 2023, con 71 víctimas mortales desde enero a mayo, según las cifras del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Toda esta inestabilidad e inseguridad agrava los problemas de alimentación, agua, salud y educación. Por ejemplo, en marzo de este año más de 6.000 escuelas -una de cada cuatro- estaban cerradas a causa del conflicto, según el Consejo Noruego para los Refugiados.
Soldados envueltos en banderas, asesinados durante un ataque al campamento del ejército en la frontera entre Níger y Malí, Níger, 13 de diciembre de 2019. © REUTERS/ Tagaza Djibo
Níger, el golpe que dejó una región en vilo
La situación de Níger antes del pasado 26 de julio no era precisamente tranquila. En varias regiones se hacía frente a la presencia de grupos armados yihadistas como, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes o Boko Haram. La emergencia humanitaria ya era crítica, con la amenaza del hambre y cerca de 200.000 personas desplazadas internamente debido a los conflictos. Tras ese día no solo persisten esos problemas sino que además el golpe de Estado llevado a cabo por una Junta Militar ha sumido al país y a la región en un escenario de consecuencias imprevisibles.
Ante la detención del presidente, Mohamed Bazoum, y de otros miembros del Gobierno, Amnistía Internacional reclamó a las nuevas autoridades nigerinas su inmediata puesta en libertad y el fin de las detenciones arbitrarias sin base jurídica. Era el sexto país en el que se producía un golpe de Estado en el Sahel en apenas dos años, tras los de MalI, Chad, Guinea Conakry, Burkina Faso, y Sudán.
Desde entonces, el golpe de Estado se consolida sin que se atisbe ninguna forma de resolución. En este tiempo, diferentes actores internacionales no han dejado de mover sus fichas, en un país clave debido -entre otros factores- a la presencia de grupos armados yihadistas y de una enorme cantidad de reservas de uranio. Por una parte, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO) que representa a 15 países de la región, ha mostrado su rechazo al golpe y baraja realizar una intervención para restaurar al presidente depuesto. Francia, que mantenía un contingente de 1.500 soldados en apoyo a la lucha contra el terrorismo, ha anunciado la “salida ordenada” de sus tropas a lo largo de 2023 como consecuencia del golpe.
Mientras que en el bando opuesto, los vecinos Malí y Burkina Faso, dirigidos por líderes afines a los golpistas, han afirmado que verían cualquier intervención de la CEDAO como una “declaración de guerra” contra ellos y este segundo Estado ya ha aprobado el envío de un contingente militar. En el mismo sentido, las milicias de la empresa rusa Wagner desplegadas en Malí habrían ofrecido sus servicios a la junta golpista. En medio de este revuelo, se teme que las grandes beneficiadas acaben siendo las distintas milicias yihadistas que operan en la zona, quienes solo un mes después del golpe ya habían intensificado sus ataques provocando más de un centenar de muertos.
Personas refugiadas cruzan el río que separa Sudán de Etiopía cerca del campo de Hamdeyat, que alberga a personas refugiadas etíopes que huyen de los combates en la región de Tigray, en la frontera entre Sudán y Etiopía, 30 de noviembre de 2020. © REUTERS/Baz Ratner
Sudán, 20 años de violencia e impunidad
El 25 de abril de 2003 dio comienzo el conflicto con el ataque al aeropuerto de Darfur por parte del Movimiento de Liberación de Sudán. La respuesta de las fuerzas del Gobierno se dirigió no solo a los combatientes, sino también contra la población civil de determinados grupos étnicos a los que el gobierno acusa de apoyar a los insurgentes.
Desde la reanudación del conflicto, el 15 de abril de 2023, los civiles han sufrido el grueso de las consecuencias de la lucha entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).Ambas fuerzas han matado a centenares de civiles y herido a muchos miles más. Como ejemplo de esta violencia, ese mismo mes de abril tuvieron lugar enfrentamientos con armamento pesado, como tanques y aviones, en zonas densamente pobladas en Jartum.
La población civil de Sudán está atrapada en un ciclo interminable de muerte y destrucción en el que la violencia ha causado la pérdida de innumerables vidas en los últimos cinco meses. Dentro del país, más de 20 millones de personas sufren una inseguridad alimentaria aguda y 6 millones están a un solo paso de la hambruna. Se ha abierto fuego contra clínicas y profesionales de la medicina en todo el país, lo que ha dejado fuera de servicio al 80% de los principales hospitales.
Desde abril de 2023, más de 5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y cientos de miles más podrían tener que unirse a ellas. Con las ejecuciones deliberadas, la violencia sexual contra mujeres y niñas y los ataques indiscriminados en zonas civiles densamente pobladas se han producido violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, incluso crímenes de guerra. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado: debe exigir un aumento significativo de la ayuda humanitaria para Sudán y ampliar el embargo de armas vigente a todo el país y garantizar su cumplimiento.
Etiopía, la herida sigue abierta
El extremo este del Sahel vive una de las situaciones humanitarias más dramáticas -y más olvidadas- de todo el planeta. Toda la región sufre las consecuencias de una grave sequía, con cinco temporadas consecutivas con escasas lluvias. A esto se ha unido el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas, lo que ha provocado la mayor hambruna en cuatro décadas.
La ‘zona cero’ de este desgarro es la región de Tigré, una zona del norte Etiopía que hace frontera con Eritrea, donde viven 6 millones de personas. La región sufrió un conflicto quecomenzó en noviembre de 2020 y concluyó con un acuerdo de cese de hostilidades en noviembre de 2022.
Fuentes oficiales hablan de más de medio millón de muertes de civiles en un conflicto en el que se ha utilizado el hambre y la privación de servicios básicos y ayuda humanitaria, la limpieza étnica y la violencia sexual como armas de guerra. A ello habría que sumar las cerca de 200.000 muertes de combatientes, más de millón y medio de personas desplazadas internas y unas 50.000 refugiadas en Sudán.
“Me estuvieron violando por turnos los tres meses completos. No me dejaron en ningún momento. Se marchaba uno y venía el siguiente”. “Se turnaban conmigo, como si estuviera ahí para su servicio”. “No sé qué fue lo que le dijo el sacerdote a uno de los soldados, pero éste disparó al hombre mayor en el pecho a quemarropa. Después, se nos acercó y nos dijo: ‘Si alguien intenta recoger el cadáver o enterrarlo, os mataremos a todos’”. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional en la zona son estremecedores.
Amnistía Internacional denuncia que durante el conflicto se han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Los graves abusos que se siguen cometiendo y la amplitud de la crisis, en Tigré por la permanencia de fuerzas eritreas, y últimamente en las regiones de Amhara y Oromia demuestran que Etiopía se halla al borde de un peligroso precipicio.
Ni las autoridades de Etiopía ni de Eritrea han llevado a cabo una investigación efectiva de estas violaciones, por lo que ambas deben investigar y juzgar estos crímenes de derecho internacional.
Así se ahoga la población en el cinturón del Sahel, con la participación de numerosos agentes nacionales y extranjeros, y la inacción de la comunidad internacional.
