En 1791, para intentar que no se publicara la obra seminal de Thomas Paine, Los derechos del hombre, el gobierno británico intentó comprar los derechos de autor.
El editor se negó a vendérselos.
Al año siguiente, tras publicarse la segunda parte de la obra, el gobierno probó con una táctica más directa: acusar a Paine de difamación sediciosa.
Indignado, Paine enumeró el contenido de su libro —la denuncia del fraude y de las guerras y la promoción de la paz universal—, y afirmó: “Si todo esto es difamatorio, que en mi epitafio ponga ‘difamador’”.
Más de 200 años después, en todo el mundo los gobiernos siguen tratando de suprimir información que los compromete y poniendo en el punto de mira a quienes la sacan a la luz.
Julian Assange habla en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, el 5 de febrero de 2016. © AP Photo/Kirsty Wigglesworth
El gobierno estadounidense intenta que se revoque una sentencia por la que se rechaza la extradición de Assange. En la vista de apelación, que está previsto que dure dos días, se verá si el Tribunal Superior de Londres accede a la petición de Estados Unidos, que insiste en que el fundador de WikiLeaks debe ser extraditado a ese país.
En Estados Unidos, Assange sería juzgado por cargos de espionaje y, de ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel. Los fiscales estadounidenses afirman que conspiró con una denunciante de irregularidades (la analista de inteligencia militar Chelsea Manning) para obtener información clasificada, y que la publicación de estas pruebas supuso un peligro.
Las autoridades estadounidenses ofrecieron garantías de que Julian Assange no ingresará en un centro penitenciario de máxima seguridad ni será sometido a medidas administrativas especiales abusivas, como la reclusión en régimen de aislamiento, pero estas garantías perdieron credibilidad al reconocer que se reservaban el derecho a revocarlas.
Las recientes informaciones de impacto según las cuales la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador han arrojado aún más dudas sobre la fiabilidad de las promesas estadounidenses y han puesto más en evidencia la motivación política que subyace a este caso. Estas revelaciones se producen tras las pruebas presentadas en el tribunal —y no impugnadas por el gobierno estadounidense— de que personas que al parecer trabajaban para él realizaron actividades de espionaje en la embajada de Ecuador en Londres, siguieron a familiares y socios de Assange y robaron en las oficinas de su abogado.
El procesamiento iniciado por el gobierno estadounidense supone una grave amenaza para la libertad de prensa, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Gran parte de las conductas que se describen son actividades profesionales que llevan a cabo diariamente editores y profesionales del periodismo de investigación. Si se permite la extradición de Assange, se sentaría un precedente que supondría de hecho la criminalización de prácticas periodísticas habituales.
El posible efecto amedrentador sobre periodistas y otras personas que destapan actuaciones oficiales indebidas publicando información procedente de fuentes creíbles tendría un grave impacto sobre el derecho de la ciudadanía a saber qué hacen los gobiernos.
Manifestación contra la extradición de Julian Assange, 23 de octubre de 2021. © AP Photo/Alberto Pezzali
De hecho, en un momento en que la libertad de prensa está sometida a un implacable ataque en todo el mundo, silenciar a Julian Assange tendría una amplia repercusión directa o indirecta sobre los periodistas, que temerían ser procesados.
Al acusar de espionaje a una persona que no está obligada a no revelar información, no es ciudadana estadounidense y no está en Estados Unidos, el gobierno estadounidense se comporta como si tuviera jurisdicción en todo el mundo para perseguir a cualquiera que reciba y publique información de su actuaciones indebidas.
El tribunal británico decidió que, dado el frágil estado de su salud mental, Julian Assange, que ha pasado más de 18 meses recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha pedido a las autoridades estadounidenses que retiren los cargos contra él, y a las autoridades británicas que no lo extraditen, sino que lo dejen en libertad de inmediato.
“Es grotesco que, casi 20 años después, prácticamente ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante las guerras de Afganistán e Irak haya rendido cuentas, y menos aún haya sido procesada y, sin embargo, un editor que sacó a la luz estos crímenes se esté enfrentando a una posible cadena perpetua”
“Resulta grotesco que, casi 20 años después, prácticamente ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante las guerras de Afganistán e Irak haya rendido cuentas, y menos aún haya sido procesada y, sin embargo, un editor que sacó a la luz estos crímenes se enfrenta a una posible cadena perpetua”, ha declarado Callamard.
“La implacable persecución de Julian Assange por el gobierno estadounidense deja ver a las claras que este procesamiento es una medida punitiva, pero además el caso presenta motivos de preocupación que van mucho más allá de la suerte de un hombre y ponen en peligro la libertad de prensa y la libertad de expresión”, ha añadido.
Personas que denuncian irregularidades, editores y periodistas son fundamentales para someter a escrutinio a los gobiernos y hacer rendir cuentas a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Los cargos contra Assange deben ser retirados inmediatamente, y él debe quedar en libertad.
Este artículo se publicó originalmente en Al Jazeera
