1. ¿Quién gobierna ahora en Myanmar?
Myanmar está gobernado desde el 1 de febrero por un gobierno militar dirigido por el comandante en jefe, general Min Aung Hlaing, que ha impuesto el estado de excepción durante un año. Este general y otros altos mandos militares están detrás de los crímenes de lesa humanidad que el ejército de Myanmar (Tatmadaw) cometió contra la población rohingya en 2017 y que provocó el éxodo de más de 750.000 personas de esta etnia a Bangladesh.
En los últimos 70 años, el Tatmadaw ha cometido con total impunidad crímenes de lesa humanidad institucionalizando un sistema de apartheid caracterizado por la discriminación de las minorías étnicas, los asesinatos, violaciones, tortura, incendios selectivos a gran escala, uso de minas terrestres y las expulsiones masivas. En 2020, Amnistía Internacional documentó ataques aéreos indiscriminados contra la población civil que causaron la muerte incluso a menores de edad.
Además, el Tatmadaw forma parte de un enorme y opaco conglomerado empresarial cuyas actividades abarcan los sectores minero, cervecero, tabacalero, textil y bancario como documentamos en un informe de 2020.
Fuerzas policiales en Yangon, Myanmar, el 1 de febrero de 2021. © Foto de Stringer/Anadolu Agency a través de Getty Images
2. ¿Quién gobernaba antes del golpe de Estado en Myanmar?
En 2008 se aprobó en Myanmar una Constitución que dio lugar a una transición democrática, aunque reservaba para el ejército un 25% de los escaños en el parlamento, y los ministerios de Defensa, de Interior y de Fronteras.
En las elecciones de 2015 ganó la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido de la Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que se convirtió así en la Presidenta de facto del país, asumiendo el cargo de Consejera de Estado.
Aung San Suu Kyi fue muy criticada durante su mandato por la falta de respuesta ante la persecución de la minoría rohingya. En 2018, Amnistía Internacional le retiró el premio de Embajadora de Conciencia que le había concedido en 2009.
3. ¿Por qué se ha producido el golpe de Estado en Myanmar?
No es la primera vez que ocurre. En las últimas elecciones generales celebradas en noviembre de 2020, la LND de Aung San Suu Kyi aumentó su mayoría parlamentaria obteniendo 396 de los 498 escaños en juego.
Los militares tienen un partido afiliado, el Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP). Denunciaron, sin aportar pruebas ni evidencias, irregularidades amparadas por la situación provocada por la COVID-19 y supuestas malas prácticas por parte de la Comisión Electoral. Desde la proclamación de los resultados, no han cesado los rumores sobre un golpe de Estado.
4. ¿Qué consecuencias puede tener para Myanmar?
Los golpistas han detenido a Aung San Suu Kyi, otros altos cargos del gobierno y de la LND, a numerosos dirigentes de partidos étnicos, a estudiantes, y a destacados activistas de los derechos humanos.
Se han cortado en gran parte del país las telecomunicaciones, teléfono e Internet, lo que supone una amenaza más para la población en un momento muy difícil, en plena pandemia de COVID-19 y con un conflicto interno contra grupos armados que está poniendo en peligro a la población civil.
Se teme la repetición de los actos de violencia a gran escala y ejecuciones extrajudiciales que se han producido en anteriores golpes de Estado en Myanmar.
La gente camina junto a la Pagoda Shwedagon en una carretera vacía en Yangon el 1 de febrero de 2021, el día en que el ejército de Myanmar dio el golpe de Estado. © STR/AFP a través de Getty Images
5. ¿Quienes son los rohingya?
Son una minoría étnica predominantemente musulmana. Desde hace generaciones viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de Myanmar, fronterizo con Bangladesh. Sin embargo, el gobierno de Myanmar insiste en que todas las personas rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Se niega a reconocerlas como ciudadanas, lo que en la práctica las convierte en apátridas. Viven en condiciones deplorables debido a la discriminación sistemática: prácticamente segregadas del resto de la población, no pueden circular libremente y tienen un acceso limitado a la asistencia médica, la escuela y el empleo.
Los rohingya han protagonizado éxodos masivos a lo largo de los años. El último de ellos en agosto de 2017, cuando la respuesta militar del ejército de Myanmar a un ataque cometido por un grupo armado rohingya contra retenes de las fuerzas de seguridad, fue una violencia atroz que se transformó en limpieza étnica. A día de hoy, un millón de rohingyas sigue viviendo en campos de refugiados de Bangladesh, dependiendo de ayuda humanitaria en condiciones muy precarias.>
6. ¿Cómo puede afectar a las minorías étnicas y a los rohingya?
Casi un millón de rohingya tuvieron que huir de Myanmar y viven actualmente en Bangladesh. Ahora que nadie les garantiza la seguridad de un retorno libre y voluntario, tienen mucho más difícil regresar a su país. Más de 100.000 corren el riesgo de ser trasladados a la fuerza a una isla deshabitada en el golfo de Bengala.
Las personas que aún permanecen en el país se enfrentan ahora a la doble violencia que pueden desatar los grupos armados y el Tatmadaw, este de forma impune, contra las minorías étnicas.
7. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
El golpe de Estado ha suscitado una gran indignación internacional. Es vital que se reanuden inmediatamente los servicios completos de teléfono e Internet. Es necesario condenar las detenciones y otras violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y exigir la liberación inmediata de todos los detenidos acusados por delitos absurdos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido el día 2 de febrero para abordar la cuestión. Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de derechos humanos han pedido la imposición de sanciones financieras selectivas contra el general Min Aung Hlaing y otros líderes militares, por su responsabilidad en los crímenes atroces contra diversas minorías étnicas en todo el país, incluidos los rohingya. También han solicitado un amplio embargo de armas a Myanmar y, sobre todo, remitir la situación del país a la Corte Penal Internacional.
