Con el nombre de los Siete de Martinsville se conoce a un grupo de jóvenes negros ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos en 1951 tras ser acusados de violar a una mujer blanca. Las pruebas de su supuesta participación en la violación nunca fueron concluyentes y los jóvenes fueron sentenciados por un tribunal integrado únicamente por hombres blancos. Setenta años después, en 2021, el gobernador de Virginia les otorgó el indulto de forma póstuma.
El caso de estos siete jóvenes provocó un gran revuelo social y protestas en todo el país, que incluso llegaron a la Casa Blanca en Washington, denunciando la disparidad racial en las sentencias al considerar excesiva su condena motivada por el color de su piel. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Harry S. Truman, hizo caso omiso a las peticiones de clemencia para frenar su ejecución. Asimismo, la historia de los Siete de Martinsville puso sobre la mesa la necesidad de proteger los derechos civiles y la gran desigualdad en el sistema de justicia penal de Virginia donde los 45 presos ejecutados en la silla eléctrica entre 1908 y 1951 por un delito de violación habían sido todos hombres negros.
Los Siete de Martinsville
En 1951 fueron ejecutados, y desde entonces sus familiares no han dejado de buscar justicia pidiendo el indulto póstumo. Unos indultos que llegaron en 2021, 70 años después de su ejecución, de la mano del gobernador de Virginia, Ralph Northam. Eso sí, en ellos no se aborda la culpabilidad o la inocencia de los condenados, pero se reconoce que los casos se habían tratado con desigualdad racial y que hubo deficiencias en el proceso.
En marzo de ese mismo año el estado de Virginia abolía la pena de muerte. Antes de ello había ejecutado a más personas que ningún otro estado. Virginia dejaba así atrás una larga lista cercana a 1.400 personas ejecutadas hasta la fecha desde tiempos coloniales en la horca, la silla eléctrica o a través de la inyección letal.
Tras la abolición de la pena de muerte en Virginia, a día de hoy, un total de 23 estados de Estados Unidos han derogado esta pena para todos los delitos, 11 de ellos desde que comenzó el milenio. De los 27 restantes, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Montana, Nevada, Oregón, Pensilvania, Utah y Wyoming (13, es decir, el 48% de todos los estados que contemplaban la pena de muerte) no han llevado a cabo ejecuciones en al menos 10 años, y California, Oregón y Pensilvania siguen aplicando moratorias de las ejecuciones decretadas por sus respectivos gobernadores. Esto significa que, al finalizar 2021, menos de un tercio (el 28%) de los 50 estados del país había ejecutado a alguna persona en el último decenio. En lo que va de año 2022, han sido ejecutadas 16 personas en Estados Unidos en tan solo cinco estados: Texas, Oklahoma, Missouri, Arizona y Alabama.
En esta foto de archivo del 30 de enero de 1951, los y las manifestantes marchan frente a la Casa Blanca en Washington, en un esfuerzo para que el presidente Harry Truman detuviera la ejecución de siete hombres negros condenados a muerte en Virginia acusados de violar a una mujer blanca. © AP Photo/Henry Burroughs, Archivo
Sus familiares declararon que los jóvenes fueron interrogados bajo presión, sin la presencia de abogados, y que sus confesiones fueron coaccionadas bajo la amenaza de sufrir violencia. En algunos casos no llegaron a leer completamente la versión policial al firmar los manuscritos de sus declaraciones. Además, varios de los acusados eran analfabetos, por lo que no pudieron leer sus propias confesiones. Unas confesiones firmadas, implicándose a sí mismos y entre ellos, y en las que se señalaba que habían tenido relaciones sexuales o que habían intentado tenerlas con la mujer. Sin embargo, sus descripciones de los hechos difirieron y todos se declararon inocentes de los cargos de violación. En tan solo ocho días fueron condenados por jurados integrados por personas blancas.
Amnistía Internacional y la pena de muerte
Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. Desde entonces, lleva más de 40 años haciendo campaña en todo el mundo para abolir la pena capital. La organización considera que es un castigo cruel, inhumano y degradante, y que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Pancartas contra la pena de muerte durante una manifestación celebrada frente al Ministerio de Justicia en Tokio. © Toru Yamanaka/AFP via Getty Images
Se opone a ella en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.
Además, toda persona merece un sistema de justicia penal justo y equitativo.
Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2021, 108 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la habían abolido en la ley o en la práctica. Hoy en día la organización sigue pidiendo que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones, que las eliminen de su legislación y que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión. La vela de Amnistía Internacional sigue ardiendo con fuerza para conseguirlo.
