Desde la condena por la prohibición absoluta del aborto que operó a partir de 1998, hasta la denuncia por la impunidad de los feminicidios, las mujeres defensoras de derechos humanos y las organizaciones feministas en Nicaragua no han dejado de movilizarse. Son ellas las que han levantado su voz cada vez que el gobierno de turno implementa políticas que violan derechos humanos, incluso desde antes de abril de 2018, cuando se inició una de las peores crisis en la historia reciente del país.
Luego de 2018, han continuado en la primera línea, acompañando a las víctimas, construyendo comunidad, edificando una política colectiva que protege y sostiene la vida, e implementando acciones de documentación y denuncia nacional e internacional. Por eso están bajo ataque de forma permanente. Como comenta una respetada defensora de derechos humanos, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, “las defensoras nicaragüenses, desde distintos frentes, han venido sorteando a través de los años hostigamiento, amenazas, allanamientos, asesinatos, exilio forzado y criminalización, todo por ejercer su labor”.
La realidad, sin embargo, superó las peores predicciones este abril, cuando decenas de defensoras y sus familias fueron sujetas a violencia, detenciones y vejaciones de forma simultánea y sin tregua.
Defensoras y defensores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). © CENIDH
“Las defensoras nicaragüenses, desde distintos frentes, han venido sorteando a través de los años hostigamiento, amenazas, allanamientos, asesinatos, exilio forzado y criminalización, todo por ejercer su labor”
El 18 de abril se conmemoró el tercer aniversario del inicio de la crisis. Como cada año desde entonces, el Gobierno de Daniel Ortega desplegó a los cuerpos de seguridad para implementar acciones represivas y de hostigamiento con el fin de silenciar y reprimir a quienes defienden los derechos humanos. Entre el 14 y el 19 de abril se ejecutó una jornada represiva en donde las mujeres defensoras fueron uno de los principales blancos. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD) registró 137 agresiones cometidas contra 70 defensoras.
Esa escalada de violencia implicó la implementación de la estrategia de “retenciones domiciliares forzadas e ilegales” bajo la cual las autoridades bloquearon las salidas de las casas de al menos 21 mujeres defensoras y activistas para evitar dejarles entrar o salir de sus viviendas. En algunos casos esta medida también se extendió a las familias de las defensoras —algunas de ellas llevan días haciendo frente a que patrullas y agentes policiales les impidan la circulación y el acceso de otras personas a sus casas—.>
Convertir los hogares de las defensoras en prisiones temporales es una herramienta abusiva, pero no es la única. La vigilancia y la intimidación a través de grandes despliegues policiales y parapoliciales, como mecanismo infundir miedo y limitar las acciones de protesta también ha sido un arma recurrente del Gobierno. Además, desde el 14 de abril la IMD ha registrado un aumento de la violencia que enfrentan las mujeres defensoras, las cuales han sufrido amenazas, allanamientos de sus hogares u oficinas, seguimientos en todos sus desplazamientos e incluso casos de detención arbitraria y uno de violencia sexual.
El 19 de abril, un grupo de defensoras integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización de familiares –mayoritariamente madres– de personas asesinadas en el contexto del estallido social que se inició en abril del 2018, fueron rodeadas y hostigadas por efectivos policiales, quienes además les requisaron y amenazaron con llevárselas detenidas. El hostigamiento a AMA no se detuvo ahí: al día siguiente, Francys Valdivia, su presidenta, fue detenida violentamente en su casa durante el acto de conmemoración en memoria de su hermano Franco Valdivia, asesinado el 20 de abril de 2018. Después de ser detenida y amenazada, Francys fue liberada junto con otras tres personas más.
En casi todos los reportes, las mujeres defensoras identifican a la Policía y grupos parapoliciales que obran con la tolerancia o el aliento de las autoridades gubernamentales como sus principales agresores. El aumento en la severidad de las formas intimidatorias es otra característica de esta fase de represión que se identifica, entre otros aspectos, a través de un incremento en la cantidad de policías que las agreden y en la duración de los ataques. Adicionalmente, la intimidación ha alcanzado a sus vecinos, a quienes les advierten que las defensoras no tiene permiso de salir o que ellos mismos no pueden dejar sus hogares. Esto evidencia la onda expansiva de la represión, que alcanza a las defensoras, sus familias e incluso sus redes vecinales, aislándolas de su entorno social.>
Manifestación de Movimiento Madres de Abril exigiendo justicia. © CENIDH
“A pesar de este contexto adverso y el terror que impone el Gobierno nicaragüense, las mujeres defensoras le continúan apostando a la esperanza y al trabajo colectivo para transformar su país. Nunca han agachado la cabeza ante los gobiernos que han violado derechos humanos y esta vez no es la excepción.”
Aunque las autoridades nicaragüenses se empeñan en presentar a la comunidad internacional una realidad distorsionada de la “normalidad”, en realidad el país se ha convertido en una prisión enorme que castiga a quienes levantan la voz. A pesar de este contexto adverso y el terror que impone el Gobierno nicaragüense, las mujeres defensoras le continúan apostando a la esperanza y al trabajo colectivo para transformar su país. Nunca han agachado la cabeza ante los gobiernos que han violado derechos humanos y esta vez no es la excepción.
La comunidad internacional no puede dejarlas solas frente a toda esta violencia. Desarrollar todos los esfuerzos necesarios para garantizar su seguridad, apoyar y reivindicar su labor es un imperativo. Solo así será posible continuar con el importante trabajo que desarrollan para la transición a una Nicaragua libre de violencia y represión.
Artículo publicado originariamente en Elfaro.net
