A Nagaenthran K Dharmalingam, que se halla en el corredor de la muerte en Singapur, le quedan pocas opciones.
En los últimos meses, el destino de Nagaenthran K. Dharmalingam, de 34 años, que va a ser ahorcado en Singapur por delitos relacionados con las drogas, ha acaparado la atención internacional. Desde expertos de Naciones Unidas hasta el multimillonario británico Richard Branson, que tuiteó que el caso ponía de manifiesto los "fatídicos defectos" de la pena de muerte, pasando por miembros de la opinión pública internacional y organizaciones como Amnistía Internacional, son decenas de miles las personas que han instado a que se suspenda su ejecución.
A pesar de que los peritajes médicos concluyeron que Nagaenthran sufre una discapacidad intelectual, su familia fue informada de que las autoridades de Singapur habían programado su ejecución para el pasado 10 de noviembre. La preocupación aumentó cuando su familia constató, tras visitarlo en la cárcel, que su estado mental se había deteriorado significativamente. Nagaenthran parecía no entender del todo lo que le estaba ocurriendo.
El órgano de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que Singapur es Estado Parte, ha declarado que la imposición de la pena de muerte a personas cuyas discapacidades mentales e intelectuales puedan haber impedido su defensa eficaz está prohibida.
En un giro inesperado, la vista de apelación de Nagaenthran se pospuso cuando dio positivo en la prueba de COVID-19, pero es de suponer que ya se ha recuperado y que su vida vuelve a estar en peligro. La vista de apelación se ha fijado ahora para el 24 de enero y, al habérsele negado otros recursos legales, esta podría ser la última oportunidad de salvarse de la ejecución.
No a la pena de muerte
Todavía hay tiempo para que Singapur cambie de rumbo e impida esta parodia de justicia. Las autoridades deben garantizar que la vista de Nagaenthran es justa y deben detener su ejecución, que sería ilegal según en el derecho internacional, habida cuenta de las numerosas deficiencias que presenta su caso, entre ellas que la pena se le impuso como castigo preceptivo y por un delito que no alcanza el umbral de los “más graves delitos” a los que, según el derecho internacional, debe limitarse el uso de la pena de muerte.
Su discapacidad intelectual también puede haber afectado a su capacidad de comunicar su conocimiento de información relevante y a su colaboración con las autoridades, por ejemplo, cuando fue interrogado por agentes de la Oficina Central de Narcóticos de Singapur, sin la presencia de asistencia letrada, tras su detención en 2009 por introducir en el país 42,72 gramos de heroína.
Cuando Nagaenthran fue detenido en 2009, los procedimientos de Singapur aún no incluían las medidas de adaptación exigidas por el derecho internacional y las directrices sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. De haber sido así, estas medidas podrían haberle evitado la pena de muerte y deberían aplicarse retrospectivamente para evitar que se produzca una terrible injusticia.
Vigilia contra la inminente ejecución de Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado a muerte por tráfico de heroína en Singapur. © AP Photo/Vincent Thian
A día de hoy, la mayoría de los Estados del mundo han abolido por ley este cruel castigo para todos los delitos. El número de países que han votado a favor de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se pide una moratoria de las ejecuciones ha aumentado constantemente, pasando de 104 en 2007 a 123 en la votación más reciente, en diciembre de 2020.
Además, las tendencias también han cambiado en la región de Asia-Pacífico, donde 20 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y otros ocho son abolicionistas en la práctica. En 2020, solo seis países de Asia y Oceanía llevaron a cabo ejecuciones, el número más bajo desde que Amnistía Internacional comenzó a llevar registros.
Dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), sólo cinco países de la región —Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam— han llevado a cabo ejecuciones en el periodo 2016-2020. En Indonesia no se han llevado a cabo ejecuciones desde 2016 y Malasia ha estado aplicando una moratoria oficial desde 2018.
Las autoridades de Singapur deben detener inmediatamente la ejecución de Nagaenthran y establecer una moratoria de todas las condenas a muerte como primer paso fundamental. Tras un clamor global, la vida de un hombre condenado a muerte y la reputación de Singapur en materia de derechos humanos, incluido su trato a las personas con discapacidad, están en juego.
Si los tribunales no actúan, los líderes y lideresas de Singapur deben estar preparados para hacerlo. Durante los 18 años que lleva en el poder, el gabinete del primer ministro Lee Hsien Loong no ha aprobado ni una sola orden para la concesión de un indulto por parte de la presidenta. No obstante, si hay un momento para hacerlo, es ahora.
