Las llaman "armas menos letales", y están teóricamente diseñadas para que las fuerzas policiales puedan hacer cumplir la ley sin recurrir a armas letales. Pero la realidad, como acaba de constatar una investigación de Amnistía Internacional, es que su utilización ilegal y su mal uso han "causado miles de heridas evitables y decenas de muertes en el mundo entero”, según denuncia Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
En el reportaje "El comercio de la represión: Investigando la transferencia de armas utilizadas para aplastar la disidencia", Amnistía Internacional ha identificado a 23 importantes fabricantes de equipos menos letales y municiones de caza cuyos productos fueron empleados ilegalmente por las fuerzas de seguridad para reprimir más de 50 protestas en 25 países. Y también ha confirmado que, en un contexto de falta de transparencia y de regulación específica, los Estados que conceden licencias para tales exportaciones no están cumpliendo con diligencia su obligación de controlar –y llegado el caso, prohibir– ese irresponsable comercio. Todo ello está contribuyendo a una auténtica crisis global de derechos humanos que está socavando el derecho a la protesta pacífica en todo el mundo.
La responsabilidad es, pues, triple. De las autoridades locales, por permitir que sus fuerzas de seguridad violen los derechos humanos al ejercer su función de hacer cumplir la ley. De las empresas, por descuidar el enfoque de derechos humanos en sus operaciones y seguir vendiendo esas armas a países cuyas fuerzas policiales tienen graves antecedentes represivos y abusan sistemáticamente de los equipos no letales. Y de los Estados, por no controlar adecuadamente esas ventas y no regular urgentemente ese comercio para no facilitar ni favorecer violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y otros malos tratos a manifestantes y personas detenidas.
Y no será porque no haya referencias internacionales para un comportamiento responsable en la materia. Empezando por los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que exige a las compañías identificar y abordar los riesgos sobre derechos humanos relacionados con sus operaciones y sus cadenas de suministro. Siguiendo por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y por las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden (2021), que reclama a los Estados que proporcionen a las fuerzas policiales medios eficaces y menos letales, así como la adecuada capacitación para su uso lícito. Y acabando por los llamamientos de la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura para que los Estados apoyen un Tratado de Comercio Libre de Tortura, jurídicamente vinculante, que regule el comercio de equipos para hacer cumplir la ley y que incluya estrictos controles basados en los derechos humanos para evitar su uso abusivo para torturas y otros malos tratos.
Un manifestante lanza una granada de gas lacrimógeno contra la policía antidisturbios durante una manifestación. © Loic Venance / AFP vía Getty Images
Fragmentaria regulación legal de las armas menos letales
La lista de las llamadas armas menos letales es amplia: bastones, irritantes químicos (gas pimienta y gas lacrimógeno), pistolas de descarga eléctrica (táser), pelotas de goma, balas de plástico, cartuchos 'bean bag' (diseñados para que golpeen sin introducirse en el cuerpo), armas deslumbrantes (utilizan láseres o diodos emisores de luz), equipos acústicos, cañones de agua...
Su producción y comercio ha aumentado con rapidez desde hace dos décadas, tanto en cantidad como en variedad de modelos. Y, por si fuera poco, armas letales como las municiones de caza han acabado también en los arsenales de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, que con su uso inadecuado han provocado mutilaciones y muertes de manifestantes. Los equipos no letales se utilizan con frecuencia para torturas y otros malos tratos, no sólo a manifestantes, sino también a personas detenidas, defensores y defensoras de los derechos humanos, grupos marginados y muchos otros colectivos.
No hay, sin embargo, controles globales sobre el comercio de esos equipos policiales, cuya regulación es fragmentaria y en algunas regiones nula. Algunos casos, como el spray de pimienta y los cañones de agua, están cubiertos en la Unión Europea por el Reglamento Antitortura 2019/125, que impone controles de derechos humanos al comercio de equipos que puedan usarse para torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que incluso prohíbe los más abusivos. También el Reino Unido y Estados Unidos tienen disposiciones similares para su control comercial interno. Pero la normativa europea 2019/125 no incluye otros equipos –gases lacrimógenos, lanzadores y proyectiles de impacto cinético, vehículos blindados–, que tampoco tienen un control adecuado por la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas convencionales ni por el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
La falta de regulación lleva consigo falta de transparencia. Y a diferencia del comercio de armas convencionales, no hay mecanismos estatales de presentación de informes ni estimaciones fiables de los volúmenes y patrones del comercio internacional de equipos para hacer cumplir la ley. Han tenido que ser las investigaciones de fuente abierta realizadas por Amnistía Internacional, la Fundación de Investigación Omega –especializada en el estudio de la fabricación, comercio y uso de esas armas– y otras ONG las que documentaran las líneas generales de ese comercio y la urgencia de regularlo.
Un grupo de mujeres se cubren los ojos en referencia a los manifestantes cegados por balas de goma y gases lacrimógenos, durante una protesta antigubernamental frente al Palacio de La Moneda en Santiago, Chile 18 de enero de 2020. © REUTERS/Edgard Garrido
Uso temerario de las armas menos letales
Amnistía Internacional se ha apoyado en fuentes de acceso público, análisis de armas, datos comerciales e informes anteriores propios y de otras organizaciones. Tras analizar más de 500 imágenes y vídeos de protestas de los últimos cinco años, el Laboratorio de Evidencia de Crisis y el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional pudieron confirmar más de 100 episodios en los que agentes policiales desplegaron de forma ilegal equipos menos letales y municiones de caza. También identificaron a los 23 fabricantes cuyos productos se usaron ilegalmente para reprimir medio centenar de protestas en 25 países.
El empleo ilegal y muchas veces temerario ya fue comprobado, por ejemplo, en 2011 en Bahréin, donde al menos 12 personas murieron en protestas antigubernamentales cuando las fuerzas de seguridad lanzaron directamente granadas de gas lacrimógeno contra manifestantes y viviendas. Y en 2013 en Turquía, donde al menos tres personas murieron –incluido un niño de 14 años alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno– y más de 8.000 resultaron heridas cuando manifestantes pacíficos fueron reprimidos con porras, gases lacrimógenos y cañones de agua.
Al revisar imágenes de protestas de la última década, Amnistía Internacional encontró pruebas de un uso temerario –a veces con consecuencias mortales– de armas menos letales en todas las regiones. La policía ha utilizado cantidades excesivas de gas lacrimógeno para reprimir protestas en Perú, Pakistán y Sri Lanka. El año pasado, fuerzas policiales reprimieron ilegalmente movilizaciones en Grecia, Uzbekistán e Irak. Y este mismo año, en países como Francia e Israel se ha comprobado un uso indebido y rutinario de armas menos letales, desde gases lacrimógenos y balas de goma en las protestas por la reforma de las pensiones en París y otras ciudades francesas, hasta los repetidos ataques israelíes a manifestantes palestinos con gases lacrimógenos lanzados desde drones y con otras armas. En Irán se utilizaron incluso armas letales como balas de caza pesadas y perdigones de escopeta, municiones peligrosísimas que no están diseñadas para controlar protestas y que nunca deben emplearse con ese fin; las fuerzas de seguridad mataron con ellas a decenas de personas.
Un manifestante es detenido por agentes durante una concentración en el tercer aniversario de las protestas y disturbios que sacudieron a Chile en 2019, 18 de octubre de 2022. © REUTERS/Ivan Alvarado
Comercio cada vez más globalizado
La actual investigación de Amnistía Internacional, que tiene como marco de referencia su emblemática campaña Protejamos la Protesta, muestra que algunas empresas, como las surcoreanas CNO Tech y DaeKwang, la estadounidense Combined Systems o la brasileña Condor, continúan suministrando equipos menos letales a las fuerzas de seguridad represivas en otras crisis en las que sigue habiendo manifestantes muertos y heridos por ejercer su derecho de reunión pacífica.
Las ventas de esos equipos tienden a seguir vínculos históricos. A veces de origen colonial, como la amplia comercialización de equipos franceses con el África francófona y con Líbano. Otras veces, por influencia regional y vínculos comerciales, como la prevalencia de equipos fabricados o con licencia de Brasil, España y Estados Unidos en toda América Latina, y como la de equipos chinos en muchas zonas de África. Y otras, por vínculos militares, como sucede con las armas menos letales fabricadas en EE.UU. que llegan a Bahréin, Egipto e Israel.
En todo caso, el comercio de armas menos letales y equipos de control de multitudes está cada vez más globalizado. Y aunque China, Corea del Sur, Estados Unidos y los principales estados europeos dominan una parte importante del mercado, las empresas de países emergentes como Brasil, India y Turquía también producen para su mercado interno y exportan ampliamente. Paralelamente, la gama y la sofisticación de esos equipos han aumentado de forma notoria y se han extendido a todas las regiones.
Un perro ladra frente a la policía antidisturbios griega en el centro de Atenas. © Aris Messinis / AFP vía Getty Images
Imprescindible regulación global de las armas menos letales
Esa creciente globalización comercial hace aún más imprescindible una regulación global jurídicamente vinculante. Porque unas normas internacionales no bloquearán el comercio legítimo, pero sí aportarán claridad sobre las obligaciones estatales y empresariales en materia de derechos humanos relacionadas con ese comercio. Y todo ello contribuirá, de paso, a consolidar otros esfuerzos más amplios para prevenir la tortura y otros malos tratos.
Las regulaciones nacionales, regionales y globales sobre ese comercio no sólo interrumpirían el suministro a países donde proliferan los abusos contra los derechos humanos, sino que enviarían un claro mensaje de que tal situación no será tolerada y esos Estados deberán enfrentar las consecuencias.
En colaboración con una red de más de 30 ONG, Amnistía Internacional exige a los Estados que apoyen un Tratado de Comercio Libre de Tortura que prohíba equipos notoriamente abusivos como las balas de goma de múltiples proyectiles y que controle con el máximo rigor el comercio de equipos menos letales (gases lacrimógenos, balas de goma de un solo proyectil, porras, granadas paralizantes) que suelen emplearse para torturas y otros malos tratos.
Ese objetivo viene siendo apoyado a nivel internacional desde hace dos décadas por declaraciones, estudios y resoluciones en el sistema de Naciones Unidas. Y se vio parcialmente reforzado en septiembre de 2017 por la Unión Europea, Argentina y Mongolia, que lanzaron al margen de la ONU la Alianza para un Comercio Libre de Tortura (https://torturefreetrade.org/), integrada ya por más de 60 Estados que se comprometen a “actuar juntos para prevenir, restringir y poner fin al comercio” de equipos utilizados para la tortura y otros malos tratos y para la pena de muerte.
Sobre la base de la regulación antitortura de la UE y los avances en la ONU, los organismos regionales también han respaldado los controles sobre este comercio. Y muy recientemente, el pasado 12 de octubre, la Relatora Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes presentó un informe temático que recomendaba un instrumento internacional jurídicamente vinculante como el Tratado que reclama Amnistía.
Policías disparan gas pimienta a una manifestante que se ha subido a un vehículo blindado de la policía. © Boris Roessler/DPA/AFP via Getty Images
Amnistía Internacional pide a los Estados:
- Introducir regulaciones y fortalecer sus actuales controles sobre el comercio de armas y equipos para hacer cumplir la ley.
- Apoyar la creación de un instrumento global jurídicamente vinculante que prohíba los equipos notoriamente abusivos y que controle con rigor el comercio de ese tipo de equipos.
- Unirse, en caso de no ser aún miembros, a la Alianza para un Comercio Libre de Tortura (el primer paso puede ser pedirlo por correo electrónico a info@torturefreetrade.org).
- Introducir legislación para exigir diligencia a las empresas en materia de derechos humanos en todas sus operaciones.
Amnistía Internacional pide a las empresas que fabrican equipos policiales:
- Actuar con diligencia en materia de derechos humanos en sus cadenas de valor, incluida la evaluación y tratamiento de los impactos de sus productos y servicios sobre los derechos humanos de terceros.
- Poner fin a las exportaciones de equipos para hacer cumplir la ley que puedan utilizarse en violaciones de derechos humanos, incluida la tortura u otros malos tratos, independientemente de la legalidad de dichas exportaciones conforme a los sistemas de licencias nacionales.
