Mientras en España y medio mundo se formaron hace días colas para comprar papel higiénico, en Estados Unidos se están formando colas para comprar armas, y las ventas online crecen con fuerza. Innecesario, porque la administración Trump ha reconocido a los comercios que venden armas de fuego como “establecimientos esenciales”, por lo que permanecerán abiertos mientras se cierran muchos otros negocios para tratar de detener la propagación del coronavirus. ¿Por qué en Estados Unidos las armas parecen ser un producto imprescindible de defensa frente a la pandemia?
La idea de las armas como un instrumento imprescindible de defensa no atiende ni a estadísticas ni a estudios, los cuales indican claramente que la presencia de un arma en casa multiplica las posibilidades de que algún miembro de la familia resulte herido o muerto, que los casos de violencia de género sean aún más mortíferos, que los índices de suicidios aumenten o que un menor acceda accidentalmente al arma y acabe disparándose a sí mismo o a otra persona. Ya se han producido disparos accidentales en Arizona, Kentucky, Misuri y Oregón, algunos de los cuales se han cobrado las vidas de niños de tan sólo tres años. Más de 39.000 muertos y alrededor de 135.000 heridos anuales son las víctimas de esta circulación descontrolada de armas en el país.
Un médico en un centro de pruebas de la COVID-19, 31 de marzo de 2020, en Wheat Ridge, Colorado. © AP/David Zalubowski
Estados Unidos tiene la tasa (absoluta y per cápita) de posesión de armas de fuego más altas del mundo, ya que son de fácil adquisición para cualquiera, sin apenas controles ni requisitos. Consecuencia de esta falta de control es que a nivel federal no hay una prohibición en todo el país para que los maltratadores, por ejemplo, posean armas. Estados Unidos no tiene un sistema básico de regulación ni un sistema funcional de registro de armas o de verificación de antecedentes. Los homicidios causados por armas de fuego afectan de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas, especialmente a los varones jóvenes negros.
En 2017, de las 14.542 personas que perdieron la vida por armas de fuego, el 59% eran afroamericanas, a pesar de que representan sólo el 13% de la población. Antes de esta crisis, el Gobierno de EEUU ya incumplía su obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos porque la persistente violencia armada, que en promedio mata a más de 100 personas al día, está negando a la población sus derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la seguridad o el derecho a la no discriminación. Cientos de personas reciben disparos y sobreviven cada día, sin acceso a servicios de salud adecuados ni a fondos de compensación a las víctimas para hacer frente a sus lesiones.
“El Gobierno español debe dejar de autorizar la exportación a EEUU de armas pequeñas y de munición a la policía.”
Amnistía Internacional
España ha alimentado esta violencia armada, porque EEUU se ha convertido en el primer importador de armas españolas de caza y tiro deportivo. Las cifras impresionan: en 2018 nuestro país triplicó sus ventas de escopetas, rifles y cartuchos de uso deportivo a Estados Unidos, que pasaron de 14 millones de euros entre 2015 y 2017 a más 42 millones entre 2018 y junio de 2019 (últimos datos disponibles). Si a esto se suman las armas vendidas como material de defensa (70 millones en armas pequeñas y casi 20 en munición) la cifra total de armas de fuego vendidas alcanza los 146 millones desde 2015 a EEUU.
El Gobierno español debe dejar de autorizar la exportación a EEUU de armas pequeñas y de munición a la policía y empresas privadas hasta que se introduzcan medidas como el control exhaustivo de antecedentes; la regulación nacional de la concesión de licencias y el registro de armas; la prohibición de los fusiles de asalto semiautomáticos y otras armas de uso militar, la inversión en programas de reducción y prevención de la violencia en las comunidades basados en datos y legislación sobre almacenamiento seguro obligatorio.
“Armarse hasta los dientes no va a proteger a la población estadounidense del coronavirus.”
Amnistía Internacional
Todos los Gobiernos deben garantizar que los derechos humanos están en el centro de las respuestas que se den al brote de Covid-19, pero en Estados Unidos, un país rico, suma al reto común de todas las sociedades afectadas por la pandemia otros factores que pueden contribuir a agravar la situación: armas, racismo, falta de acceso a la salud, y una situación de enorme desigualdad para las personas que viven en la pobreza.
Al empeoramiento de algunos de estos escenarios están colaborando desde el propio Gobierno. El presidente Donald Trump, así como otros miembros de su gabinete, han estado utilizando nombres racistas que hacen referencia a China a la hora de referirse al Covid-19 en contra de las convenciones utilizadas por la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas. Como era de esperar, la prensa ya ha informado de cantidad de incidentes racistas hacia población de origen asiático, tanto agresiones físicas, como pérdida de negocio para restaurantes y tiendas regentadas por personas de ascendencia asiática.
La gente prepara lugares para dormir en un área marcada en un campamento improvisado para personas sin hogar, 30 de marzo de 2020 en Las Vegas. Las autoridades abrieron parte de un estacionamiento después de que un refugio local cerrara cuando un hombre que estaba allí dio positivo por coronavirus © AP/John Locher
Otro aspecto muy preocupante es la falta de claridad sobre cómo se cubrirán los gastos sanitarios de las personas que contraigan Covid-19 y necesiten atención médica, ya que el sistema de seguros privados deja muchos agujeros sin cubrir. Esto se añade a que muchas personas, por diferentes circunstancias, no tienen seguro médico o lo van a perder al quedar desempleadas. El Gobierno debería estar trabajando para garantizar el acceso de toda la población a una atención médica de calidad, que no provoque la ruina económica en caso de necesitar acudir al hospital, y que el miedo al coste económico no disuada a la gente de acceder a los tratamientos necesarios.
No hace falta ser una persona versada en ciencias para llegar a la conclusión de que armarse hasta los dientes no va a proteger a la población estadounidense del coronavirus. Como tampoco protege la compra de mucho papel higiénico, claro. Pero así como la compra de papel es más una anécdota que otra cosa, la de armas trae muchos más problemas que soluciones.
Desde Amnistía Internacional vamos a seguir trabajando para conseguir que las autoridades de Estados Unidos articulen de una vez por todas medidas que protejan a la población de la violencia armada y que acaben con este problema que cada año se cobra miles de vidas.
