La pandemia de la COVID-19 está provocando innumerables consecuencias para la población mundial. Ahí está el millón de muertos ya superado. Los millones de personas contagiadas. Las familias rotas. La crisis económica que se nos viene. Las desigualdades que crecen. El aumento de los problemas mentales. Las prioridades, como la lucha contra el cambio climático, en segundo plano...
Sin embargo, en este río revuelto, hay pescadores que han aumentado sus ganancias. Entre ellos, destacan los gobiernos de Colombia, Turquía, India, Egipto, Arabia Saudí, Irán, Guinea, Marruecos, Bielorrusia, Azerbaiyán, Hungría, Brasil, Polonia… que de una manera, u otra, han aprovechado la coyuntura para desarrollar políticas que restringen derechos humanos. Cada uno a su manera, cada uno con una intensidad diferente, pero coincidiendo a la hora de silenciar las voces críticas, las de quienes se manifiestan contra los abusos o quienes ponen en duda sus políticas, las voces incómodas. Algunos incluso han seguido llenando sus prisiones o han dejado dentro de ellas a quienes no merecen estar: los defensores y defensoras de derechos humanos.
Incluso a muy pequeña escala en relación con los países anteriores, también han ocurrido cosas lamentables en España, especialmente durante el Estado de alarma y la aplicación de la Ley Mordaza, que sigue vigente siete años después y aún no encuentra una decisión política valiente para modificarla. Y también, muy cerca de aquí, en Francia, donde miles de manifestantes sancionados injustamente en virtud de leyes draconianas antes y después de las medidas contra la COVID-19 soportan esta presión.
Algunas de las personas que están sufriendo esta actitud por parte de gobiernos que no aceptan las críticas son compañeros y compañeras mías.
Turquía, la mordaza de Erdogan
Activistas de Amnistía Internacional y de Reporteros sin Fronteras se manifiestan contra la censura que ejerce el gobierno turco. © Amnesty International/Will Clein)
El julio pasado conocimos una cruel noticia. Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Internacional (AI) en Turquía, fue condenado por “pertenencia a la organización terrorista Fethullah Gülen” y otros tres activistas Özlem Dalkıran, İdil Eser (ex directora de AI en Turquía)y Günal Kurşun por “ayudar a la organización terrorista Fethullah Gülen”. Fue un golpe devastador no sólo para Taner, Özlem, İdil, Günal y sus familias, sino para todas las personas que creemos en la justicia y en el activismo de derechos humanos en Turquía y fuera de ella. No han cometido ningún delito. Solo han trabajado por la defensa de los derechos humanos en su país, pero es algo que el presidente Erdogan no tolera.
Marruecos, ataques a la credibilidad
Esta noticia, prácticamente se fundió en el tiempo con los ataques de las autoridades marroquíes a la credibilidad de Amnistía Internacional y la campaña orquestada de desprestigio contra la oficina de la organización en Rabat. Esta respuesta del gobierno marroquí llegó poco más de una semana después de que la organización publicara un informe, el 22 de junio, donde revelaba que las autoridades utilizaron software espía de NSO Group para someter al periodista independiente Omar Radi a vigilancia ilegal. Ésta no era la primera vez que se obstaculizaba el trabajo de Amnistía Internacional en Marruecos. En junio de 2015, dos miembros de los equipos de investigación de la organización que estaban documentando la situación de las personas migrantes y refugiadas fueron expulsados del país pese a que el gobierno había garantizado su visita previamente. Las autoridades incluyeron también en una lista negra a un miembro del personal de Amnistía Internacional que había firmado un informe de 2014 sobre la tortura en el país; le prohibieron viajar a Marruecos tanto para hacer trabajo de investigación sobre el terreno como a título personal. En septiembre del mismo año, prohibieron un campamento juvenil para fomentar el activismo de la organización.
Kenia, en defensa de lo público
Desgraciadamente, no son casos aislados. La presidenta de Amnistía Internacional Kenia, Renee Ngamau, fue detenida la noche del 14 de septiembre de este año por haber reunido a sus vecinos para oponerse pacíficamente a la construcción de una urbanización privada en terrenos públicos destinados a zona de recreo. Poco después quedó en libertad bajo fianza y se le ordenó comparecer ante el tribunal de primera instancia de Kibera en Nairobi. Después de más de dos horas de espera en el tribunal y sin cargos, se presentó en la comisaría de Kilimani para evitar que la volvieran a arrestar. Fue privada de libertad simplemente por actuar como defensora de los derechos humanos y por trabajar para proteger terrenos públicos.
India, el acoso del gobierno
Activistas de Amnistía Internacional marchan por el centro de Bangalore para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2018. © Amnistía Internacional India
El último ataque ha llegado desde India, donde la oficina de Amnistía Internacional ha tenido que cerrar por el acoso del gobierno, que ha ordenado congelar sus cuentas bancarias; una medida lamentable y atroz que ha obligado a interrumpir el trabajo en defensa de los derechos humanos en el país. En los últimos tiempos, los miembros del personal de la organización habían afrontado numerosos riesgos por su actuación en los disturbios de Delhi y en Jammu y Cachemira, y su labor de denuncia de la violencia de género.Han sufrido denuncias falsas, redadas practicadas por diversos órganos investigadores, filtraciones maliciosas a los medios de comunicación y actos de intimidación sin que existan indicios de irregularidades con un ápice de verosimilitud.
Amnistía Internacional, en el punto de mira
Laith Abu Zeyad, palestino residente en la Cisjordina ocupada y responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Las autoridades israelíes le prohibieron viajar al extranjero en octubre de 2019 por “razones de seguridad” no reveladas. © Particular
La actuación contra miembros de Amnistía Internacional no es sólo propia de estos tiempos de coronavirus, sino que viene de largo. A Laith Abu Zeyad, por ejemplo, palestino residente en la Cisjordania ocupada y responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, las autoridades israelíes le prohibieron viajar al extranjero enoctubre de 2019 por “razones de seguridad” no reveladas. Queríaacompañar a su madre a recibir tratamiento médico por un cáncer que padecía, pero no fue posible. En diciembre le prohibieron visitarla, por lo que no tuvo la oportunidad de verla antes de su muerte. Laith Abu Zeyad estaba entre las personas detenidas arbitrariamente y torturadas por las fuerzas de seguridad palestinas en junio de 2018, durante la represión de una manifestación organizada por activistas palestinos en Ramala.
Más atrás en el tiempo, si nos vamos hasta 2016, nos encontramos con que la oficina de AI en Moscú fue precintada. Tres años antes, la misma oficina había sido allanada. El delito siempre fue el mismo. Denunciar lo que ocurre e incomodar al gobierno.
Hace muchos años en España, en 1979,se vivieron situaciones similares, con una serie de ataques a la oficina de Madrid. Bastantes años después, en julio de 2005, con la presentación del primer informe sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo se sucedieron las amenazas telefónicas y hubo que reforzar la seguridad de la sede central. Una seguridad que se vio también alterada cuando la policía desalojó la misma oficina en 2014, después de que se recibiera un sobre sospechoso.
Por suerte no se han repetido casos como el de 1977 en Chile, durante la operación Cóndor. Según denunció la prensa internacional, activistas de la organización estaban en el punto de mira para ser eliminados.
“Defender los derechos humanos siendo parte de Amnistía Internacional nunca ha sido una tarea fácil, aunque es verdad que el apoyo de 90.000 personas en España y de casi siete millones en el mundo son razones suficientes para no rendirse.”
En Hungría los medios estatales decidieron no informar de los contenidos de Amnistía Internacional. En imagen, protesta de los activistas de AI contra las leyes concebidas para silenciar. © AI
Más común, empero, ha sido la obstaculización para hacer nuestro trabajo de denuncia. En Hungría, en 2019 los medios estatales decidieron no informar de los contenidos de Amnistía Internacional. Estábamos censurados. Trataban de impedir así que las protestas por las políticas del presidente Viktor Orban contrarias a los derechos humanos encontraran eco dentro del país. También ha sido común impedir el trabajo de investigación prohibiendo el acceso a países como China, Cuba o Azerbaiyán para documentar lo que ocurre sobre el terreno o no dejarnos acudir hace unas semanas a las audiencias por el caso de Julian Assange en Londres.
Defender los derechos humanos siendo parte de Amnistía Internacional nunca ha sido una tarea fácil, aunque es verdad que el apoyo de 90.000 personas en España y de casi siete millones en el mundo son razones suficientes para no rendirse. Seguiremos denunciando, por tanto, aunque esa denuncia lleve a veces nuestro propio nombre.
