Venezuela atraviesa por una grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos, que se evidencian en la pérdida de calidad de vida, la falta de acceso a los derechos a la alimentación adecuada y a la salud, en la inseguridad jurídica y personal, así como en la violencia institucional y la represión a la protesta. Ante este panorama, las protestas y los flujos de migración hacia otros países se han incrementado substancialmente.
Algunos datos reveladores:
- En el año 2018 se registraron 12.715 protestas en todo el país según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
- Se estima que 3 millones de personas han migrado de manera forzada buscando protección internacional; y entre 2017 y 2018 se encuentra el periodo de mayor flujo migratorio, según OIM, ACNUR y diversas fuentes.
- El salario mínimo oficial en Venezuela es de US$ 6 al mes.
- La inflación en Venezuela fue de 1.698.488,2% en el año 2018, según la Asamblea Nacional. El FMI estima una inflación anual de 10.000.000% para el 2019.
Amnistía Internacional ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela durante años. En particular, el impacto en los derechos humanos de la crisis institucional que afecta a Venezuela por el enfrentamiento entre diferentes instituciones políticas del Estado desde el año 2017 y que en estos momentos tiene su expresión más reciente.
- En marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó competencias de la Asamblea Nacional; que tiene dos tercios de mayoría opositora. Esto desencadenó protestas que el gobierno de Nicolás Maduro reprimió mediante el uso de la fuerza en muchas ocasiones de forma ilegítima y desproporcionada. En el período, entre abril y julio de 2017, hubo un saldo de más de 120 personas muertas, alrededor de 1.958 personas heridas y registros de más de 5.000 personas detenidas.
- Amnistía Internacional publicó los informes: Silencio a la Fuerza y Noches de Terror sobre violaciones de derechos humanos ocurridos durante esos eventos.
- Durante las protestas ocurridas de abril a agosto de 2017 la Fiscal General de la República realizó contantes denuncias y publicó listados y pruebas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. En agosto de ese año fue destituida por la Asamblea
Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia. Posteriores amenazas la llevaron a abandonar Venezuela y pasar al exilio.
Durante los días 22 y 23 de enero se registraron protestas multitudinarias convocadas por el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país, y particularmente en sectores populares en los que existe una amplia presencia de grupos armados pro-gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta del Estado venezolano consistió en el despliegue de fuerzas policiales tácticas con armas de fuego durante las cuales ha habido acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos, que investiga actualmente Amnistía Internacional.
Fuerzas de seguridad a la entrada de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 17 de mayo de 2018. © Jesús Olarte/AFP/Getty Images
¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional frente a la controversia institucional en Venezuela? O ¿A quién considera Amnistía Internacional como presidente legítimo de Venezuela?
El mandato de Amnistía Internacional es la protección y defensa de los derechos humanos. Nuestro trabajo está centrado en la documentación de violaciones a los derechos humanos, y la exigibilidad de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esas violaciones de derechos humanos, demandando de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional.
Amnistía Internacional tiene como prioridad de nuestro trabajo en Venezuela seguir documentando las implicaciones que la crisis institucional, política y económica tiene en los derechos humanos de las personas dentro y fuera de Venezuela; ya que una consecuencia evidente de la crisis ha sido el éxodo masivo de venezolanos y venezolanas que huyen desesperadas por la falta de acceso a los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a la seguridad, entre otros.
Amnistía Internacional no toma partido sobre la legitimidad o legalidad de elecciones nacionales, o de cualquier otro asunto de naturaleza política-electoral, que es e lpunto de inicio de la crisis institucional. Amnistía Internacional no reconoce o deja de reconocer autoridades porque esta no es nuestra función, y por el contrario exige a todas las autoridades a cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos.
Amnistía Internacional es una organización imparcial que no toma posición ni apoya o se opone a ningún líder político, gobierno, ideología política o religiosa o fracción dentro de un gobierno. La organización reconoce que son las personas en Venezuela quienes tienen derecho y deben decidir sobre la elección de sus autoridades.
Sin embargo, que la organización se proclame imparcial no significa que sea neutral, nuestro lado siempre será con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como las que hemos acompañado en los últimos años en Venezuela, quienes han sido sujetas a graves violaciones perpetradas por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
¿Por qué Amnistía Internacional no denuncia el 'Golpe de Estado' contra el gobierno de Nicolás Maduro? o ¿Por qué Amnistía Internacional no denuncia usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro?
Amnistía Internacional ha venido monitoreando el impacto en los derechos humanos de la crisis institucional que afecta a Venezuela, documentando y actuando ante las violaciones graves de derechos humanos que se han registrado.
No es parte de la misión de Amnistía Internacional opinar o tomar partido sobre la legitimidad o legalidad de un gobierno, incluyendo alegaciones de golpes de Estado o alegaciones de usurpación de cargos presidenciales. Amnistía Internacional es una organización independiente y no ha tomado posición sobre la legalidad o ilegalidad de los diferentes eventos que han profundizado la crisis institucional en Venezuela. Por ejemplo, no emitimos posicionamiento frente a la denuncia de "ruptura del orden constitucional" de la Fiscal General ante las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, ni ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, ni sobre las elecciones del 2018.
Amnistia Internacional considera que, independientemente de la disputa política por la que atraviesa Venezuela actualmente, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. Esto incluye también el derecho de las y los ciudadanos a votar en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de su voluntad. Asimismo, el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente para exigir a sus líderes rendición de cuentas o cambios de políticas públicas, así como a manifestarse y expresarse a favor o en contra del gobierno.
Sala de emergencias en el Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia - Fotografía de la plataforma Salida de emergencia sobre personas migrantes y refugiadas venezolanas en busca de atención médica para salvar su vida en Colombia. © Amnesty International/Sergio Ortiz
¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos que dice Amnistía Internacional que se han cometido en las últimas semanas en el contexto de la crisis institucional?
Amnistia Internacional está verificando la información que ha recibido sobre violaciones de derechos humanos en las últimas semanas y sobre todo desde el 21 de enero. En el marco de las protestas sociales que se han desatado desde entonces, particularmente en zonas populares, y ante las masivas manifestaciones convocadas por la oposición, se han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, de acuerdo a la organización venezolana Foro Penal, hubo 988 personas detenidas arbitrariamente entre el 21 y el 31 de enero; 741 de las cuales siguen privadas de su libertad al 6 de febrero de 2019, incluyendo 137 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 10 continúan detenidos. De acuerdo a esta misma organización, el 23 de enero solamente, día de la marcha masiva convocada por la oposición, se produjeron 770 detenciones arbitrarias. Sumadas a las detenciones arbitrarias que el Foro Penal documentó en el pasado, se estima que en la actualidad habría 942 personas detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
También diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana han reportado la muerte de 40 personas en el marco de las protestas; y denuncias de tortura y otros malos tratos en el marco de las detenciones arbitrarias –incluso en casos de niños y adolescentes–, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
Lo anterior parece ser la continuación de la política sistemática de represión de las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro, la cual Amnistía Internacional ya ha documentado desde hace tiempo. Sin embargo, la organización advierte que ciertos patrones de conducta parecen agravar esta política de represión en el contexto actual, que la organización se encuentra actualmente investigando.
Asimismo, ha habido denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, incluyendo al menos 19 profesionales del periodismo, tanto nacionales como extranjeros, que han sido detenidos arbitrariamente y/o expulsados del país.
¿Qué ha dicho Amnistía Internacional sobre la crisis hasta el momento?
Amnistía Internacional se ha pronunciado exigiendo el cese de las detenciones arbitrarias, y en particular denunciando la detención de niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas. Asimismo, hemos exigido la liberación de las y los periodistas detenidos y que se les garantice su derecho a la libertad de expresión. Por último, hemos hecho un llamado al cese del uso de la fuerza innecesaria y excesiva en contra de las personas que se manifiestan pacíficamente, y en particular hemos denunciado las muertes ocurridas en este contexto y haciendo un llamado a las autoridades del Estado a proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica de todas las personas.
Un manifestante en la protesta "No queremos morir" en Caracas, Venezuela lleva una pancarta que denuncia la falta de suministros y tratamientos para la diálisis en Venezuela. © Amnesty International/Laura Rangel
¿Qué opina Amnistía Internacional sobre las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto en contra de Venezuela?
El 28 de enero, el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas que impiden que la empresa petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) exporte petróleo crudo a los Estados Unidos y que los proveedores estadounidenses vendan productos refinados que Venezuela necesita para procesar su crudo pesado. Dado que la economía venezolana tiene una fuerte dependencia de la exportación de petróleo y que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, estas medidas pueden tener un fuerte impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales.
Amnistía Internacional recuerda al gobierno de los Estados Unidos que, independientemente de las circunstancias, las sanciones siempre deben tener plenamente en cuenta el impacto que tendrán en el disfrute de los derechos humanos, especialmente en los grupos más vulnerables de la sociedad. Las sanciones deben ser dirigidas, con objetivos específicos y un calendario claro, y deben incluir el monitoreo de la efectividad y el impacto humanitario de las sanciones.
Antes de estas y de otras sanciones que hubo contra funcionarios, Amnistía Internacional ha expresado su profunda preocupación por la crítica situación de la vulneración de los derechos a la alimentación y la salud en el país, que las autoridades venezolanas no han abordado adecuadamente. Por el contrario, la negativa de las autoridades venezolanas a reconocer la grave crisis de escasez de alimentos y medicamentos, además del deterioro general de los servicios de salud del país y la crisis de seguridad alimentaria, cuestiona la disposición del Estado venezolano a cumplir con su responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de acceso a estos derechos para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
Es importante enfatizar, además, que la imposición de sanciones no anula ni disminuye de ninguna manera las obligaciones relevantes del Estado de Venezuela de tomar todas las medidas posibles, incluidas las negociaciones con la comunidad internacional, para obtener cooperación internacional (llamado por otros actores ayuda humanitaria), a fin de reducir al mínimo el impacto negativo sobre los derechos de los grupos vulnerables dentro de la sociedad.
Personas migrantes venezolanas cruzan el puente fronterizo "Simón Bolívar" en Cúcuta, Colombia. © Amnesty International/Sergio Ortiz
¿Qué opina Amnistía Internacional sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela por otros países?
La comunidad internacional tiene la obligación de encontrar fórmulas que permitan que no escale el conflicto de Venezuela; de proteger a las millones de personas refugiadas que se han visto forzadas a salir de Venezuela; de apoyar a los distintos actores nacionales a lograr condiciones que permitan el disfrute de los derechos humanos; de velar porque toda acción externa no sea violatoria a los principios del derecho internacional y que se garantice que no se produzca más sufrimiento ni vulneración de derechos en el pais.
Cualquier acción de la comunidad internacional debe respetar los principios de derecho internacional y anteponer precisamente los derechos humanos de las personas en Venezuela.
Un abordaje responsable sobre la situación actual debe centrarse en garantizar sin dilaciones los derechos de las personas en Venezuela y no desviar la atención a posibles intervenciones militares. En particular, se debe atender la dramática situación de acceso a alimentación y salud que pone en riesgo los derechos de cientos de miles de personas y que está obligando a muchos venezolanos y venezolanas a migrar forzadamente a otros países de la región en números nunca antes vistos.
¿Por qué Amnistía Internacional ha demandado a Venezuela a que solicite cooperación internacional (también llamada ayuda humanitaria por otros sectores)?
El Estado venezolano está en la obligación de garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la alimentación, así como otros derecho económicos y sociales, y de llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para garantizarlo, entre ellas la solicitud de cooperación internacional.
El Comité DESC ha establecido que la atención de la salud pre y post natal, la atención de emergencia y el acceso a medicamentos esenciales es una obligación mínima e inderogable de cada Estado, y que en caso de que un país no pueda garantizar estas obligaciones básicas, debe demostrar que se realizaron todos los esfuerzos posibles para cumplir con este
deber, tanto a través de los recursos existentes dentro del Estado como los disponibles de la comunidad internacional a través de la cooperación y asistencia internacional.
El Estado venezolano durante más de una década ha sido poco transparente con el acceso a información y en la exactitud de las estadísticas oficiales, declarando indicadores de desarrollo humano y de bienestar de la población que no se corresponden con los reportes de organismos independientes sobre el disfrute de derechos económicos y sociales por parte de la población ni con las violaciones de derechos humanos verificadas por Amnistía Internacional.
Ahora bien, la cooperación internacional y los medios para su implementación deben ser ampliamente consultados con la sociedad civil y transparentes para asegurar que los recursos sean distribuidos sin discriminación y que atiendan realmente la crisis y su magnitud, y existan mecanismos de rendición de cuentas apropiados para este tipo de cooperación.
Un grupo de personas que necesitan tratamiento piden acceso a atención médica y medicamentos en la protesta "No queremos morir" en Caracas, Venezuela. © Amnesty International/Laura Rangel
Pero Nicolás Maduro/autoridades del Estado ha dicho que no existe un problema de escasez y que no necesitan ayuda humanitaria
Amnistía Internacional ha venido documentando la grave crisis de derechos humanos, con violaciones masivas de los derechos humanos, donde tanto derechos civiles y políticos, como sociales, económicos y culturales están siendo violados.
La situación de escasez y desabastecimiento supone no sólo una preocupante regresión en los logros alcanzados por el país hasta hace unos años en materia de derechos económicos y sociales, sino también un grave riesgo del derecho a la vida de miles de personas en Venezuela por falta de comida y acceso a la salud. Como resultado de medidas adoptadas por el Estado, se ha observado con preocupación la reducción del poder adquisitivo, del salario y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores de Venezuela:
- El sueldo mínimo oficial en Venezuela es de US$ 6 al mes. Este es el ingreso que recibe gran partede la población de Venezuela (Sueldo mínimo fijado por el gobierno Bs 18.000; bono de alimentación 1800, tasa que cambio oficialdel Banco Central de Venezuela Bs 3297 por 1 US$)
- La Asamblea Nacional estimó que para el año 2018 la inflación fue de 702.521%, el FMI estima una inflación anual de 10.000.000% para el 2019.
Expertos independientes de la ONU, como la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; el Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho a la salud; y el Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, expresaron preocupación en febrero de 2018 por las alarmantes condiciones de vida, que se agravan cada día en el país. Además de estos expertos independientesde la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), han emitido pronunciamientos e informes en este mismo sentido y han solicitado que se active la cooperación internacional.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha dado los permisos necesarios para que estos relatores, o los de la Comisión Interamericana de DDHH, puedan visitar el país. En este contexto es preocupante que la administración de Nicolás Maduro continúe negando la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país y, más aún, negar el acceso de cooperación internacional, tanto técnica como económica.
Es necesario que el Estado reconozca la crisis y se generen respuestas urgentes y adecuadas para garantizar los derechos humanos en el país, de manera más urgente, los derechosa la salud y la alimentación.
¿Qué opina Amnistía Internacional sobre la "asistencia humanitaria" anunciada recientemente por Estados Unidos?
Amnistía Internacional considera que el sufrimiento generalizado de las personas en Venezuela no puede ser usado como una herramienta para la negociación política. Amnistía Internacional no cree que la asistencia deba utilizarse como una herramienta de negociación para ejercer presión política en los Estados, incluso si están cometiendo violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional se opone a todas las condiciones de asistencia y cooperación internacional que resulten o puedan resultar en abusos alos derechos humanos. Todas las condiciones deben examinarse cuidadosamente para garantizar que su cumplimiento no dé lugar a abusos contra los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones la crisis sobre el derecho a la salud, a la alimentación y otros derechos económicos y sociales de las personas en Venezuela. De hecho, los más de 3 millones de venezolanos que están huyendo del país, han declarado haberprincipalmentesalidopor eso. También la organización ha insistido en la obligación de las autoridades venezolanas de buscar asistencia y cooperación internacional y que el rechazo arbitrario de aceptar dicha asistencia es una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, cualquier asistencia debe cumplir con el derecho internacional.
La principal obligación de respetar, proteger y garantizarlos derechos económicos, sociales y culturales (DESC) es de las autoridades. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de buscar asistencia y cooperación internacional (financiera y / o técnica, bilateral y / o multilateral) para la realización de estos derechos, en particular cuando sea necesario para cumplir con las obligaciones básicas mínimas de un Estado, como la satisfacción del nivel mínimo esencial de cada derecho para todas las personas sin discriminación. Por ejemplo, en virtud del derecho a la salud, los Estados deben garantizar el acceso a medicamentos esenciales, atención de emergencia y atención prenatal y postnatal. Esto significa quelos Estados que no pueden asegurar al menos niveles mínimos esenciales de DESC para su población deben buscar (y no pueden rechazar arbitrariamente) la asistencia y cooperación internacional para hacerlo.
Por esta razón, al igual que muchas organizacionesnacionales e internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido en varias ocasiones a las autoridades venezolanas que acepten varias ofertas de cooperación internacional (o ayuda humanitaria como le llaman otras organizaciones) en el país. La posición de las autoridades venezolanas ha sido negarse a reconocer el grave problema de la escasez de alimentos y medicamentos y no aceptar esa cooperación ofrecida en el pasado por varios actores internacionales.
Por otro lado, los Estados que están en condiciones de hacerlo tienen la obligación de proporcionar asistencia cuando sea necesario. Existe una obligación mutua de todos los Estados cuando participan en asistencia y cooperación internacional. Los Estados tienen que cooperar internacionalmente para garantizar que se reciba una asistencia adecuada, por ejemplo, para coordinar su asistencia para el desarrollo de manera tal que se garantice que no se descuiden sectores de la población o ciertos sectores / temas, en el cumplimiento de los niveles mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales y culturaleso que no se pone en riesgo otros derechos humanos.
Los Estados que brindan asistencia deben garantizar que los derechos humanos estén protegidos y, por lo tanto, deben ejercer la debidadiligencia para garantizar que ninguna asistencia para el desarrollo en la que participen tenga como resultado abusos contra los derechos humanos. También deben garantizar la transparencia y el acceso a información completa sobre el propósito, la procedencia, el monto y los términos de la asistencia para el desarrollo y cómo se utiliza, se supervisa y se contabiliza. Varios organismos pueden desempeñar un papel en el monitoreo y la rendición de cuentas, incluidos los órganos parlamentarios, las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Dicha transparencia también es necesaria para garantizar mecanismos efectivos para prevenir y abordar la corrupción.
Personas migrantes venezolanas duermen en las calles de Cúcuta, Colombia. © Amnesty International/Sergio Ortiz
¿Entonces Amnistía Internacional apoya o se opone a la entrada de ayuda humanitaria que está coordinando el gobierno de Estados Unidos?
Amnistía Internacional reitera su llamado a la comunidad internacional en su conjunto y de manera coordinada a ofrecer cooperación y asistencia para solucionar la grave crisis de derechos económicos y sociales que atraviesa el país.
Amnistía Internacional considera que existen numerosas fórmulas de cooperación internacional que podrían definirse atendiendo al contexto venezolano y la dimensión de la problemática. En este sentido Amnistía Internacional hace un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a las diferentes autoridades venezolanas, para que de manera inmediata activen un mecanismo de cooperación compartido y coordinado que atienda lagrave situación del derecho a la salud y a la alimentación; así como otros derechos sociales. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional, con conocimiento y capacidad en la materia, deben ser parte de este mecanismo.
Con relación al derecho a la salud, Amnistía Internacional se suma al llamado de muchas de las organizaciones de la sociedad civil que están solicitando un mecanismo de cooperación internacional a través de agencias como la Organización Panamericana de la Salud, PAHO. Esta agencia tiene presencia en Venezuela, reconocida experiencia en el ámbito de la salud, y capacidad de coordinación con otras agencias de la ONU. Una de las propuestas que se discute, consistiría en fortalecer un cierto número de 70 hospitales estratégicos, que en conjunto dan cobertura hospitalaria a más del 80% de la población.
Asimismo, la ayuda internacional y los medios para su implementación deben ser ampliamente consultados con la sociedad civil, y transparentes, para asegurar que los recursos sean distribuidos sin discriminación y atiendan realmente la crisis y su magnitud, y existan mecanismos de rendición de cuentas apropiados para este tipo de cooperación.
¿En base a qué está pidiendo Amnistía Internacional que se reconozcan a las personas que provienen de Venezuela como refugiadas?
La Declaración de Cartagena es un instrumento regional de 1984 donde, entre otras conclusiones, se acordó la necesidad de ampliar el concepto de refugiado, teniendo en cuenta la situación existente en la región yla doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, las legislaciones internas de varios países de América Latina sobre el derecho al asilo y al refugio, además de contener los elementos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y suProtocolo de 1967, también incluyen elementos que consideran refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
En este sentido, Amnistía Internacional considera que esta definición debe aplicarse a personas que hoy en día están huyendo de la crisis de derechos humanosque vive Venezuela, y que deberían tener la posibilidad de acceder a los procesos de solicitud de asilo de cada país. Para Amnistía Internacional, en Venezuela existen violaciones generalizadas de derechos humanos, que ponen la vida, libertad y seguridad de muchas personas en riesgo.
Amnistía Internacional ha estudiado casos de personas con enfermedadescrónicas que enfrentan lafalta de acceso a medicamentos esenciales. En el contexto de violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela,estas situacionesexigena los países receptores, cualquier que sea su legislación nacional, aexaminar estos casos a la luz de las obligaciones en materia de refugio, y asegurar mecanismos de protección que garanticen el principio de no-retorno forzado al país, dada la compleja crisis de derechos humanos.
Para ello Amnistía Internacional se está basando además en la reciente resolución de la Comisión Interamericana de derechos humanos 1/2018, sobre migración forzada de personas venezolanas, el resumen de las conclusiones sobre la interpretación de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, así como resoluciones de comisiones para la determinaciónde la condición de refugiado en otros países, donde se está aplicando la definición de Cartagena.
