El gobernador de Arkansas sin duda cree que es mejor ejecutar a quien corresponda que desaprovechar un medicamento básico en la aplicación de la inyección letal. Tanto es así que Asa Hutchinson acaba de firmar las órdenes necesarias para que ocho personas sean ejecutadas entre el 17 y 27 de abril próximos. Los ocho nominados cometieron sus delitos entre 1989 y 1999 y han agotado todos sus recursos legales.
Según ha salido publicado en numerosos medios de comunicación, el medicamento que expira es el midazolam, un ansiolítico que sirve para dejar inconsciente al condenado antes de que los otros dos componentes necesarios en la ejecución sean aplicados. Hutchinson no lo quiere echar a perder, pues sabe que al problema de la caducidad se suman las dificultades para conseguirlo por la negativa de las farmacéuticas a venderlo para un uso tan "polémico".
Tras 12 años sin aplicar la inyección letal en Arkansas, lo que se va a producir es la mayor ejecución en masa desde la reinstauración de la pena máxima en Estados Unidos en 1977. Según Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de la Pena Capital, dos estados programaron ocho ejecuciones en un mes en el pasado, pero ninguno, ocho en 10 días.
Las defensas de los condenados están intentando parar las ejecuciones, aunque ya han agotado todos los recursos legales.>
“ Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución.
Mientras en otros lugares…
La pena de muerte se sigue aplicando. En Jordania se ha llevado a cabo recientemente la ejecución de 15 personas. “Se trata de un gran paso atrás tanto para Jordania como para los esfuerzos por poner fin a la pena de muerte, una forma absurda e ineficaz de administrar justicia. (…). Ahorcar a la gente no mejorará la seguridad pública”, declaró Samah Hadid, directora adjunta de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut.
A finales de enero y, por primera vez desde 2013, las autoridades de Kuwait llevaron a a cabo la ejecución de siete personas por ahorcamiento. También se han producido en Irak ejecuciones masivas. En Bahréinhubo protestas contra tres ejecuciones llevadas a cabo mediante pelotón de fusilamiento el pasado 15 de enero.>
En Filipinas se acaba de adoptar la reintroducción de la pena de muerte en el país con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El siguiente paso será su debate y votación en el Senado de Filipinas para lo que Amnistía Internacional continuará presionando con el objeto de que no sea finalmente aprobada. Igualmente trabajamos contra la posible reanudación de la pena de muerte en Maldivas tras más de 60 años sin aplicarla.
Mientras en Guatemala, un rayo de esperanza. En este país la Corte estudia una acción de inconstitucionalidad contra la pena de muerte. Amnistía Internacional insta al Congreso de este país a que aproveche la oportunidad de este debate en la máxima instancia judicial para abolir de una vez esta pena en la legislación nacional.>
©AI/ Florian Zeidler>
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Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución, y trabaja para conseguir su abolición. La organización considera que la pena capital es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
