Veinte años después del 11 de septiembre de 2001, los recuerdos de ese ataque nos siguen persiguiendo y el impacto humano se mantiene muy presente. Además de las casi 3.000 personas asesinadas aquel día, miles de trabajadores y trabajadoras de emergencias y supervivientes continúan sufriendo los efectos sobre la salud física y mental a largo plazo de los ataques.
El 20º aniversario de este crimen contra la humanidad es también momento para reflexionar sobre la respuesta de Estados Unidos, así como sobre el legado de derechos humanos de esta respuesta.
A los líderes de Estados Unidos les resulta muy fácil llenarse la boca hablando de derechos humanos. En una rueda de prensa en la Casa Blanca cuatro meses después de los ataques, el presidente George W. Bush proclamó que los EEUU eran "uno de los grandes bastiones de los derechos humanos", y una semana después dijo que "siempre sería el líder mundial en apoyo de los derechos humanos". Esta última declaración era parte de su condena del historial de derechos humanos en Cuba, a dónde, en cuestión de meses y bajo su autoridad, el ejército de EEUU transportó a detenidos a detención indefinida, aprovechándose de que la base naval estaba en suelo cubano para mantener su tratamiento lejos del escrutinio judicial.
Un grupo de bomberos se encuentra cerca del destruido World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. © REUTERS/Shannon Stapleton
La administración Bush, gran creadora de eufemismos
Se dice que uno de los objetivos del terrorismo es obligar al Estado a mostrar su verdadero ser. Las detenciones de Guantánamo fueron parte de la respuesta al 11S pero fueron, en realidad, construidas sobre una reticencia histórica a aplicar los principios universales de derechos humanos a su propia conducta. La lista de eufemismos usados por EEUU para nombrar sus abusos creció mientras docenas de detenidos eran "desaparecidos" en "lugares oscuros" en ubicaciones secretas alrededor del mundo, y centenares fueron detenidos en Afganistán o trasladados a la Bahía de Guantánamo para enfrentarse a técnicas "de estrés y coacción". Las comisiones militares, incompatibles con los estándares internacionales de juicios justos y con el poder de sentenciar a muerte, fueron puestas en marcha. Los abusos migraron a Irak después de su invasión en 2003.
Fue como si Estados Unidos se hubiera eximido a sí mismo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). De hecho, lo hizo. En lo que llamó la "guerra contra el terror", se inventó las reglas. Se saltaron los principios de derechos humanos o los ignoraron.
Bajo la autoridad presidencial, los EEUU recurrieron a la desaparición forzada y la tortura en un programa operado por la CIA, aprovechándose de la condicionalidad en la que había insistido al firmar los tratados de derechos humanos que codificaban las provisiones de la DUDH. Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992 y la Convención contra la Tortura dos años después, los Estados Unidos acordaron estar obligados a respetar la prohibición sobre los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes solo hasta donde tales tratamientos estuvieran prohibidos por la Constitución estadounidense. Esta condicionalidad fue explotada por el gobierno para darle una pátina de legalidad a actos claramente ilegales.
La tortura nunca es legal; de hecho, es un crimen bajo la legislación internacional. Lo mismo es cierto para las desapariciones forzosas, reconocidas como un crimen desde los Juicios de Núremberg. Los gobiernos están obligados a investigar tales crímenes y a llevar a los responsables ante la justicia, sin importar si son altos cargos o meros funcionarios. Los supervivientes de violaciones de derechos humanos tienen derecho al remedio y la reparación efectivas. Además, hay un derecho individual y colectivo a la verdad sobre estas violaciones.
Hoy en día, el remedio y la rendición de cuentas continúan brillando por su ausencia. Alguna información sobre el programa de la CIA se ha desclasificado a lo largo de los años, pero todavía hay mucho que se mantiene en secreto. Un informe de 6.000 páginas elaborado por el Senado de EEUU sobre este programa todavía tiene que ver la luz siete años después de haber sido acabado.
En un discurso dos meses después de los ataques del 11S, el presidente George W. Bush declaró ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que "en esta guerra del terror, cada uno de nosotros debe responder por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado sin hacer". Desde que acabó su mandato, ha continuado apoyando las decisiones que tomó en la estela de los ataques. Él y otros actores principales se han sentido suficientemente seguros para publicar memorias en las que no muestran ningún tipo de remordimiento por lo sucedido durante ese periodo, describiendo de manera efectiva su papel en crímenes bajo las leyes internacionales.
Un guardia abre la puerta en la entrada del Campamento VI, una prisión utilizada para albergar a los detenidos en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, 5 de marzo de 2013. © REUTERS/Bob Strong/File Photo
“Valores americanos” como vara de medir
Un efecto del excepcionalismo norteamericano sobre los derechos humanos es que, al final, no ha importado quién ha ocupado la Casa Blanca. Mientras que las normas y prácticas pueden cambiar, para mejor o peor, la vara de medir ha sido los "valores americanos" en vez de los principios legales internacionales. Hubo esperanza para el cambio cuando el presidente Obama asumió el cargo, cuando, en relación con los abusos cometidos en el contexto de la "guerra contra el terror", declaró que "nadie está por encima de la ley, y si hay casos claros de delitos, los responsables deben ser juzgados igual que cualquier otro ciudadano". Pero al final sus reservas al decir "estoy más interesado en mirar hacia el futuro que en mirar hacia el pasado" acabaron ganando.
En su promesa central, el cierre del centro de detención de Guantánamo, obvió definirla o enmarcarla como una cuestión de derechos humanos y se vio embarrada entre disputas políticas en vez de afrontarla desde los principios de derechos humanos. Ocho años después, el poder fue transferido a un presidente (Trump) que había dado su apoyo a la tortura y a mantener Guantánamo abierto. Hoy, todavía hay más de tres docenas de detenidos retenidos allí, la mayoría sin cargos ni juicio, después de casi dos décadas bajo custodia. Algunos se enfrentan a procesos ante comisiones militares y la perspectiva de posibles ejecuciones tras juicios injustos. La rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra ellos, incluyendo la tortura, por personal de EEUU permanece ausente hasta el día de hoy.
Las palabras fáciles sobre los derechos humanos han continuado, incluso mientras las acciones incompatibles con ellos persisten. En el lado doméstico, la administración de Trump llevó a cabo 13 ejecuciones durante sus últimos seis meses –las primeras ejecuciones federales en 17 años–. El respeto por las salvaguardas internacionales estuvo completamente ausente, mientras que las preocupaciones por la discriminación racial, la discapacidad intelectual y mental, las malas praxis de los fiscales y la arbitrariedad fueron ignoradas, mientras los presos eran ejecutados uno tras otro. El día después tras la última de estas ejecuciones, el presidente Trump proclamó que "los Estados Unidos son un ejemplo brillante de derechos humanos en el mundo".
Un miembro de las fuerzas armadas monta guardia en el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, el 5 de septiembre de 2021. © REUTERS/Stringer
¿“America is back”?
La pregunta ahora es ¿se producirá algún cambio significativo? El presidente Biden "a menudo habla del poder de nuestro ejemplo", el Departamento de Estado de EEUU declaró ante la ONU en marzo, añadiendo además que "el liderazgo americano sobre los derechos humanos debe empezar en casa". Biden ha asegurado que "Estados Unidos ha vuelto" y que el país se implicará plenamente a nivel internacional, incluyendo en el refuerzo de las instituciones internacionales. Esto, ha dicho, debe estar "enraizado en los valores norteamericanos más apreciados", incluida la "defensa de los derechos universales, el respeto de la ley y tratar a todas las personas con dignidad".
Pero "Estados Unidos ha vuelto" no debe significar que todo siga igual. El respeto por la ley debe incluir el respeto por la ley internacional de derechos humanos, sin condiciones. Reforzar las instituciones internacionales debe incluir el respeto de los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU y, por tanto, implementar sus conclusiones. Éstos llevan años pidiendo rendición de cuentas por los crímenes cometidos por EEUU durante la "guerra contra el terror", el final de las detenciones en Guantánamo y el fin de las comisiones militares, además de pedir también que se implementen cambios en una serie de temas domésticos para poner las leyes de EEUU, tanto sobre el papel como en la práctica, acorde con sus obligaciones internacionales.
Mientras el mundo ha estado observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en Afganistán, la Casa Blanca ha declarado que "vamos a juzgar a los talibanes por sus acciones". Los Estados Unidos también deben ser juzgados por sus acciones en derechos humanos, no solo por sus palabras.
