El pasado 20 de marzo se cumplieron 20 años desde que la administración del entonces presidente estadounidense George W. Bush decidió intervenir en Irak.
Con el fin de derrocar el gobierno de Sadam Hussein, Estados Unidos lideró una coalición que terminó ocupando el país hasta el año 2011. La presunta posesión de armas de destrucción masiva que ponían en peligro a la comunidad internacional y la presunta financiación del grupo terrorista Al-Qaeda por parte de Hussein fue el discurso bajo el cual se justificó esta intervención.
© Goran Tomasevic
Ninguna de estas alegaciones se pudieron demostrar posteriormente; no obstante, bajo la narrativa de la securitización, fueron justificaciones claves que sirvieron para tomar medidas de urgencia que permitieran la intervención y con ellas la vulneración de los derechos humanos. Hoy, 20 años más tarde, podemos valorar las implicaciones y las consecuencias de estas acciones desde otro punto de vista.
Entre los años 2003 y 2011, Amnistía Internacional documentó la participación de las fuerzas estadounidenses en violaciones generalizadas de derechos humanos tales como: ataques indiscriminados que resultaron en la muerte y lesiones de civiles, detenciones y traslados secretos de los detenidos, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A lo largo de los años, ex detenidos han denunciado de forma creíble un sin fin de abusos en los centros de detención, tales como privación del sueño, desnudez forzada, privación de agua y alimentos adecuados, simulacros de ejecución y amenazas de violación. A pesar de todo lo sucedido en estos veinte años, las víctimas siguen esperando justicia y reparación. Al contrario, lo único que ha sido común en todo este tiempo ha sido la impunidad. A pesar de que el expresidente George W. Bush y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld admitieron públicamente su participación en las detenciones secretas, sigue sin aplicarse ningún tipo de consecuencias a los principales responsables y ningún alto cargo de la administración estadounidense ha comparecido ante la justicia por crímenes perpetrados en Irak desde 2003.
Vista de la plaza de Al Firdous, donde los marines estadounidenses derribaron la estatua de Sadam Hussein, en el centro de Bagdad, 19 de diciembre de 2011. © REUTERS/Saad Shalash
Otra de las máximas bajo la cual la administración Bush justificó estas acciones fue la de colaborar en el establecimiento de la democracia en Irak, algo que fue recibido con esperanza por algunos sectores de la población iraquí. No obstante, a medida que la crisis iba avanzando la pregunta era clara: ¿Dónde estaba la libertad que se le prometió al pueblo iraquí? Cualquier esperanza que sintiera la población por la caída de Sadam Husein se perdió pronto como consecuencia de la violencia que no dejó de sacudir al país. De acuerdo con lo dicho por el proyecto Costs of War, se calcula que cientos de miles de civiles murieron y más de nueve millones de personas se convirtieron en desplazadas.
La invasión duró mucho más tiempo de lo previsto y la sociedad iraquí no encontró la libertad ni la estabilidad que esperaba. La catástrofe se vio agravada por la incapacidad de planificar lo que vendría tras la invasión. El vacío de seguridad y las estrategias de Estados Unidos fomentaron el sectarismo no solo en el propio Irak, sino mucho más allá de sus fronteras y alimentaron un terrorismo cuyas consecuencias han resultado mortíferas en la región y que se ha mantenido en el tiempo. En 2019 la población, cansada de promesas vacías, de inseguridad y de nulos avances, se movilizó en las calles exigiendo un cambio. Estas protestas duraron meses y lo único que lograron fue que el gobierno respondiera brutalmente, dejando más de 600 civiles muertos.
Manifestantes corean consignas durante una protesta por la corrupción, la falta de empleo y los servicios deficientes, en Nayaf, Irak, 27 de octubre de 2019. © REUTERS/Alaa al-Marjani
A día de hoy, el Estado sigue siendo incapaz de mantener las luces encendidas o de suministrar agua potable y todavía queda mucho camino por recorrer en la protección de los derechos humanos. En octubre de 2021, más de un año después de las elecciones parlamentarias, y tras múltiples disputas -que incluso provocó enfrentamientos armados- entre los partidos políticos alineados con las Unidades de Movilización Popular (afines a las autoridades centrales de Irak y designadas como parte de las fuerzas armadas iraquíes en 2016) y el “Bloque Sadr (formado por los miembros del Parlamento que apoyaban al popular clérigo Muqtada al Sadr, que obtuvo la mayoría de los escaños), se formó un nuevo gobierno.
Bajo el mandato del primer ministro, MohammedShia’ al Sudani, la situación no ha mejorado y la estabilidad sigue siendo una ilusión en Irak. Periodistas detenidos o medios de comunicación asaltados son el ejemplo de una libertad de expresión inexistente; nulos avances en la investigación de las muertes provocadas en las protestas de 2019; habitual uso de la tortura en lugares de detención oficiales y no oficiales de todo el país; juicios injustos como el de, por ejemplo, 200 niños iraquíes detenidos en Bagdad tras su traslado desde el norte de Siria y recluidos sin cargos ni juicio como sospechosos de pertenecer al Estado Islámico en 2021... Son solo ejemplos de como, 20 años después de que las tropas estadounidenses entraran en Irak prometiendo libertades, estas están aún muy lejos de alcanzarse.
Un grupo de soldados realizan un control de seguridad en sus vehículos MRAP cerca de la frontera kuwaití. Es parte del último convoy militar estadounidense que abandonó Irak el 18 de diciembre de 2011. © REUTERS/Lucas Jackson
El nuevo gobierno se ha comprometido públicamente en varias ocasiones a proteger las libertades públicas y los derechos humanos. Sin embargo, basta echar un vistazo a las noticias que llegan cada día sobre Irak para saber que a día de hoy siguen presentes las consecuencias de la invasión y no se han resuelto las violaciones de derechos humanos perpetradas por los responsables. Pero, además, en la actualidad se siguen produciendo violaciones de derechos como el de la protesta, los derechos de las mujeres y el derecho a la vida, vulnerado por la pena de muerte.
Todo esto no es únicamente responsabilidad de las autoridades iraquíes. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado de una catástrofe que contribuyó a crear. Es necesario que dé los pasos necesarios para corregir los daños cometidos y para que esas ilusiones rotas sean reparadas.
